El secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, y el director general de Comercio, Miquel Piñol, se han reunido esta mañana con entidades y asociaciones vecinales en el marco de la mesa de entidades que trabajan con las problemáticas sociales del juego.
Ha sido un encuentro a lo largo del cual entidades como FAPA, Unicef, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, la Plataforma Marratxí Lliure de Jocs d’Apostes, la Asociación Juguesca y el Colegio Oficial de Psicólogos han trasladado al Gobierno una serie de propuestas y preocupaciones sobre el impacto del juego, tanto en establecimientos físicos como en línea, en sectores vulnerables como la infancia y colectivos con otras problemáticas sociales.
La Vicepresidencia del Gobierno les ha informado de que la moratoria en la apertura de nuevos establecimientos de juego, aprobada el 11 de enero de 2020, tiene una vigencia de dos años y debe servir, en palabras del secretario autonómico, Jesús Jurado, «no solo para controlar las aperturas de estos espacios, sino también para mejorar la normativa actual sobre el juego y proteger a los sectores más vulnerables ante estos tipos de actividades. Hoy hemos recogido las propuestas que nos han hecho llegar estas entidades y compartimos la necesidad que nos han planteado para que la Ley del juego no sea solo una ley de regulación de negocio, sino que también sea una ley de tipo social. Tenemos intención de actuar, tal y como está recogido en los Acuerdos de Bellver».
En este sentido, la Dirección General de Comercio tiene previsto, en un plazo de dos meses, presentar a estas entidades una planificación de actuaciones en el ámbito normativo para proteger a los sectores más vulnerables del juego.