El Informe de Evaluación de los Edificios (de ahora en adelante IAE) es un documento en el cual se acredita la situación en la cual se encuentran los edificios, al menos en relación con su estado de conservación, con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, y con el grado de su eficiencia energética.

Según el artículo 29.1 del Real decreto legislativo 7/2015 están obligados los propietarios de edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva.

Según el artículo 125. 1 de la LUIB están obligadas, las personas propietarias, físicas y jurídicas, o las comunidades de propietarios de edificaciones, que tengan una antigüedad de 50 años, con una periodicidad de diez años. Se exceptúan de su consideración como edificación aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, de acuerdo con las definidas así a la legislación estatal.

También pueden estar obligados a realizar el IAE los propietarios de cualquier edificio, con independencia de su antigüedad, cuando pretendan solicitar ayudas públicas.

Generalmente, según el artículo 125.1 de la LUIB, y sin perjuicio del que dispongan las ordenanzas municipales, los edificios tienen que disponer del primer informe de evaluación del edificio (IAE), como máximo, cuando cumplan 50 años de antigüedad. A partir de este momento, el IAE se tiene que renovar, como máximo, cada diez años.

La normativa municipal que regula el IAE puede establecer especialidades de aplicación del citado informe, en función de su ubicación, antigüedad, tipología o uso predominante.

El IAE tiene que identificar el bien inmueble, con expresión de su referencia catastral y contener, de manera detallada:

• a) La evaluación del estado de conservación del edificio: el técnico facultativo competente tiene que identificar, mediante la inspección visual, las lesiones y deficiencias que puedan afectar los elementos comunes, los cimientos, la estructura, las fachadas, las medianeras, las cubiertas y las instalaciones comunes de suministro de agua, electricidad, red de saneamiento y pluviales, así como otros elementos, en especial los que puedan suponer un riesgo para las personas. En el informe, si procede, se tienen que incluir fotografías de las lesiones o deficiencias detectadas.
• b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, para establecer si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.
• c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido por la normativa vigente.

Según el arte 125.3 LUIB: Los informes que se emiten como resultado de las evaluaciones e inspecciones tienen que identificar el bien inmueble, con expresión de la referencia catastral, y tienen que consignar su resultado con descripción de los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus causas posibles y las medidas recomendadas, así como el grado de efectividad de las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones contenidas en informes técnicos de inspecciones anteriores.

Según el artículo 125.6. Las personas propietarias de inmuebles obligadas a la realización del informe de evaluación regulado por este artículo tienen que presentar una copia al ayuntamiento porque este, la envíe a la consellería competente en materia de vivienda, para que la información que contienda se incorpore al Registro de Informes de Evaluación de Edificios.

Como medida transitoria y mientras se trabaja en la aprobación del Decreto y el nuevo registro (RIAE), y hasta que se publique un procedimiento específico en la sede electrónica de la CAIB para llevar a cabo el registro de los IAE, estos se tendrán que registrar al Registro Electrónico General de la CAIB mediante una instancia genérica dirigida a la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La misma regla es aplicable en relación con el informe que acredite la realización de las obras correspondientes, en los casos en que el IAE integre el correspondiente a la Inspección Técnica, en los términos previstos, y siempre que de este último se derivara la necesidad de enmendar las deficiencias observadas en el inmueble.

Según el artículo 163 de la LUIB se considera infracción urbanística leve no someter el edificio a la inspección técnica o a la evaluación de edificios prevista en el artículo 125 de la LUIB, cuando esté obligado por la normativa vigente.

La administración competente en ejercer la materia de disciplina urbanística es la municipal.

Según el artículo 175 de la LUIB la infracción descrita se tiene que sancionar con una multa de 600 a 3.000 euros.