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23 septiembre 2021Presidenta
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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluirá 183 millones de euros para las Illes Balears a través del factor de insularidad del Régimen Especial

La presidenta Armengol y la ministra Montero firman el acuerdo de compensación de la insularidad logrado en la Comisión mixta Estado-CAIB

Armengol: “Se trata de una cantidad histórica que hace justicia a los deseos y anhelos de la sociedad de las Illes Balears”


La Comisión mixta de Economía y Hacienda entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, reunida hoy en la finca de Raixa, ha acordado la inclusión de 183 millones de euros al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 para compensar la insularidad y el déficit inversor estatal en las islas, a través del despliegue, por primera vez, del Factor de insularidad previsto al Régimen Especial de las Islas Baleares (REIB).

El acuerdo, firmado por la presidenta Francina Armengol y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, establece la metodología de cálculo de la dotación inicial del factor de insularidad, consensuada a la comisión tal como prevé el Real decreto ley del REIB, y fija esta dotación en 110 millones para ser incluida en los PGE 2022. En total, el importe para 2022 asciende a 183 millones, puesto que el acuerdo incluye 73 millones más como compensación a las Balears debido al tiempo transcurrido desde la aprobación del Real decreto ley, en febrero del 2019.

La presidenta Armengol ha asegurado que con este acuerdo se da “un salto histórico en el cumplimiento del REB y de la compensación de la insularidad”, motivo por el cual también ha querido agradecer a la sociedad civil, grupos políticos e instituciones, así como especialmente al Círculo de Economía, puesto que han “trabajado unidos en momentos complicados” y desde la necesidad de que el Estado compense los problemas que genera la insularidad. Con esta cantidad de dinero, Armengol ha destacado que se pone de manifiesto “la sensibilidad del gobierno español para entender qué significa vivir en una comunidad autónoma isleña y cumplir con los sueños y aspiraciones de su ciudadanía”.

En este sentido, ha destacado que esta herramienta “garantiza fondos estatales adicionales para reforzar la inversión pública en las Balears, para contribuir a situar a las islas en la media de la inversión estatal en las comunidades autónomas”. Se trata de una “negociación extraordinaria para hacer una compensación extraordinaria a nuestra tierra. Una cantidad histórica que hace justicia a los deseos y anhelos de la sociedad de las Illes Balears”, ha subrayado, y ha añadido: “al fin hay un gobierno de España que hace justicia con esta tierra”.

Por su parte, la ministra Montero ha recalcado que el acuerdo ha sido posible “gracias al impulso y la insistencia de la presidenta Armengol para hacer realidad esta circunstancia negociada el 2019” para que el gobierno del Estado “fuera capaz de identificar la singularidad de las islas a la hora que puedan ofrecer a su ciudadanía las mejores infraestructuras y unos servicios públicos de excelencia”.

Tal y como establece el Real decreto ley del Régimen Especial de las Balears, el factor de insularidad debe de ser incluido en los PGE y el cálculo tiene en cuenta los desequilibrios inherentes a la discontinuidad territorial propia del hecho insular y pluriinsular, especialmente en materia de inversión.

Así, para la cuantificación de la dotación inicial, se ha tenido en cuenta la diferencia entre la inversión del Estado per cápita en las Balears y la inversión per cápita en las comunidades autónomas de régimen común. Esta inversión incluye los datos de gasto ejecutado por el conjunto del sector público estatal tanto en inversiones directas como en inversiones indirectas, en el periodo entre 2015 y 2018, último año con datos disponibles.

En cuanto al uso de este fondo, el Real decreto ley prevé que servirá para financiar actuaciones a ámbitos especialmente afectados por la insularidad y, específicamente, en materias como infraestructuras y sistemas de transporte; gestión y saneamiento de recursos hídricos y del litoral, costas y playas; infraestructuras y redes de energía y promoción de renovables y energías alternativas; infraestructuras de transporte y sistemas de movilidad; becas en el estudio y en la investigación en el sistema educativo y ayudas a la movilidad; modernización y diversificación del sector turístico; promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación; tratamiento, reutilización, recogida, reciclaje y transporte de residuos, y actuaciones sobre el patrimonio cultural, etnológico, arqueológico, arquitectónico y paisajístico de las Baleares.

De acuerdo con lo que prevé el Real decreto ley del REIB, la dotación inicial, fijada en 110 millones, se actualizará anualmente, en función del nivel de inversiones del Estado, y el acuerdo establece la incorporación de los créditos presupuestarios correspondientes en los proyectos de PGE de los próximos cinco años, de 2022 a 2026. Además, el acuerdo también recoge que los millones adicionales para 2022 se tendrán que corresponder a actuaciones realizadas en ámbitos especialmente afectados por el hecho insular.

La presidenta Armengol y la ministra Montero han firmado el acuerdo logrado entre ambos gobiernos en la comisión bilateral. Por parte del Govern, también han participado el vicepresidente Juan Pedro Yllanes, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, así como los directores generales de Presupuestos, Joan Ignasi Morey, y de Financiación, Francisco Oliver, y la secretaria general de la Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores, Begoña Morey.

Al acto también han asistido la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, a quien la presidenta ha agradecido su tarea como consellera de Hacienda durante la pasada legislatura, cuando se negoció y aprobó el REIB. Además, el acto ha contado con la asistencia de la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo.