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Cambio Climático

Declaración de emergencia climática

  

  

  

Declaración de emergencia climática - 2019


  

El Govern de les Illes Balears declaró, el 8 de noviembre de 2019, la emergencia climática. El 21 de enero de 2020 lo hizo el Gobierno de España.

El Consell de Govern aprobó, el 8 de noviembre de 2019, la Declaración de emergencia climática en las Illes Balears y se comprometió a priorizar la lucha contra el calentamiento global de manera clara y transversal. Esta acción de gobierno pretende involucrar al conjunto de la Administración autonómica. Por ello, todas las consejerías hicieron sus aportaciones y sugerencias, con el objetivo de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

La Declaración incluye el compromiso de desarrollar políticas de adaptación al cambio climático y de planificar y ejecutar acciones en los sectores social, económico y territorial.

La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático será el órgano encargado de coordinar todos los ámbitos de trabajo en el seno del Govern para hacer transversal la acción por el clima.

Por otro lado, el Consejo de Ministros del Gobierno de España  aprobó, el 21 de enero de 2020, el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales.

El Ejecutivo declara la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía, en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe anual del Foro de Davos.

  

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 Seguimento de la declaración de emergencia climática - 2020


  

El vicepresidente y consejero de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, junto con el director general de Energía y Cambio Climático, Aitor Urresti, valoró en rueda de prensa el alto grado de ejecución de las medidas recogidas en la declaración de emergencia climática del Gobierno Balear. El vicepresidente ha querido destacar que, a pesar de la situación de crisis sanitaria sobrevenida, desde la Administración autonómica se ha seguido trabajando para dar cumplimiento con las medidas concretas aprobadas y de las que entre un 60 y un 70% ya se han puesto en marcha.

La declaración de emergencia climática de las Illes Balears fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 8 de noviembre de 2019, justo hace un año. Esta iniciativa surge de la necesidad de establecer políticas reales y eficaces capaces de minimizar el cambio climático sobre la base del Acuerdo de París de la Convención de las Naciones Unidas, que establece, entre otros objetivos, limitar el aumento de la temperatura del planeta en 1,5ºC y haber descarbonizado la economía a mediados del siglo XXI.

«Hay que tener en cuenta que las Illes Balears, por su condición de territorio insular, son más vulnerables a los efectos del cambio climático, tales como el incremento de la temperatura media, la disminución de la precipitación o el aumento de eventos extremos, como las olas de calor o las lluvias intensas. Estos factores conllevan un riesgo para los sectores del agua, el territorio, el turismo y la salud, y también para el medio natural, la energía y el sector primario », destacó Yllanes.

Se debe destacar que la declaración de emergencia climática ha involucrado al conjunto de la Administración autonómica. Todas las consejerías han desarrollado las medidas que incluyeron en el documento, con el objetivo de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

En este sentido, Yllanes ha destacado que «ha quedado demostrado que la lucha contra el cambio climático es un eje transversal para el Gobierno y uno de los objetivos principales a desarrollar durante esta legislatura».

Por otro lado, y tal y como prevé la declaración, ya se ha constituido la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, que se reunirá en las próximas semanas. Una de sus tareas será monitorizar todas estas medidas para evaluar su cumplimiento y efectividad.

En el documento a continuación se valoran las acciones realizadas por las diferentes consejerías del Gobierno a fecha noviembre de 2020.

  

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