Competencias
Qué puede hacer la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia?
a) Supervisar las administraciones públicas de las Islas Baleares y las entidades privadas que presten servicios a los menores dentro del territorio de las Islas Baleares, para verificar el respecto a los derechos de los menores y orientar las actuaciones hacia su defensa y promoción.
b) Recibir y tramitar las quejas y los agravios que le sean presentados sobre las situaciones de amenaza o vulneración de los derechos de los menores.
c) Promover y facilitar la aplicación y la difusión de los convenios, recomendaciones internacionales y legislación nacional sobre los derechos de los menores.
d) Proponer adaptaciones o reformas de procedimientos, reglamentos o leyes, para una defensa más eficaz de los derechos de los menores, y procurar la mejora constante de los servicios dirigidos a la atención de los menores a la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
e) Llevar a cabo la coordinación interdepartamental de los temas y las materias relacionadas con los menores y sus derechos.
f) Promover ante el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares las disposiciones normativas adecuadas para desplegar y hacer efectivos los derechos del menor en el ámbito territorial de las Islas Baleares.
g) Procurar los mecanismos de control adecuados para asegurar el cumplimiento de todo el que afecta los derechos de los menores en las Islas Baleares.
h) Fomentar la planificación integral o sectorial de las materias que afecten los derechos y la protección de los menores, y supervisar la ejecución.
y) Aquellas otras que de naturaleza análoga a las anteriores, y no ejercidas por ninguno otro órgano de la Administración, le encomiende a la consejera de Familias y Asuntos Sociales.
Que no puede hacer la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia?
En ningún caso la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia puede intervenir en procedimientos vigentes para resolver intereses individuales la tramitación o resolución de los cuales esté encomendada a órganos jurisdiccionales o que requieran actuaciones protectoras encomendadas a la entidad pública competente.