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Abogacia

Validación de poderes y avales

 

1. Validación de poderes

La validación de poderes consiste en la comprobación de que las facultades o los poderes otorgados mediante escritura pública a una o más personas físicas, son suficientes para actuar en nombre y representación de una determinada persona jurídica en la realización de determinadas actuaciones ante la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

En general, la validación de poderes per actuar ante la Administración de la Comunidad Autónoma corresponde a la Abogacía de la Comunidad Autónoma; concretamente, la Abogacía valida los poderes de persones jurídicas y de entidades financieras y aseguradoras con dos finalidades esenciales:

—     Para la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE), siempre que la entidad solicitante tenga el domicilio en el ámbito territorial de las Illes Balears.

—     Para formalizar avales, garantías o seguros de caución ante la Administración de la Comunidad Autónoma (entidades financieras y aseguradoras).

No obstante lo anterior, en los procedimientos de contratación convocados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por los entes del sector público instrumental, la validación de poderes corresponde a los servicios jurídicos del órgano o ente correspondiente.

La validación de poderes se puede solicitar ante la Abogacía mediante formularioPDF o mediante solicitud que incluya la siguiente información:

—      Denominación social de la entidad solicitante y CIF.

—      Teléfono y dirección electrónica de la persona de contacto.

—      Finalidad de la validación.

—      Nombre y apellidos de les persones apoderadas.

Con la solicitud se ha de adjuntar la siguiente documentación:

—      Escritura de poder original o copia autorizada por notario.

—      Fotocopia de DNI/pasaporte de las persones apoderadas.

La validación de poderes se documenta mediante diligencia de abogado/a e implica la inclusión del poder y de los datos de los apoderados en el Registro de Apoderamientos de la Abogacía de la Comunidad Autónoma. 

Una vez validado el poder, la Abogacía lo comunica a la persona de contacto de la entidad interesada.

Normativa de referencia: Decreto 74/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (art. 24)

2. Validación de avales y seguros de caución
 

La validación de avales y seguros de caución consiste en la comprobación de que unas determinadas personas físicas tienen poder suficiente para actuar en representación de una determinada entidad y avalar o asegurar por un importe concreto a otra persona física o jurídica ante la Administración de la Comunidad Autónoma.  

La referida comprobación se realiza mediante consulta en el Registro de apoderamientos de la Abogacía de la CAIB por ello es imprescindible que, previamente, la entidad avaladora haya validado sus poderes ante la Abogacía y consten vigentes en dicho registro.

En cualquier caso, los avales o seguros han de haber sido emitidos con la finalidad de presentarlos ante la Depositaria de la CAIB.

En general, la competencia para validar avales y seguros para presentar ante la Administración de la Comunidad Autónoma corresponde a la Abogacía. No obstante lo anterior, no se requiere la validación de la Abogacía para los avales y seguros que se deban presentar ante la Depositaría de la Comunidad Autónoma y hayan sido formalizados mediante documento electrónico en el que se acredite la representación de la persona firmante, su capacidad y vigencia.

La validación se puede solicitar mediante la presentación del documento que formaliza el aval o el seguro emitido por la entidad avaladora en las dependencias de la Abogacía (de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h).

En el supuesto de que la comprobación sea positiva, se formaliza la validación mediante sello y firma de abogado/a.

Normativa de referencia:

 —     Decreto 74/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (art. 24)

—     Decreto 13/2019, de 7 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de las garantías y de los depósitos custodiados por la Depositaría de la Comunidad Autónoma (art. 12)