Medio Ambiente espera que la normativa entre en vigor este verano
El proyecto de decreto sobre la protección de la
Posidonia oceanica en las Illes Balears, después de haber estado en período de exposición pública y haberse dado respuesta a las 246 alegaciones recibidas, se ha enviado hoy al Consejo Económico y Social de las Illes Balears (CES) para que se tramite con carácter de urgencia. Así, el dictamen de este órgano, paso previo necesario a la aprobación del decreto, se resolvería en 15 días, en lugar de los 45 habituales.
La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca espera que la normativa entre en vigor este mismo verano; antes, sin embargo, y una vez emitido el informe del CES, el Consejo Consultivo tiene que emitir su dictamen a petición de la presidenta del Govern. Nuevamente, se solicitará el carácter de urgencia para que el ente se pronuncie en el plazo de un mes. Según el sentido del dictamen, el texto estará terminado para ser aprobado en Consell de Govern y, de esta manera, las Illes Balears, que cuentan con la mayor superficie de praderas de posidonia del Estado, será la primera región en toda Europa en regular la protección de esta planta fanerógama de alto valor ecológico.
Durante la tramitación de este decreto, de una gran complejidad técnica y jurídica, la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha tenido la voluntad de escuchar a todos los sectores implicados, así como de dar respuesta a las preguntas y peticiones que se le han formulando. En los tres procesos públicos se han recibido más de un millar de aportaciones; 754 en la consulta previa a la elaboración de la normativa, siendo la que más aportaciones ha recibido hasta ahora a través del Portal de Transparencia; 200 aportaciones en el borrador de participación y, finalmente, 246 alegaciones en el período de exposición pública. Estas alegaciones han sido presentadas tanto por el sector náutico como por los ecologistas, también por otras administraciones, así como por el resto de ciudadanos que han querido hacer su aportación. En la redacción definitiva del decreto, todas se han tenido en cuenta, y se ha mantenido siempre el objetivo final, que es la protección de esta planta endémica del Mediterráneo y su conservación futura. La gran importancia ecológica que tiene y su protección ya está recogida de diferentes formas en la normativa estatal y europea. Por otra parte, este decreto crea una regulación que compatibiliza la existencia de actividades humanas con la protección de la especie y el hábitat, y establece un marco jurídico homogéneo que regula los usos y las actividades que pueden afectar a la posidonia.
Más de dos mil personas o entidades han participado de las alegaciones durante el proceso de información pública, muchas de las cuales se han introducido con la finalidad de mejorar el texto. Así, en el preámbulo, se han tenido en cuenta las solicitudes de los colegios profesionales y del sector de la investigación, y se ha incluido más información sobre la importancia de la posidonia como hábitat y sus funciones ecosistémicas.
Por otra parte, se ha modificado la definición de
pradera, eliminando la extensión mínima de una hectárea y adoptando la definición de la directiva de hábitats. De esta manera, queda aclarado, junto con la modificación del artículo 7 del borrador del Decreto, que cualquier tipo de fondeo de embarcaciones está prohibido sobre posidonia.
Con respecto a la regulación de fondeos, se establecen las zonas de alto valor y se regulan como zonificación para desarrollar el decreto que prohíbe los nuevos emisarios que afecten negativamente a la posidonia, mientras que los titulares de los ya construidos tendrán que entregar a la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad los resultados de las analíticas de control del efluente. De esta manera, se podrán requerir mejoras sobre el tratamiento para minimizar los impactos sobre la posidonia.
Otra modificación hace referencia a la consideración de ámbito reducido de afección, que pasa de un 1 % de la pradera, recogido en el primer borrador, a 100 m
2 de pradera. Igualmente, se especifica que la gestión de los campos de boyas tiene que ser pública y que la planificación de estos se tratará caso a caso en el respectivo proyecto ejecutivo, y no dentro del decreto, teniendo en cuenta que siempre tiene que prevalecer la seguridad marítima y la protección de la especie por encima del interés económico.
Se da entrada, además, en el comité de posidonia a todas aquellas entidades y/o administraciones que así lo han solicitado.