Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales es el instrumento fundamental de cooperación interadministrativa entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para garantizar el acceso universal a las prestaciones sociales básicas. Creado en 1988, este plan ha sido clave para consolidar la red pública de servicios sociales comunitarios y para dotar los ayuntamientos de recursos técnicos y económicos con los cuales desarrollar funciones esenciales como la atención domiciliaria, la prevención de situaciones de riesgo, la información y orientación social, y la atención a situaciones de emergencia social.

Ese mecanismo se concreta y refuerza anualmente a través del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SA AD). En su edición de 2025 (BOE-A-2025-10991), ese acuerdo establece los criterios de distribución territorial del crédito presupuestario asignado por el Estado en las comunidades autónomas para el lo financiación de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Esto permite garantizar una aplicación coordinada y equitativa de los fondos públicos, teniendo en cuenta factores como la población, la dispersión territorial o las necesidades sociales específicas de cada territorio.

Tanto el Plan como el Acuerdo comparten una misma filosofía: asegurar la equidad territorial, la calidad de los servicios y la atención personalizada y próxima a la ciudadanía. Además, el Plan Concertado ha sido fundamental para fortalecer la profesión del trabajo social, con la incorporación de equipos multidisciplinarios a las estructuras municipales y la promoción de un modelo de intervención centrado en los derechos de las personas.

Con todo, ese sistema mixto de planificación y financiación ha contribuido de manera decisiva a la construcción de un modelo de servicios sociales arraigado en el territorio, resiliente y orientado a la inclusión. Es, hoy, una herramienta clave en el despliegue efectivo de los derechos sociales y de las políticas de bienestar impulsadas por la Agenda 2030.