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6 de julio de 2017
Discurso de la presidenta en el desayuno informativo de Europa Press
Discurso de la presidenta en el desayuno informativo de Europa Press
Autoridades, señoras, señores,

Buenos días,

Ángel, quiero empezar agradeciendo tus palabras. Palabras que me enorgullece recibir de una persona sensata, un valor que, en los tiempos que corren, se está convirtiendo en una especie en extinción. Sensatez, sí. Y también brillo intelectual.

También quiero darles a todos ustedes las gracias por acompañarme aquí hoy en esta tribuna que me ha cedido Europa Press. Quiero agradecer a su presidente, Asís Martín de Cabiedes, esta oportunidad que me ofrece para compartir unas reflexiones sobre el papel transformador que tiene que jugar la izquierda en este inicio de siglo y, especialmente, para que todos ustedes conozcan un poco mejor cuál es la realidad económica y social de las islas a las que pertenezco. De hecho, vengo con una reclamación bajo el brazo…

Porque la ambición debe ser el espíritu que tiene que sustentar la acción de los políticos hoy en día. La ambición ante la resignación. Esto es lo que está reclamando la sociedad: líderes políticos que ofrezcan soluciones a sus problemas sin caer en el desfallecimiento y que no sientan la tentación de dejarse aplastar por la realidad.

A raíz de este propósito, recordé unas palabras del escritor Javier Cercas que enmarcan perfectamente el límite de lo que tiene que ser este empeño: “la tarea del político no consiste en intentar traer el cielo a la tierra sino sólo en mejorar la tierra”.

Las recordé porque supongo que estarán de acuerdo conmigo en que existe un caldo de cultivo preocupante para que propuestas engañosas arraiguen. Porque todavía tenemos delante nuestro las consecuencias de las decisiones que se tomaron durante los años de la crisis económica. Hablo de miles de personas que no han recuperado su nivel de vida; personas que ahora trabajan más y cobran menos en nombre de un “capitalismo flexible”; servicios públicos dañados por los recortes…

Es en este escenario donde reivindico el papel transformador de una izquierda autentica y comprometida.

Este es el papel que tiene que desempeñar el Partido Socialista y que está asumiendo, por cierto, recogiendo dos ideas que siempre he defendido y que me han permitido alcanzar la presidencia del gobierno de las Illes. La primera es gobernar desde la izquierda.

Esta semana se cumplen dos años de la constitución del primer gobierno netamente de izquierdas que ha tenido Balears. Un gobierno formado por el Partido Socialista y por Més, un partido nacionalista, y que cuenta con el apoyo externo de Podemos. Un gobierno que se marcó como reto el cambio en el fondo y en la forma de hacer política para devolver a los ciudadanos el protagonismo que habían perdido y volverles a situar en el centro de la toma de decisiones.

Veníamos de cuatro años de recortes de derechos y servicios públicos, de cuatro años de olvido de aquellos que peor lo habían pasado con la crisis, de cuatro años de crispación social… Y teníamos que darle la vuelta a esto e iniciar un proceso de reconstrucción. Y lo hemos hecho desde la izquierda.
En estos dos años hemos demostrado que se puede gobernar aplicando políticas progresistas con eficacia y eficiencia, situando como prioridad a las personas, acabando con los recortes, devolviendo derechos, mejorando servicios… Y todo esto, mientras la economía crece y se reduce el paro. Experiencias como la nuestra, como la valenciana o como la portuguesa, sin duda, ayudan a romper tabúes y hacen más fácil que estas fórmulas de gobierno sean exportables.

A este factor, el de situar al PSOE claramente a la izquierda, se suma un segundo valor que el partido ha sabido incluir en su ideario: el de la plurinacionalidad. Son dos elementos claves que dan al Partido Socialista capacidad de tejer una alternativa. En otras palabras, situar a nuestro partido a la izquierda y en el marco de un Estado plurinacional es situarlo en un escenario de futuro.

No tengo ningún problema en confesar que, como secretaria general de los socialistas de Balears, siempre he defendido, un congreso tras otro, la idea de la plurinacionalidad. Siempre he explicado que España es un Estado plurinacional. Y multilingüe, diverso. Y no pasa nada.

Esta plurinacionalidad la entiendo de la misma forma que gobernamos en Balears. Nuestro territorio insular está cohesionado por un federalismo interior basado en la lealtad institucional, el máximo autogobierno y la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. Siempre desde un diálogo continuo.

En nuestras islas muy pocos se reconocen como baleares. Los de Mallorca son mallorquines; los de Menorca, menorquines; los de Ibiza, ibicencos; y los de Formentera, formenterenses. Y no pasa nada.

Cada año, cuando llega el Día de Balears, se abre un periodo de reflexión sobre qué es ser balear, qué tipo de vínculos tenemos los habitantes de cuatro islas separadas por el mar. Y cada año llegamos a la misma conclusión: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera somos diferentes pero pertenecemos a una misma tierra. Una tierra con una cultura y una lengua propia que nos hace más ricos. Y como hasta ahora nos ha ido muy bien, lo que queremos es que nos vaya mejor juntos. Potenciando nuestros vínculos y aprovechando la diversidad.

Pues ni más ni menos pido para España: la vía federal que permita consolidar un Estado plurinacional del que todo el mundo pueda sentirse orgulloso y en el que nadie se sienta discriminado.

Decía Pi i Margall que “federalismo viene del nombre latín foedus, que significa pacto, alianza”. Y que “la federación es un sistema por el cual los diversos grupos humanos, sin perder su autonomía en lo que les es peculiar y propio, se asocian y subordinan al conjunto de los de su especie para todos los fines que les son comunes”.

Otro republicano, Gabriel Alomar, en este caso de mi tierra, añadía que “no puede haber federación dictada desde el centro”.

Hoy en día, existe una realidad: mucha gente piensa que juntos nos irá peor. Y este sentimiento hay que borrarlo.

Si realmente queremos que Cataluña siga formando parte de España, ¿qué está ofreciendo el Gobierno del Estado para conseguirlo? Desgraciadamente, nada.

Y yo creo que, desde la legalidad, hay que ser generoso con la oferta que se pueda hacer a Cataluña y a los otros territorios del Estado para que tengamos esa certeza de que juntos nos irá mejor. Que la unidad nos hace mejores.

Yo lo creo sinceramente. Creo que reconocer la diversidad, las identidades, las lenguas distintas que tenemos… todo esto hace más plural, más rico un Estado. Y este reconocimiento se tiene que plantear desde el respeto, no se puede abordar desde la imposición o desde el ninguneo.

De ahí que yo sea una federalista convencida. Por ideología, por historia, por sentimientos y porque pienso que es la mejor forma de enfocar la vida política y la vida en general. Porque es una forma de enfocarla desde el diálogo, desde los acuerdos, desde el consenso, desde el respeto.

Todo pasa por hablar. Por el diálogo. Como dice la filósofa Victoria Camps: “Aprender a dudar es asumir la fragilidad y la contingencia de la condición humana que no nos hace autosuficientes. Por eso se inventó la democracia como la mejor forma de gobierno, porque obliga a contrastar opiniones y escuchar al otro”. Este es el espíritu que deberíamos recuperar.

Se ha recordado estos días cómo la idea de la plurinacionalidad sedimentó en la Transición para ser incluida –con equilibrismos lingüísticos y prejuicios ideológicos– en nuestra Constitución. Pero gracias a un debate intelectual de altura, y mucha generosidad política, se llegó a un compromiso que, también hay que decir, a día de hoy es insuficiente.

Más de 30 años después de funcionamiento, nuestro Estado descentralizado presenta notables insuficiencias, peligrosas ambigüedades y graves disfunciones, lo que hace necesario no quedarse en la autocomplacencia. Al contrario, es urgente llevar a cabo una reflexión crítica, con propuestas de reforma constitucional y legal. Un paso que, por decirlo de alguna manera, sería el desarrollo normal de los principios incluidos en la Constitución en 1978: la constitucionalización y posterior implantación de un Estado federal con todas sus consecuencias organizativas, competenciales y de coordinación entre la Federación y los Estados miembros y entre los Estados miembros entre sí. Un buen ejemplo es el federalismo alemán.

Aquí, en España, vivimos una paradoja: se han transferido competencias básicas como la educación y la salud pero las grandes decisiones legislativas las toma el Estado sin contar con los gobiernos autonómicos. Y a la hora de conseguir la financiación para aplicar estas competencias, nos encontramos con dificultades financieras impropias de un Estado moderno.

Miren: el sistema perverso que mantiene vivo el Gobierno del Estado nos impide tener los profesores que necesitamos o el personal y los recursos sanitarios que exige la sociedad. Y lo impide porque existe una regla de gasto, impuesta de forma tiránica, que hace imposible repercutir la riqueza que está generando nuestra tierra y convertirla en mejores servicios públicos e infraestructuras. Si a este obstáculo le sumamos una deficiente financiación, tenemos un escenario peligroso que estamos sorteando con una buena gestión de los recursos públicos. Ayudaría, por cierto, que el Estado accediese a una de nuestras peticiones: la condonación de la deuda.

Por tanto, si el Gobierno de España decide unilateralmente qué déficit debemos cumplir, cuánto podemos gastar, qué financiación nos toca y el resto no podemos decidir nada o casi nada sobre lo que recaudamos, la balanza no está equilibrada.

Hay demasiados mecanismos en este Estado de las autonomías que no funcionan. Y fallan por falta de voluntad política. Porque la norma no es clara.

Para revertir esta complicada y arbitraria situación, hay que cambiar la norma, reformar la Constitución, y convertir a España en un Estado federal. Una reforma en la que se reconozcan las singularidades identitarias y nacionales, se establezca con claridad el reparto competencial entre administraciones y se fijen los criterios de financiación territorial de forma clara. Y, sobretodo, que el Senado se convierta en el espacio de diálogo permanente.

Señoras y señores, no hay nada más injusto que tratar igual al que es diferente. Por eso defiendo un federalismo asimétrico que permita encajar la realidad catalana, pero también la de las Illes Balears.

Nosotros somos diferentes. Somos cuatro islas y este hecho provoca una serie de desventajas a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas y a las administraciones respecto al territorio continental. Necesitamos soluciones urgentes a los problemas sociales y económicos que nos genera el hecho geográfico insular.

Es cierto que nuestra insularidad podría explicar en parte nuestro dinamismo económico, pero también es cierto que provoca desequilibrios y fragilidad.

En Balears son más caros los costes de producción y de inversión en bienes de equipo de las empresas; los productos energéticos; el funcionamiento de las administraciones en la provisión de bienes públicos o, en general, el coste de la vida para los ciudadanos.

Además, somos totalmente dependientes de puertos y aeropuertos, nuestra vía de conexión con el resto del mundo. Y este hecho genera una extrema vulnerabilidad ante coyunturas externas.

Por poner solo algunos ejemplos que permitan visualizar de lo que estamos hablando: adquirir un vehículo, instalar un sistema de energía limpia y renovable, equipar con todo lo necesario a nuestros hijos, incluso rodar una película, es más caro en las Illes Balears.

Hacer los casi 500 kilómetros que hay entre aquí, Madrid, y Santiago cuesta, siempre, 40 euros si lo haces en tren. Y siempre existe la posibilidad de hacerlo en coche, en autocar o en avión. Ayer mismo, la tarifa más barata de un viaje hasta aquí para hoy en el único medio posible, el avión, era en la web de una compañía aérea de 107 euros. Eso era ayer. Mañana, la tarifa será otra…

Un habitante de Balears paga también el litro de gasolina más caro del Estado. Ayer mismo el precio rondaba 1,25 euros. En Canarias, en la gasolinera más cara no llegaba al euro.

Por eso digo que estas vulnerabilidades deben ser corregidas a través de la acción del Estado, con el fin de establecer un adecuado y justo equilibrio económico interterritorial. Sólo pido que se cumpla la Constitución. La misma que se suele esgrimir para hablar de la unidad de España y que en su artículo 138.1 dice: “el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.” Ni más ni menos es lo que pedimos.

Y es en este punto cuando llegamos al principal instrumento con el que sucesivos gobiernos de las Illes han intentado paliar los efectos negativos de la insularidad. Se trata del Régimen Especial de las Illes Balears, que conoció su primera versión en 1998.

20 años después, este Régimen Especial se ha demostrado un fracaso. Porque los mecanismos previstos han sido poco eficaces y efectivos y porque los recursos financieros que se han destinado han sido insuficientes.

Lo que nos lleva a la reclamación de la que les hablaba al principio de mi intervención: queremos un nuevo Régimen Especial para conseguir la igualdad de derechos y oportunidades que merecen los ciudadanos y las empresas de nuestras islas. Este nuevo marco debería incluir instrumentos financieros, medidas económicas y fiscales y una mejora de la gestión de los recursos existentes.

¿Qué principios deben regir este nuevo marco?

Primero: a igualdad de actividad, igual coste.
Segundo: el Régimen Especial no sustituye el gasto público del Estado en Balears.
Tercero: toda mejora de trato que la Unión Europea dicte para territorios insulares, se debe aplicar en Balears.
Cuarto: las medidas sobre insularidad que son buenas para Canarias, también lo son para Balears.


Sobre este último punto, siempre se argumenta que las ventajas fiscales que tiene Canarias se deben a su naturaleza de territorio ultraperiférico, reconocida por Europa. Pues lo que pedimos nosotros es que el Gobierno de España debe garantizar que las medidas derivadas del hecho insular, o compensatorias por la lejanía o la falta de continuidad territorial, que adopte en relación al archipiélago canario también sean de aplicación en Balears. Y no importa si la costa de la península está a cien o a tres mil kilómetros. La barrera insular es la misma. Esta es la idea que estamos defendiendo como gobierno balear ante el Estado y ante la Unión Europea.

Para ser más concreta. Tanto Canarias como nosotros dependemos del transporte marítimo para los suministros básicos. Pero la compensación no es la misma: el coste del flete -tanto en Canarias como en Balears- supone entre el 20 y el 40% del coste del transporte de mercancías. Mientras que Canarias se lleva el 94% de la subvención estatal, en Balears solo se cubre el 3% dedicado a este coste.

Y es una situación inmerecida que debe cambiar.

No se trata sólo de una cuestión de financiación, sino sobre todo de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos establecida en la Constitución. Este es el objetivo que persigue el proyecto de Régimen Especial que estamos pactando social y políticamente.

Porque lo que les estoy explicando no es un proyecto político en solitario. Sino el resultado de un proceso de negociación con toda la sociedad civil y que tiene el apoyo de todos los partidos políticos representados en nuestro Parlamento. Es una bandera reivindicativa de todos los hombres y mujeres que vivimos en las Illes Balears.

Una necesidad que no fue reclamada en la pasada legislatura. El gobierno que me precedió nunca reivindicó ni peleó por las inversiones y la financiación que necesitan las Illes Balears.

Si algo caracterizó a la pasada legislatura en nuestra tierra es que fueron cuatro años de recortes que solo consiguieron provocar el mayor dolor social que se ha vivido en la historia reciente. La austeridad impuesta no sirvió para nada. Era un fin en si mismo. Era pura y dura ideología.

No entraré en el detalle de los perjuicios causados por las decisiones tomadas. Simplemente bastará repasar las soluciones que hemos aportado desde la izquierda para conseguir que las cosas hayan cambiado.

En solo media legislatura, en Balears ya existe una Renta Social, un nuevo derecho, una medida pionera en España que garantiza ingresos mínimos a los que peor lo pasan y que ya está beneficiando a 3.400 personas.

Hay más beneficiarios de la Ley de Dependencia a pesar del Estado porque invertimos más y porque creamos más plazas de residencia.

Hemos dado un giro a la situación de nuestro sistema educativo porque las sociedades cultas son las que ganarán el futuro. Hemos aportado más profesores al sistema, mejorado centros y, sobretodo, buscamos unos objetivos que tu mismo, Ángel, has reclamado: estabilidad normativa, legislativa, financiera y de objetivos a la educación. Por eso hemos recogido las aportaciones de nuestra comunidad educativa, para poder firmar un Pacto por la Educación que se convierta en la primera ley de educación de Balears.

Hay más personal sanitario y menos pacientes en las listas de espera. Y hemos puesto en marcha una Facultad de Medicina.

Se afronta el problema de la vivienda.

Hemos aprobado una ley que protege los derechos de las personas LGTBI y otra que nos permite abrir fosas comunes para cerrar de una vez heridas, además de poner en marcha un Plan contra la Violencia de Género…

No quiero cansarles con nuestros logros ni alardear de ellos. La idea que pretendo demostrar es que desde la izquierda se pueden cambiar las cosas. Se puede mejorar. En Balears les cosas han cambiado. Les he hablado de más y mejores servicios públicos y de nuevos derechos sociales. Todo siendo escrupulosos con el gasto público. Sí, la izquierda sabe gestionar y ser rigurosa con el dinero de todos.

Para los que solo se fijan en las cifras económicas, les diré que hemos tenido que cambiar nuestra previsión económica y elevarla al 3,8 por ciento porque ya en el primer trimestre de este año hemos crecido un 4,1 por ciento. También les diré que todas estas mejoras las hemos conseguido aguantando firmemente las riendas del gasto público: el año pasado cumplimos con nuestro objetivo de déficit con un margen de tres décimas.

Pero detrás de estas grandes cifras, detrás de la imagen de Balears como destino vacacional idílico, también hay otras realidades que nos obligan a no bajar la guardia y a empeñar todos nuestros esfuerzos en transformar la situación.

Es cierto que el turismo nos está permitiendo vivir un momento de crecimiento económico superior al de la media española y nos sitúa como uno de los territorios donde más se reduce el paro. Es verdad que somos un referente turístico mundial y que nuestras empresas exportan know-how a decenas de países.

Pero también es cierto que aún son demasiadas las personas que viven sin los recursos suficientes, que no tienen trabajo o que lo tienen precario y eso les impide llegar a final de mes.

A diferencia de lo que pasaba antes de la crisis, ahora el crecimiento no va acompañado de una reducción de las desigualdades porque por el camino han cambiado las reglas del juego. Me estoy refiriendo a la reforma laboral. No me cansaré de pedir que sea derogada, porque se ha convertido en un lastre para que la mejora económica beneficie más a los trabajadores.

En mi tierra ya me han oído todos exigir a los empresarios que suban los salarios a sus trabajadores. Lo llevo reclamando desde el primer día de la legislatura hace ya dos años. Ahora veo que la ministra Báñez se suma a esta exigencia. Le doy la bienvenida de la misma forma que le digo que ella tiene la llave para que este incremento salarial sea una realidad: que derogue la Reforma Laboral y devuelva poder de negociación a los trabajadores.

Pero también me estoy refiriendo al hecho de que el Estado ha reducido las prestaciones a los parados y las coberturas sociales a los más desfavorecidos. Hemos sido comunidades autónomas como la que represento las que hemos asumido un papel que no siempre teníamos asignado, que no nos han reconocido y para el que no disponíamos de recursos financieros adecuados.

De la misma forma que denuncio esta situación, les diré también que lo hacemos convencidos. Porque nuestro objetivo es transformar el crecimiento que vivimos en mayor bienestar para nuestros ciudadanos. Y lo perseguimos reforzando nuestro estado de bienestar para que nadie quede descolgado. Con más y mejores servicios y con nuevos derechos como el de la Renta Social que antes les explicaba.

Pero también lo hacemos aplicando planes de lucha contra la precariedad laboral, que provocan automáticamente mejoras en la contratación (en dos veranos se han mejorado las condiciones laborales de 9.000 personas). Lo hacemos reactivando políticas activas de ocupación, enfocando la formación hacia sectores económicos con proyección. Siempre buscando la calidad del empleo que se genere. En este sentido, hasta el 2020 invertiremos más de 300 millones de euros en un Plan por la Calidad del Empleo.

Y si hablamos de grupos con más dificultades para acceder al mercado de trabajo, hemos puesto en marcha un programa para jóvenes cualificados que les ofrece un primer empleo en las administraciones públicas.

Porque la nuestra es una apuesta por la innovación tecnológica. Una apuesta por la diversificación de nuestro modelo económico, que podría ser mucho más decidida con un mecanismo como el de un nuevo Régimen Especial que realmente actuara como palanca de cambio.

Queremos diversificar nuestro modelo productivo y avanzar hacia una economía del conocimiento, sabiendo que nuestro motor económico continuará siendo el turismo. Pero, eso sí, un turismo mucho más equilibrado que el que tenemos ahora.

Porque nuestro compromiso con el equilibrio medioambiental se está traduciendo en hechos. Estamos impulsando una ley contra el cambio climático y una estratégia para afrontar la transición energética. Queremos caminar hacia un horizonte dominado por las energías renovables. Esto implicará cerrar los centros de producción contaminantes y sustituirlos por fuentes limpias.

Este es uno de los grandes retos que tenemos en Balears: equilibrar la presión demográfica que tenemos con los recursos de los que disponemos.

Vivimos un contexto de crecimiento del turismo a nivel mundial y de proliferación de nuevos hábitos turísticos. Esto no solo supone una mayor afluencia de viajeros sino que, además, estos se interesan cada vez más por espacios que antes solo ocupaban los residentes. Esta situación, que se produce a nivel global, supone un nuevo reto. Un reto mayor para un territorio reducido y frágil como el nuestro.

Desde nuestras limitaciones, actuamos para buscar un mayor equilibrio entre turismo y medio ambiente, pero también para que el disfrute del turista no perjudique la calidad de vida del residente. No es tarea fácil porque, entre otras cosas, no disponemos de ninguna capacidad de control sobre las principales puertas de entrada de turistas a nuestro territorio, como es el caso de los aeropuertos.

En estos dos primeros años hemos aplicado un impuesto que hace que los turistas colaboren en mitigar la huella que deja una actividad intensiva como esta en el territorio y que permite redistribuir mejor los beneficios que genera.

Este mes aprobaremos una ley para regular y limitar un fenómeno, el del alquiler turístico. Es una realidad que, como en otras ciudades del mundo, contribuye a generar situaciones no deseadas, como la reducción de viviendas de alquiler y el incremento de los alquileres. Esta nueva ley nos tiene que permitir no solo reducir las plazas turísticas actualmente existentes, sino perseguir con mucha más eficacia las que se sitúen al margen de la normativa.

Y después vendrá una ley de vivienda que obligará a los grandes tenedores de pisos vacios a ponerlos a disposición de la Administración para poderlos destinar a alquiler social.

Lo decía antes. Nuestro objetivo es poder trasladar a la ciudadanía la mejora económica que estamos viviendo. Porque una sociedad que pretenda tener un futuro sólido solo puede conseguirlo reduciendo las desigualdades económicas y sociales.

Nada más por mi parte.

Solo agradecerles de nuevo su tiempo y añadir una idea que escribía Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.

Las Illes Balears somos una tierra pequeña. Pero si tenemos que alzar la voz para conseguir nuestros objetivos, lo haremos. Aunque nosotros preferimos sentarnos y hablar.

Sentarnos y hablar de nuestro futuro. Tenemos una historia milenaria en la que hemos sabido coger todos los trenes hacia la modernidad y el desarrollo. Ahora lo que queremos es liderar el nuevo trayecto que se abre ante nosotros.

No quiero cansarles más y es el momento de continuar con sus preguntas, que seguro darán mucho juego. Muchas gracias.