La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático presenta las acciones de mitigación y adaptación de las Illes Balears NNota Informativa

Este órgano está previsto por la Ley de cambio climático y transición energética, y tiene como objetivo asegurar un trabajo transversal entre todas las áreas del Gobierno

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el vicepresidente, Juan Pedro Yllanes, han asistido hoy a la segunda reunión de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático del Govern de las Illes Balears, en la cual se ha informado sobre el estado de cumplimiento de la Ley de cambio climático y transición energética, así como sobre el desarrollo normativo para llevar a cabo acciones para la mitigación y adaptación.

El vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, y el director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, han presentado a la presidenta y a los representantes de todas las consejerías del Govern, las diversas acciones que desde la vicepresidencia y conselleria se están llevando a cabo para adaptar las Illes Balears al cambio climático y mitigar sus efectos.

En ese sentido, el vicepresidente también ha informado sobre el estado en el que se encuentra el decreto regulador del registro de huella de carbono, que está a punto de ver la luz para que entre en vigor el 1 de enero de 2022.

Por otro lado, Yllanes ha informado que desde la Vicepresidencia se está trabajando en otros decretos que desarrollen reglamentariamente la Ley de Cambio Climático. En este punto, el vicepresidente ha explicado que próximamente saldrá a consulta pública un decreto para impulsar las energías renovables en espacios urbanos, estableciendo la obligación de instalar placas fotovoltaicas en grandes aparcamientos y cubiertas para impulsar el autoconsumo. Este decreto también incluirá obligaciones de almacenamiento para grandes consumidores y parques fotovoltaicos.

El objetivo de este decreto, ha explicado Yllanes, es aprovechar todos estos espacios para lograr la soberanía energética con el mínimo consumo de territorio; por eso se incluirán medidas para obligar a los grandes consumidores y a las instalaciones de renovables de más de 1 MW a implantar sistemas de acumulación de energía. «El almacenamiento es clave en un sistema energético como el balear, y las baterías son fundamentales para optimizar la gestión de la demanda», ha dicho Yllanes.

El vicepresidente ha explicado que este decreto desarrolla reglamentariamente la obligación de instalar placas fotovoltaicas en aparcamientos privados de más de 1.500 m2 o públicos de más de 1.000m2 antes de 2025. La norma establecerá las medidas en caso de que por cuestiones técnicas no sea posible y detallará este punto de la Ley. Así mismo, el decreto también incluirá obligaciones para que todas las administraciones públicas incorporen renovables antes de 2027 y, en caso de que haya excedentes, el Instituto Balear de la Energía (IBE) los gestionaría en régimen de autoconsumo compartido.

Yllanes, además, ha informado de que en el despliegue de la Ley ya se han creado todos los órganos de gobernanza: el Comité de Expertos, el Instituto Balear de la Energía y el Consejo Balear del Clima, que aseguran una participación de todos los actores sociales en las políticas de cambio climático.

Así mismo, ha informado que se está redactando un proyecto piloto de adaptación al cambio climático de la playa urbana de Cala Millor. Este proyecto piloto pretende conocer mejor las dinámicas del litoral urbano, concretamente las del litoral de la bahía de Cala Millor, y analizar las relaciones socioeconómicas que hay entre la zona urbana y la playa para entender y cuantificar cuáles pueden ser las consecuencias futuras de la subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático en esta relación, así como estudiar la posible adaptación de los sectores económicos a la nueva realidad que esto comportará.

Por otro lado, se ha explicado que se ha reducido el factor de emisiones en la generación eléctrica, lo que ha supuesto pasar de un factor cercano a 1 en 2005 hasta un factor cercano a 0,5 en 2020. Este factor es el resultado de las emisiones de CO2 por MWh producido, lo que indica una mayor eficiencia en la generación de electricidad. Yllanes ha remarcado que el objetivo del Gobierno en este sentido es del de la reducción de emisiones en un 40 % para 2030, y que el Plan de Transición Energética tendrá un primer borrador preliminar a finales de año. Además, también se ha presentado un plan para descarbonizar la CAIB que abordará la electrificación del parque móvil y el aumento del autoconsumo en todas sus instalaciones.

También se ha informado sobre la actuación que el IBE ha realizado durante el año 2020. En este sentido, se ha informado de que ha puesto en marcha los primeros seis autoconsumos compartidos y ha iniciado la instalación de placas fotovoltaicas en los aparcamientos del Hospital de Manacor y del Hospital Mateu Orfila. Así mismo, ha participado en el impulso en la constitución de comunidades energéticas como la de Trepuconet, así como en la gestión de la red MELIB.

El vicepresidente Yllanes también ha recordado que pronto se cumplirán dos años de la Declaración de emergencia climática en las Illes Balears y ha instado a todas las consejerías a continuar haciendo políticas transversales para mitigar estos efectos en las Islas: «necesitamos de máxima coordinación», ha dicho.

Hay que señalar que la creación y el funcionamiento de esta Comisión se aprobaron en el Consejo de Gobierno al final del mes de octubre de 2020 en cumplimiento de la Ley de cambio climático y transición energética. Todas las áreas del Govern que tienen relación con la lucha contra los efectos del cambio climático forman parte de esta Comisión. De este modo se asegura un trabajo transversal y de coherencia política de todo el ejecutivo en cuanto a transición energética y cambio climático. 

Las principales funciones de la Comisión son: coordinar la acción de la Administración y de sus entes instrumentales en el ámbito de la lucha contra el cambio climático; formular una propuesta del Plan de Transición Energética y Cambio climático; evaluar las políticas climáticas y los diferentes planes sectoriales, y estudiar y debatir las propuestas de proyectos de reglamentos y planes relacionados con la Ley de cambio climático.