El Govern presenta alegaciones al reglamento del régimen fiscal para dar más seguridad jurídica y flexibilizar los requisitos NNota Informativa

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha anunciado, después de reunirse con los círculos de economía de Barcelona, Mallorca y Menorca, que el Govern está en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para aprobar el reglamento

Antoni Costa ha explicado que, ante la tramitación de los presupuestos generales del Estado, el Ejecutivo exigirá que se incluyan los convenios de carreteras y ferroviario, además del plus de insularidad

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación está negociando con el Ministerio de Hacienda el reglamento que tiene que desplegar el régimen fiscal. El Govern de les Illes Balears ha presentado una serie de alegaciones, eminentemente técnicas, que buscan dos objetivos principales, según ha anunciado el conseller Antoni Costa: aclarar todos los conceptos para dar más seguridad jurídica y ampliar al máximo la posibilidad de tener los beneficios fiscales, reduciendo y flexibilizando los requisitos que se exigen.

«Jugamos en el equipo de las Illes Balears, nuestra principal preocupación es mejorar la vida de los ciudadanos y las empresas. Las alegaciones que hemos presentado al reglamento del régimen fiscal van en este sentido», ha explicado.

El vicepresidente del Govern ha hecho estas declaraciones después de reunirse con los círculos de economía de Barcelona, Mallorca y Menorca. Por parte del Círculo de Economía de Barcelona han asistido el presidente de la entidad, Jaume Guardiola; el director general, Miquel Nadal, y el responsable de Relaciones Institucionales, Albert Salvador. Con respecto a los círculos de economía de Mallorca y Menorca, han asistido los principales directivos, encabezados por los respectivos presidentes, Josep Maria Vicens y Francesc Tutzó. Además, han acompañado el conseller la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, y el director general de Presupuestos y Financiación, Bartomeu Alcover.

Reglamento de ‘minimis’

Sobre el reglamento de ‘minimis’, la limitación de las ayudas para empresas de regiones insulares, desde la dirección general de Economía y Estadística ya se están elaborando los estudios para analizar una nueva limitación más elevada que los actuales 300.000 € (anteriormente eran 200.000 €), para que las empresas de las Illes Balears solventen el problema de los sobrecostes derivados de la insularidad, y que el nuevo importe establezca el mismo marco de competitividad de empresas continentales.

El Govern quiere emplear así la misma metodología que ha utilizado la Unión Europea para recalcularlo específicamente para el caso de las Illes  Balears.

Presupuestos generales del Estado

Costa ha apuntado que, ante la próxima tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE), el Govern de les Illes Balears «batallará hasta el final» por la inclusión de dos aspectos «fundamentales». Por un lado, 18 millones de euros para la insularidad digna, para mejorar la indemnización por residencia para los funcionarios de la Administración General del Estado, un complemento congelado desde el 2006. Y, por otro lado, los convenios de carreteras y el convenio ferroviario. «Los consells insulares tienen paralizadas inversiones que darían más seguridad. Son inversiones necesarias», ha subrayado.

En el marco de desarrollar la agenda balear, Costa ha exigido que el Gobierno de España financie el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en las Illes Balears, y que sean transportados por mar a la Península o en una isla distinta, mediante partidas presupuestarias suficientes habilitadas anualmente. "El Govern de les Illes Balears no debe financiar el transporte de residuos entre Formentera y Eivissa", ha sostenido.

Y, así como ya lo trasladó a los ministros de sus competencias, también ha reclamado que se amplíen los plazos para ejecutar los fondos europeos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Finalmente, refiriéndose al descuento de residente del 75 % para el transporte aéreo y marítimo, el conseller ha sostenido que «damos por hecho que ni se tiene que discutir su continuidad».