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En septiembre de 2017, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears acordó adherirse a los objetivos y las líneas de actuación del Acuerdo de París de la Convención de Naciones Unidas, así como fomentar las políticas autonómicas necesarias para la adaptación del territorio y de los sectores económicos de las Illes Balears a los impactos del cambio climático.
En este marco de actuación, se aprueba la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de las Illes Balears, dirigida a facilitar el cumplimiento de los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático asumidos desde el gobierno central, la instauración en la comunidad de un nuevo modelo autonómico sostenible y bajo en carbono, estructurado en acciones hacia la mitigación y adaptación al cambio climático en las Illes Balears.
Así, la Ley 10/2019, de cara a garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados y contribuir a la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero en las Illes Balears, crea el Registro Balear de Huella de Carbono, remitiendo su concreción a un desarrollo reglamentario posterior.
La inscripción de la huella de carbono es obligatoria para las grandes y medianas empresas que operan en las Illes Balears, y voluntaria para el resto del tejido empresarial y ciudadanía.
El registro permitirá al Govern disponer de una información precisa sobre las emisiones difusas y no difusas que existen en las islas y establecer los mecanismos necesarios para su reducción a través de planes y de la elaboración de unos presupuestos de carbono que permitirán determinar y establecer compromisos de reducción por sectores de actividad.
La Ley 10/2019 establece, a su vez, la necesidad de compatibilizar el registro balear con el Registro voluntario estatal de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono regulado en el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, de cara a la transmisión, trazabilidad y gestión de los datos de las emisiones y su control.
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(Artículo 24 de la Ley 10/2019)
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