Las Juntas Arbitrales del Transporte se han creado en todas las Comunidades Autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, su objeto principal es resolver reclamaciones de carácter mercantil relacionadas con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de actividades auxiliares y complementarias del transporte.

Si la controversia no excede de 15.000 euros y ninguna de las partes que intervienen en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad de excluir la competencia de la Juntas Arbitrales ante de que se inicie o debiera haberse iniciado conforme a lo pactado la realización del servicio contratado, las Juntas Arbitrales con la únicas competentes para resolver estas reclamaciones.

Si excediera de 15.000 euros, para que sean competentes las Juntas Arbitrales, es necesario que las partes intervinientes, de común acuerdo, sometan a su conocimiento la controversia de que se trate.

Las Juntas Arbitrales del Transporte resuelven reclamaciones e intervienen en conflictos, de contenido económico, en relación con los siguientes transportes terrestres (carretera, ferrocarril y cable):

• urbanos (autobús, taxi, tranvía, funicular, etc.)
• interurbanos (autocar, taxi, ferrocarril, etc.)
• de mercancias (carga completa, fraccionada, etc.)
• de viajeros (regular, discrecional, turístico, alquiler de vehículos, etc.)

Se incluyen tanto los transportes internos como los internacionales y los intermodales, cuando uno de los modos es terrestre (carretera-barco; ferrocarril-aéreo; etc.).

Cualquier usuario, transportista, cargador o intermediario que sea parte contratante en un transporte, puede acudir a la Junta Arbitral, sin Abogado ni Procurador.

• Un simple escrito de reclamación y un único trámite de vista, rápido y antiformalista, bastan para resolver las reclamaciones que se planteen.
• La intervención de la Juntas es gratuita.
• La reclamación se presenta, a elección del reclamante, en la celebración del contrato, salvo que se hubiera pactado de forma expresa al suscribir el contrato la sumisión a un Junta concreta.
• Si el reclamante no puede comparecer ante la Junta, con un simple escrito puede otorgar su representación a otra persona.
• El laudo o acuerdo de la Junta sustituye a la sentencia o decisión judicial y produce efectos idénticos a la cosa juzgada.

La Junta Arbitral del Transporte es el órgano institucional que sustituye a los Juzgados y Tribunales en las reclamaciones de su competencia.

Las Juntas Arbitrales del Transporte están funcionando y:

• Resuelven obligatoriamente todas las reclamaciones económicas que no excedan de 15.000 euros, derivadas de cualquier contrato de los transportes entes citados, salvo que una de las partes hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad de excluir su competencia antes de que se inicie o debiera haberse iniciado la realización del servicio contratado. También puede intervenir en reclamaciones de más de 15.000 euros si hay pacto expreso en ese sentido, o las partes convienen en ello.
• Dictaminan e informan sobre las condiciones de cumplimiento de los contratos de transporte y sus cláusulas de ejecución.
• Intervienen en el depósito, valoración y enajenación de mercancías transportadas cuando no sea posible realizar la entrega y corran riesgo de perderse.
• Actúan como depositarias de mercancías rehusadas o cuya entrega es imposibilitada al llegar a su destino.
• Realizan depósitos y peritaciones cautelares previos al arbitraje cuando haya dudas y discusiones sobre el estado de la mercancías transportadas.

El soporte legal de la Juntas está constituido por:

a) La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 37 y37, (BOE del 31 de julio), modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre.
b) El Reglamento de esta Ley, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, artículos de 6 al 12 (BOE del 8 de octubre).
c) Orden de 30 de marzo de 2001 por la que se establecen normas para la realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de funciones de depósito y enajenación de mercancías (BOE del 14 de abril)
d) Las normas de las distintas Comunidades Autónomas que las han constituido.