\ Se establecen medidas encaminadas a neutralizar el riesgo de prácticas de corrupción o conflictos de interés para todas las personas y órganos implicados en la gestión
\ La norma se aplica a la Administración de la CAIB, su sector público y cualquier institución a la que se transfieran recursos para la ejecución del Plan de Recuperación
El Consell de Govern ha aprobado hoy, a propuesta del conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, el Plan de Medidas Antifraude de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el ámbito de ejecución de los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el que España accede al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), parte del Next Generation de la Unión Europea.
El objetivo de este plan antifraude es establecer una estrategia que se concrete en una serie de medidas proporcionadas relativas a las cuatro fases que configuran el llamado ciclo antifraude (prevención, detección, corrección y persecución) para garantizar la máxima transparencia y buena gestión, y neutralizar el riesgo de prácticas de corrupción o conflictos de interés.
Con esta aprobación, el Govern cumple con los requerimientos de la normativa europea y estatal en el ámbito de la ejecución de los fondos del MRR (Reglamento UE 2021/241 y Orden HFP 1030/2021), ya que obligan, además de a la Administración de la Comunidad Autónoma, a su sector público instrumental y a sus cargos públicos y personal, a todas las administraciones locales (municipales o insulares) a las que se transfieran recursos económicos, a ejecutar, en el ámbito de sus competencias, actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este sentido, establece que toda entidad decisora o ejecutora debe disponer de un plan de medidas antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
El conseller Company ha explicado que se trata de un documento vivo que podrá ser actualizado y completado en función de los resultados de su aplicación, y de acuerdo con las novedades que puedan surgir en la normativa, instrucciones, recomendaciones o modelos provenientes de la Comisión Europea o de la Administración General del Estado en el marco de la gestión y ejecución de los fondos Next Generation EU.
«Además de las medidas técnicas de prevención, detección, corrección y acoso, el Plan establece los principios que forman parte del buen gobierno y que deben regir la actuación de los empleados y cargos públicos y, por extensión, de cualquier persona que intervenga en la ejecución de los fondos del MRR: ética, integridad, compromiso, transparencia, prevención y proporcionalidad», ha añadido.
Entre las medidas de prevención, destacan la difusión entre el personal público de la existencia y del contenido del Plan de Medidas Antifraude y de las obligaciones que comporta, la puesta a disposición de recursos formativos en el sitio web de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, la realización de acciones formativas dirigidas a todos los niveles jerárquicos mediante la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) y del Centro Baleares Europa.
También se cuenta con las acciones formativas que lleva a cabo la Administración General del Estado (mediante el Instituto de Estudios Fiscal y el Instituto Nacional de Administración Pública). De hecho, entre noviembre y enero, se ha organizado un programa de formación para formadores responsables de comunidades autónomas para la ejecución del PRTR, que incluye un módulo sobre prevención del fraude, en el que han participado varios funcionarios de la Comunitat Autónoma.
El Plan establece que después de ser aprobado se debe llevar a cabo una evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución, que se revisará de forma periódica, bienal o anualmente según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o existan cambios significativos en los procedimientos o en el personal. La Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, a través de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas, proporcionará un modelo de herramienta de autoevaluación común de aplicación obligatoria.
En cuanto a las medidas de detección, se define un sistema de indicadores, llamados banderas rojas; señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude cuya existencia, aunque no implica necesariamente la existencia de fraude, sí indica que una determinada área de actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude potencial.
También se prevé la creación de un canal de denuncias interno en relación con las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Administración de la Comunidad Autónoma, que puede ser utilizado por las personas que participen en la ejecución de actuaciones del PRTR (empleados públicos, beneficiarios de ayudas, contratistas...), estableciéndose un procedimiento de investigación de las denuncias que se puedan recibir a través de este canal.
En cuanto a la corrección, la detección del posible fraude o su sospecha fundada, conllevaría la suspensión del procedimiento, mientras se lleve a cabo la revisión de todos los expedientes y actuaciones que hayan podido estar expuestos al fraude, y la retirada de los proyectos o parte de los proyectos afectados por el fraude. Además, supondría la denuncia del caso ante la fiscalía o los tribunales, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude -SNCA- y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, mediante un convenio, y el inicio de una información reservada o un expediente disciplinario para depurar responsabilidades.
Por último, se incluyen medidas específicas en relación con la prevención y el tratamiento del conflicto de intereses, como la obligatoriedad de que todas las personas que participen en los procedimientos de ejecución del PRTR suscriban una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). En los casos en que se tenga conocimiento, a través de una denuncia o por otras vías, de la sospecha de un conflicto de intereses, deberá apartar a la persona afectada, sin perjuicio de la aplicación de los principios de abstención y recusación previstos en la Ley 40/2015 y de las funciones de control interno que ejerce la Intervención General de la Comunidad Autónoma y de control externo por parte de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears y la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears.
Por último, el Consell de Govern ha aprobado, junto con este plan antifraude, una declaración institucional en la que pone de manifiesto el compromiso de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en la lucha contra el fraude y la actuación sobre la base de los más altos estándares éticos.