El Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el cual se desarrolla la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud regula los principios generales en materia de instalaciones juveniles radicadas al ámbito territorial de las Islas Baleares, en el Título IV (art. 55 a 80).
El objetivo del Decreto es establecer los principios generales en materia de instalaciones juveniles radicadas al ámbito territorial de las Islas Baleares, tanto para las instalaciones de nueva apertura|abertura como para las ya existentes.
Son aquellas instalaciones de titularidad de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentran al servicio de los niños y jóvenes, facilitan la convivencia, el alojamiento, la formación, la participación en actividades sociales y culturales o la utilización adecuada del tiempo libre. Tienen que tener necesariamente un proyecto educativo por desarrollar, siempre destinado a una mejor formación integral de los niños y jóvenes.
Con alojamiento: albergue juvenil, campamento juvenil, casa de colonias, residencia juvenil, granjas escuela con alojamiento y refugio juvenil.
Sin alojamiento: granjas escuela sin alojamiento, aulas de naturaleza y casales, espacios para jóvenes, o centros infantiles o juveniles de tiempo libre.
Las instalaciones juveniles de alojamiento están destinadas a los niños, a los jóvenes y a los grupos de niños y jóvenes, cuya edad no sea superior a 30 años, para llevar a término actividades educativas en el tiempo libre y actividades de ocio y formativas.
No obstante, las personas con una edad superior a 30 años pueden utilizar las instalaciones juveniles si cumplen los requisitos que especifica el Decreto.
También se tienen que tener en cuenta los derechos y los deberes de las personas usuarias de las instalaciones juveniles que regula el Decreto.
Este Censo es de carácter autonómico y es un instrumento de conocimiento, planificación, ordenación y publicidad en el cual se tienen que inscribir, de oficio o a instancia de parte, las instalaciones juveniles de titularidad pública y privada que cumplen los requisitos y las condiciones que establece el Decreto 23/2018 y la normativa reglamentaria que dicten los diferentes consejos insulares sobre la materia.