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La integridad es un pilar esencial del buen gobierno y de una Administración pública responsable. Expresa el compromiso constante y verificable de los cargos públicos y del personal al servicio de la Administración de actuar según valores, principios y normas éticas que garanticen la primacía del interés público por encima de cualquier interés particular.
Este compromiso implica el ejercicio de las funciones de forma transparente, honesta, imparcial y responsable, asegurando la rendición de cuentas y actuando siempre en beneficio del interés general.
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