Consumo forma a una cuarentena de profesionales en el etiquetado de alimentos NNota Informativa
Consumo forma a una cuarentena de profesionales en el etiquetado de alimentos
La Dirección General de Consumo ha organizado hoy un curso para actualizar y ampliar conocimientos de la información al consumidor que debe proporcionar el etiquetado de alimentos. En esta formación participan 41 personas, todas profesionales de las administraciones del Estado, autonómica y local competentes en materia de consumo.
La formación está dividida en dos partes. Una primera parte impartida por Antònia Paniza, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de les Illes Balears, dirigida a formar sobre las últimas novedades normativas sobre la publicidad, así como la que se refiere concretamente a los alimentos. La segunda parte versa sobre la dieta mediterránea y la interpretación de la información alimentaria dirigida al consumidor, a cargo de la dietista y nutricionista Maria Colomer.
Se trata de una acción formativa incluida en el Plan de Formación Continuada Interadministrativa del año 2022, promovida por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo. El objetivo es mejorar las competencias de los profesionales públicos relacionados con el área de consumo respecto a la publicidad y el etiquetado de alimentos.
La Dirección General de Consumo, a través de la Escuela de Consumo, ha impartido en los últimos años toda una serie de formaciones dirigidas a profesionales sobre temas diversos de actualidad, tales como «Publicidad, redes y derechos de los consumidores», «Contratos con consumidores, transparencia y cláusulas abusivas», «Sensibilización sobre compra pública responsable» o «Aplicación práctica del índice IRPH y análisis jurisprudencial», entre otros. Cursos que sirven para la formación de los profesionales y que en algunos casos han sido fuente de información necesaria para gabinetes profesionales y asociaciones de consumidores de toda España. El ejemplo más destacado es la cuestión prejudicial que elevó el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se demuestra que el IRPH no era un índice de variabilidad sino una TAE.