La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis Pons, ha participado en la 163ª sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones (CdR) celebrada los días 20 y 21 de noviembre en Bruselas. En el marco de esta sesión plenaria, que ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de las recientes inundaciones en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, la directora general ha presentado un total de 6 enmiendas, de las cuales 4 han sido aprobadas. Además, ha defendido en Bruselas que la nueva política de cohesión post 2027 «esté centrada en las regiones» y sea «flexible y simplificada».
Al proyecto de dictamen sobre Retos y oportunidades de la inteligencia artificial en el sector público: determinar el papel de los entes locales y regionales se han presentado dos enmiendas propuestas por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital. Estas enmiendas pretenden impulsar el despliegue de sensores que amplíen los datos de los que se dispone (en contaminación, saturación, emergencias) de tal manera que los modelos predictivos que facilite la inteligencia artificial sean realmente fiables. Asímismo, se pretende que las predicciones de los modelos de simulación de inteligencia artificial en territorios insulares presenten soluciones y mejoras para la sociedad y el medio ambiente, por lo cual tienen que revestir de una complejidad que, cuando se resuelva, facilite su implantación en otros territorios.
La directora ha presentado también cuatro enmiendas al proyecto de dictamen sobre El futuro del mercado único y la competitividad de la UE. Estas enmiendas destacan la necesidad de la supresión o la ampliación de los límites de minimis de las ayudas de estado para el sector agrícola en las regiones insulares; así como, la compensación de las desventajas naturales y geográficas que sufren algunas regiones como las insulares para incrementar las categorías de ayudas compatibles con el mercado interior y de ampliar o excluir el límite máximo de ayudas para estas regiones. Además, se solicita la necesidad de una simplificación administrativa real para liberar la carga normativa de los empresarios y de las pequeñas empresas.
Ramis ha intervenido en este punto del orden del día en que ha subrayado que, aunque las ayudas para compensar el mayor coste que tienen las empresas de las islas pretenden corregir su desventaja competitiva para operar en igualdad de condiciones en el mercado único, la realidad es diferente. En este sentido, ha recalcado que el sobrecoste de transporte por insularidad en el caso de Baleares es el doble respecto del continental, lo cual impide acceder a ayudas estatales para otras finalidades y encarece los productos locales. Para acabar, ha señalado que aunque se haya modificado el Reglamento de ayudas de minimis, ampliando su límite a 300.000€, estos umbrales continúan resultando insuficientes para las islas. El reglamento reconoce que las islas son casos que tienen que evaluarse pero sin medidas concretas, por lo cual, la directora apunta que en esta nueva legislatura europea se tiene que abordar la singularidad de las islas.
Política de cohesión
El Pleno se ha iniciado con un debate sobre la política de cohesión post 2027, donde Xesca Ramis ha señalado que la política de cohesión “es la principal herramienta para reducir las disparidades entre los diferentes niveles de desarrollo de las regiones de la UE, así como el máximo exponente de nuestros valores europeos de unidad, subsidiariedad y partenariado”. He pedido que “en el actual debate sobre el futuro de la cohesión post 2027, el Comité Europeo de las Regiones tiene que continuar jugando un papel protagonista , con el fin de defender un modelo de gestión y de gobernanza multinivel, que permita una distribución descentralizada, flexible y simplificada”.
Finalmente, ha incidido en el hecho que las regiones insulares de la Unión Europea se enfrentan a desventajas geográficas, naturales y permanentes por el hecho insular que lastran su desarrollo y que es, por lo tanto, necesario que la nueva política de cohesión también tenga en cuenta esta singularidad.