Desde el advenimiento de la autonomía política y la constitución del Parlament se ha expresado la necesidad de que en las Islas Baleares se crease un Consejo Económico y Social. No obstante, la cuestión se abordó de manera más clara a partir de los Pactos para el empleo del 24 de octubre de 1996, y del 12 de enero de 2000. A consecuencia del primer Pacto, se incluyó en la reforma del Estatuto de Autnomía de las Islas Baleares, Ley orgánica 2/1983, de 25 de febrero, el artículo 42 que incluía el Consejo y con el segundo Pacto, se inició la tramitación parlamentaria de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre.

La normalización institucional tuvo lugar con la concurrencia de tres aspectos: la aprobación de la ley del Consejo, el 30 de noviembre de 2000, el nombramiento de los consejeros mediante el Decreto 70/2001, de 18 de mayo, y el acto de constitución del Consejo el 9 de julio de 2001.