Antoni Aulí trabaja desde hace años en el Arxiu-Museu de l´Educació situado en Inca, donde se custodian todos los expedientes personales de los maestros fallecidos y jubilados, un amplio fondo documental que ha permitido al equipo del museo realizar una investigación sobre el proceso de depuración del magisterio durante los primeros años del franquismo. El pasado viernes, impartieron una conferencia en Selva sobre varios casos concretos de maestros represaliados en este municipio mallorquín.

—¿En qué consistió la depuración del magisterio?

—Fue un proceso de investigación sobre la actitud moral de los maestros y funcionarios, para saber si eran adeptos a la República o al franquismo. Se llevaron a cabo dos procesos diferentes.

—¿Cuándo se llevó a cabo la primera depuración?

—El primer proceso se inició cuando estalló la guerra civil y consistió, simplemente, en un baile de plazas. Fue un proceso dirigido por Alfredo Llompart, presidente del tribunal, y Joan Capó Valls, inspector jefe. Cuando empezó la guerra, coincidió con el periodo de vacaciones escolares y muchos maestros que trabajaban en la isla estaban en la península. En un clima de desorden, el inspector Capó reorganizó todas las escuelas, recolocando a muchos maestros. El primer proceso de depuración fue más ´light´.

—¿Cómo fue el segundo proceso depurador?

—Se inició en 1937, coincidiendo con los procesos que ya se llevaban a cabo en las regiones españolas controladas por los franquistas. El segundo proceso estuvo dirigido por el cura Bartomeu Bosch Sansó, director del instituto Ramón Llull, y tuvo la particularidad de que el propio tribunal pedía informes sobre los maestros, algo que en el primer proceso no se hizo, ya que eran los propios maestros quienes informaban sobre sí mismos.

—¿A quién pedía informes el tribunal para saber si debía sancionar a o no a los maestros?

—A un grupo de cuatro personas formado por el alcalde del municipio, el jefe de la Guardia Civil, el capellán y otra persona de reconocida aceptación en la comunicad. Se elaboraron muchos informes desfavorables, y no se priorizaba tanto la ideología de derechas o izquierdas del maestro como la vida social que llevaba. Existen casos curiosos que prueban esta afirmación.

—¿Por ejemplo?

—El caso de Caritat Martí, una maestra de Sóller. Fue acusada por otra maestra de entenderse con su marido. El rector del pueblo informó de que se trataba de una señorita de ´vida moderna´. Ella niega las acusaciones, y a pesar de ser una mujer casi adepta al régimen franquista, fue trasladada un año a Inca como sanción.

—¿Qué informes solicitaba el tribunal sobre un maestro?

—A los cuatro personajes citados se les pedía información sobre la conducta profesional, religiosa y social del maestro. También querían saber si formaba parte de alguna asociación secreta, sus actuaciones a nivel político, la orientación de la enseñanza que impartía y si era simpatizante de algún partido nacionalista.

—¿Qué pasaba después, cuando el tribunal tenía todos los informes solicitados?

—Con la documentación sobre la mesa, el tribunal depurador emitía unos cargos. El maestro tenía un plazo de tiempo para enviar un pliego de descargo, una especie de alegaciones. Después se remitía el expediente al Tribunal Nacional, ubicado en Burgos, acompañado de una propuesta de sanción. A partir de aquí, se sancionaba o no al maestro.

—¿Se tenía en cuenta la opinión de los maestros en el proceso?

—La opinión personal de los maestros pesaba muy poco, pero a veces el propio tribunal intercalaba notas manuscritas en el expediente que podían cuestionar la integridad de algunos informadores, lo que iba a favor del maestro examinado.

—¿A qué tipo de sanciones se enfrentaban los maestros?

—En el mejor de los casos, no había ninguna sanción. El resto de sanciones consistían en traslados a otras escuelas que podían estar en la misma provincia o en otra. A otros les jubilaban de forma anticipada o se les inhabilitaba para ejercer cargos directivos. Las sanciones más duras eran la suspensión de empleo y sueldo y la separación definitiva del servicio.

—¿A cuántos maestros mallorquines afectó la depuración?

—Se sabe que en el primer proceso, fueron sancionados un 25 por ciento de los maestros. No hay datos sobre el segundo proceso, pero las sanciones afectaron a muchos más, con bastantes casos de separación definitiva del magisterio. Podía pasar que el primer tribunal no sancionase y el segundo sí, ya que en este proceso el tribunal pedía más informes.

—¿Cuándo se dio por concluido el proceso de depuración?

—En la península finaliza en el año 1940, aunque en Balears se prolonga hasta 1943, hasta el punto de que la zona nacional tuvo que llamar la atención a las islas por el retraso acumulado. En Menorca ocurrió un caso curioso, y es que hubo una doble depuración: la republicana, cuando la isla todavía era fiel a este sistema, y después la franquista.

—¿Qué efectos tuvo la depuración sobre el trabajo de los maestros en activo?

—Era una forma de tener a los maestros controlados. El régimen diferenciaba entre dos tipos de escuela: la de Dios y la del Demonio. La escuela pública cayó en desgracia y se potenciaron los centros de la iglesia.

—Ha investigado los casos de algunos maestros de Selva. ¿Quiénes eran?

—Nos hemos centrado en cinco casos concretos. Los de Joan Socias y Vicenta Bonet, partidarios del ´glorioso alzamiento nacional´, y otros como Miquel Mateu, Francisca Calafat, condenada por un consejo de guerra, y Jaume Morro, acusados de ´enseñanza disolvente´ y expulsados de la práctica del magisteri0.

—¿Qué casos le llaman más la atención de los investigados en el municipio de Selva?

—El caso de Vicenta Bonet es curioso. Era una maestra interina que trabajó en diferentes sitios. En Menorca, cuando la isla aún era fiel a la República, convenció a la escuela de no colgar la bandera tricolor porque dijo que su padre, militar, le había enseñado a odiar el símbolo republicano. Cuando entran los nacionales a Menorca, Bonet sufrió otra depuración.En su recurso, llegó a ofrecer su carrera de maestra y sus seis hijos al régimen franquista. También está el caso de Jaume Morro, maestro de Caimari, que en el primer proceso de depuración reconoció que había pertenecido a Izquierda Republicana hasta febrero de 1936. Le suspendieron en 1940, pero más adelante le rehabilitan.