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17 maig 2021Conselleria de Salut i Consum

COVID-19:CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN SE DA POR ENTERADO DE LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA A CARGO DEL SERVICIO DE SALUD Y DE GSAIB POR 5,5 M € CConsell de Govern

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COVID-19:CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN SE DA POR ENTERADO DE LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA A CARGO DEL SERVICIO DE SALUD Y DE GSAIB POR 5,5 M €

\ Destaca la realización de pruebas para diagnosticar la COVID-19 a los residentes baleares procedentes de la Península

\ Estas contrataciones se financian a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

 

El Consell de Govern se ha dado por enterado de las contrataciones de emergencia de suministro a cargo del Servicio de Salud y de Gestión Sanitaria Asistencial de las Illes Balears (GSAIB) por un valor de 5.594.212 €. Estas contrataciones responden a la necesidad de disponer de determinados servicios para mantener una actividad sanitaria asistencial correcta en la lucha contra la COVID-19.

Las contrataciones son las siguientes:

1. Contrataciones y adquisiciones correspondientes al Servicio de Salud, por un importe total de 5.472.228 €:

a)  Servicio de limpieza para el punto de vacunación habilitado en el recinto del antiguo Hospital Universitario Son Dureta con la empresa Contratación Integral de Servicios de Limpieza, SA, por un importe de 54.000 €.

b)  Servicio de seguridad para el punto de vacunación habilitado en el recinto del antiguo Hospital Universitario Son Dureta con la empresa Touristic Advice Services, por un importe de 48.000 €.

c) Servicio de realización de pruebas para diagnosticar la COVID-19 a los residentes baleares que vuelvan a las islas procedentes de la Península durante los meses de febrero a octubre de 2021, con la empresa Quirón Prevención, SLU, por un importe máximo de 1.179.584 €.

d) Servicio de realización de pruebas para diagnosticar la COVID-19 a los residentes baleares que vuelvan a las islas procedentes de la Península durante los meses de febrero a octubre de 2021 con la empresa Gestión Hospidos SL-IMED Hospitales, por un importe máximo de 107.952 €.

e) Servicio de realización de pruebas para diagnosticar la COVID-19 a los residentes baleares que vuelvan a las islas procedentes de la Península durante los meses de abril a octubre de 2021 con la empresa Eurofins Megalab, SA, por un importe máximo de 660.576 €.

f)  Se ha contratado el suministro de 11.461.200 guantes de nitrilo con la empresa Medline International Iberia, SL, por un importe de 1.203.426 €.

g) Se ha contratado el suministro de material de laboratorio para pruebas COVID-19 consistente en placas para cultivo, film sellador, reactivos, soluciones, cubiertas ópticas y equipos de aislamiento con la empresa Life Technologies, SA, por un importe de 1.668.790 €.

h) Se ha contratado el suministro de material sanitario y de protección contra la COVID-19 consistente en batas, vestidos, máscaras y jeringuillas con la empresa Farmadosis, SL, por un importe de 549.900 €.

2. Contrataciones y adquisiciones correspondientes a Gestión Sanitaria Asistencial de las Illes Balears (GSAIB) con la empresa Telefónica de España, SAU, por un importe total de 121.984 €:

a) Servicio de telefonía para el control de puertos y aeropuertos de las Illes Balears, por un importe de 110.134 €.

b) Servicio de telefonía para las funciones administrativas del plan de vacunación masiva contra la COVID-19 en las Illes Balears, por un importe de 11.850 €.

Hay que destacar que todas estas contrataciones se financian a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de las Illes Balears autorizado por la Comisión Europea. Esta redistribución de las ayudas europeas se enmarca en la decisión de la Unión Europea de flexibilizar el uso de los fondos de cohesión para reforzar los sistemas sanitarios y la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria.

El mes de marzo de 2020, el Consell de Govern aprobó el acuerdo de medidas que se tenían que adoptar en materia de contratación pública a consecuencia de la declaración del estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Esto supuso que a todos los contratos celebrados por la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector público instrumental les fuera aplicable la tramitación de emergencia.