14 junio 2018 | <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas publica la orden para iniciar la elaboración de los presupuestos generales de la CAIB para el año 2019 NNota Informativa

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas publica la orden para iniciar la elaboración de los presupuestos generales de la CAIB para el año 2019

Cladera destaca el objetivo de desplegar “más y mejores políticas sociales” y de incidir en el impulso de la política de infraestructuras y de la inversión pública en el nuevo presupuesto
El Govern de les Illes Balears inicia el camino hacia la elaboración y aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2019. La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha firmado la orden por la cual se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos autonómicos para el año próximo y que ha sido publicada este jueves en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

El proceso de elaboración del presupuesto de 2019, en el que ya trabaja la Dirección General de Presupuestos y Financiación, se pone en marcha después de la confirmación que en 2017 la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha cumplido por segundo año consecutivo los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En 2018 también se prevé cumplir nuevamente con estos objetivos, ha manifestado la consellera Cladera en la orden que regula la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos para el año 2019.

Según recoge la orden, el cumplimiento de estos objetivos, junto con las previsiones de sostenimiento de la pauta de crecimiento que muestra el actual ciclo económico, apuntala las posibilidades para que el presupuesto de 2019 dé “continuidad a la voluntad del Govern de persistir en el despliegue de más y mejores políticas sociales, a la vez que de incidir en el impulso de una política de infraestructuras clave tanto desde el punto de vista de las propias políticas sociales, como también de la ordenación territorial o del equilibrio medioambiental”.

Asimismo, “la necesidad de impulsar la inversión pública se plantea como el gran reto” del presupuesto 2019, “a pesar de que una parte significativa de los planes de infraestructuras ya cuentan con recursos aprovisionados estos últimos años”. En cuanto a las infraestructuras de carácter social, serán “ejes preferentes” de actuación las infraestructuras sanitarias y educativas, la red de dependencia y el plan de construcción de viviendas sociales, y también serán “prioritarias” las inversiones en materia de movilidad, eficiencia energética, agua y medio ambiente, formación de capital humano, investigación e innovación, y patrimonio histórico y cultural.

De cara a 2019, el Govern inicia la elaboración de los presupuestos autonómicos con la esperanza de poder avanzar hacia una “flexibilización” de la regla de gasto por parte del nuevo Gobierno del Estado, ha declarado Cladera. La orden recuerda “el impacto cada vez más importante” de la regla de gasto en la determinación del techo de gasto no financiero, “lo que lo aleja de la evolución de los ingresos no financieros y condiciona que una parte cada vez más significativa de los recursos no se puedan trasladar a políticas de gasto”.

La consellera también se refiere a otro de los retos pendientes para todas las comunidades autónomas, como es el inicio de una negociación para avanzar hacia la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica, “que tendría que dotar a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de unos recursos más acordes con su capacidad fiscal”, una posición que el Govern de les Illes Balears ha manifestado los últimos años para comenzar un proceso de negociación para la reforma del sistema de financiación autonómica.

La orden dictada para la elaboración de las cuentas de 2019 incide también en la necesidad de disponer de una “adecuada planificación y priorización” de los proyectos de gasto dentro de la apuesta por la inversión pública, así como mecanismos de evaluación para asegurar el encaje presupuestario futuro y conseguir la máxima eficiencia en la utilización de los recursos públicos y verificar el encaje en la planificación estratégica a medio y largo plazo.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La orden también establece que las administraciones y organismos públicos, así como sus entes instrumentales, tendrán que incorporar por segundo año consecutivo la perspectiva de género en el diseño de sus políticas, e incluir esta perspectiva en los estudios y estadísticas, con el fin de hacer visible el trabajo y la presencia de las mujeres en nuestra sociedad. La Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad entre mujeres y hombres establece que las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma tienen que ser un elemento activo en la consecución de manera efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres.

Por otro lado, siguiendo la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, la conselleria competente en materia de menores tendrá que promover una evaluación integral de todas las políticas directa o indirectamente relacionadas con la infancia para determinar el nivel de gasto logrado por esta comunidad autónoma.

Finalmente, considerando la próxima tramitación parlamentaria del proyecto de ley de consultas y procesos participativos, que pretende incorporar los presupuestos participativos como instrumento de participación ciudadana, también está previsto que estos presupuestos incluyan, como prueba piloto, algunas líneas de actuación la ejecución de las cuales tenga que considerar criterios participativos para permitir a la ciudadanía incidir directamente en la distribución de una parte de los presupuestos de gasto.

Mediante esta orden, se regulan la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 2019, su estructura, la información y la documentación que tienen que formalizar todos los entes que intervienen, y también los plazos que se tienen que cumplir para poder someter el anteproyecto al acuerdo del Consell de Govern según lo que establece la normativa vigente.