Obliga a las administraciones públicas a invertir en prevención y prevé la incorporación de 85 profesionales en nuevos equipos territoriales de intervención con menores i familias La consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, ha presentado hoy el Anteproyecto de ley de atención y derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears. La nueva ley, que se adapta a los cambios normativos estatales del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, introduce como principales novedades la obligatoriedad de las administraciones a invertir en prevención —y establece qué recursos se tienen que destinar a ello; la definición de la declaración de riesgo de un menor, y la actualización y el reconocimiento de nuevos derechos de los menores, entre otros.
Por una parte, el Anteproyecto de ley obliga a las administraciones públicas a invertir en prevención, dado que se prevé que hasta el año 2020 se incorporen unos 85 profesionales de la psicología, educación, trabajo e integración social, abogacía y administración en equipos territoriales de intervención de nueva creación, así como la puesta en marcha de nuevos programas para menores y sus familias en diferentes ámbitos. Por primera vez, la Ley no solo establece que se tienen que destinar recursos a la prevención, sino que define cuáles son dichos recursos (apoyo a la familia, educación, salud, formación y empleo, relaciones sociales, etc.). El elevado índice de medidas administrativas de protección de menores y medidas judiciales en las Illes Balears hace que la prevención y la acción comunitaria resulten prioritarias.
Por otra parte, la Ley atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de llevar a cabo las declaraciones de riesgo de un menor, así como todas las actuaciones materiales, técnicas y jurídicas que se deriven de esta declaración, que hasta ahora tenían atribuidas los consejos insulares. Se crea una nueva figura de ámbito municipal, la Comisión de Declaración de Riesgo, que tendrá que existir en todos los municipios de las Illes Balears y que valorará las declaraciones de riesgo y las propuestas de proyecto de intervención social y educativo familiar. La Ley entiende que los ayuntamientos son la administración más próxima a la ciudadanía y pueden ejercer una atención inmediata y continuada sobre los niños y los adolescentes y su entorno familiar y social.
Además, el Anteproyecto recoge, actualiza e incorpora el reconocimiento a nuevos derechos de los niños de las Illes Balears (derecho a la no discriminación, derecho a conocer sus orígenes, derecho a un nivel básico de bienestar, derecho a decidir sobre la maternidad, derecho a la formación y acceso al empleo).
La próxima semana saldrá a exposición pública para alegaciones y se espera que durante el mes de mayo vaya a Consell de Govern. El Anteproyecto de ley de infancia y adolescencia ha sido consensuado con los consejos insulares y se ha presentado a los ayuntamientos y al Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears.