Definición

Podemos entender los datos abiertos como una forma de ofrecer la información pública para que cualquier persona pueda consultarla y reutilizarla de manera sencilla, sin barreras técnicas ni legales injustificadas. Esto implica que los datos deben estar disponibles con acceso libre, en formatos abiertos, estándar y estructurados, que permitan su tratamiento automatizado, la combinación con otras fuentes y la creación de nuevos servicios digitales. En el ámbito de las administraciones públicas, la apertura de datos es una herramienta clave para reforzar la transparencia, rendir cuentas ante la ciudadanía, mejorar la eficiencia interna y facilitar una toma de decisiones más informada.

Las licencias con las que se liberan los datos se basan en el marco jurídico de reutilización de la información del sector público. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, modificada por la Ley 18/2015 y por normas posteriores, establece que la información generada por las administraciones públicas es un activo de gran valor para las empresas, para el crecimiento económico y para la creación de empleo, así como un instrumento fundamental de transparencia y participación ciudadana. Este marco jurídico impulsa el uso de licencias claras, condiciones no discriminatorias y la reutilización en términos previsibles y seguros.

En el ámbito europeo, la Directiva (UE) 2019/1024, relativa a los datos abiertos y a la reutilización de la información del sector público, actualiza y refunde la normativa anterior (incluidas la Directiva 2003/98/CE y la Directiva 2013/37/UE) y define unas normas mínimas comunes para los Estados miembros. Esta directiva amplía el alcance de la reutilización a nuevos ámbitos, impulsa la apertura de conjuntos de datos de alto valor, fomenta el uso de formatos legibles por máquina y el acceso mediante interfaces de programación de aplicaciones (API), y consolida el principio de que la información del sector público es, por defecto, reutilizable, salvo en casos debidamente justificados.

Con este marco, la Ley 37/2007 persigue, por un lado, armonizar la explotación de la información en manos del sector público, especialmente la información en soporte digital recopilada por organismos públicos sobre ámbitos como la realidad social, económica, jurídica, geográfica, meteorológica, turística, empresarial, de propiedad industrial o educativa, entre otros. El objetivo es facilitar la creación de productos y servicios basados en documentos del sector público y reforzar el uso transfronterizo de estos datos por parte de ciudadanía y empresas. Por otro lado, la publicidad de los documentos de libre disposición referentes a la actividad política, judicial, económica y administrativa se configura como un instrumento esencial para el ejercicio del derecho al conocimiento y de control democrático sobre la acción pública.

Diversos países y regiones han impulsado iniciativas de datos abiertos que constituyen referentes en este ámbito, como Open Data Euskadi del País Vasco, Aragón Open Data del Gobierno de Aragón, el proyecto de Datos Abiertos de la Generalitat de Catalunya, el portal datos.gob.es del Gobierno de España, data.gov.uk del Gobierno del Reino Unido, data.gov del Gobierno de los Estados Unidos o el portal de datos abiertos de la Unión Europea, entre muchos otros. Estos proyectos demuestran el potencial de la reutilización de la información pública para generar innovación, nuevos modelos de negocio y mejoras en los servicios dirigidos a la ciudadanía.

Para más información sobre principios, estándares técnicos y buenas prácticas en materia de gobierno abierto, transparencia y web semántica, se pueden consultar los recursos del Consorcio W3C, que impulsa recomendaciones internacionales para la publicación de datos abiertos y enlazados y da continuidad a la visión de una web más interoperable, accesible y orientada al servicio público.