Yllanes anuncia en la COP26 que el Govern aprobará el Plan de Transición Energética y Cambio Climático en 2022 NNota Informativa

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha presentado este miércoles en la Cumbre por el Clima (COP26) las estrategias para la adaptación ante el cambio climático que tiene la Ley de Transición Energética y Cambio Climático de las Balears y ha anunciado que el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, uno de los instrumentos principales previstos en la Ley para trabajar en esta mitigación y adaptación, se aprobará de forma inicial durante el año 2022.

El vicepresidente ha hecho este anuncio durante su presentación en el evento paralelo organizado por la ONU bajo el nombre «Aumento de la ambición de resiliencia: liderazgo de islas pequeñas», que ha compartido junto con Emily Wilkinson, de la Agencia Ejecutora de Resiliencia Climática para Dominica (CREAD) y del Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI, en inglés); Hon Cozier Frederick, ministro de Medio Ambiente, Modernización Rural y Mejoramiento de Kalinago del Gobierno de la Commonwealth de Dominica, y Courtenay Rattray, alto representante para los países menos desarrollados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo (ONU-HORLLS).

El Plan de Transición Energética y Cambio Climático garantiza acciones concretas a corto, medio y largo plazo para empezar a implementar de manera efectiva las políticas que marca la Ley, como, por ejemplo, en el apartado de mitigación, un reparto de emisiones máximas por sectores y por islas, en las que cada territorio deberá asumir su parte de corresponsabilidad para la disminución de emisiones en las Balears.

Además, el Plan dará coherencia a todas las acciones que se están desarrollando en las diferentes consejerías del Govern en materia de adaptación, dentro de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, y marcará nuevas líneas prioritarias para mejorar la resiliencia.

El vicepresidente, durante su presentación, ha indicado que la Ley balear tiene también como objetivo disminuir la vulnerabilidad de los diferentes sectores y ecosistemas de las islas ante el impacto que producirá el cambio climático, mayor o menor según los escenarios climáticos que se prevén en el futuro.

En su intervención ha señalado que el Govern tiene como «objetivo fundamental hacer emerger las principales líneas de acción con el fin de aumentar la resiliencia al cambio climático, así como para fijar indicadores para medir su implementación». Además, ha indicado que «entre los instrumentos de adaptación contenidos en esta ley, también encontramos la inclusión de la perspectiva climática en las políticas a través de un enfoque transversal». Así, ha explicado Yllanes, «las leyes, normativas, presupuestos, políticas sectoriales y otros planes deberán solicitar un informe al Departamento de Cambio Climático».

Por otra parte, el vicepresidente ha informado de que desde el ejecutivo balear ya se han puesto en marcha acciones para las instituciones locales. En este sentido, ha explicado que el Govern de les Illes Balears, por primera vez, ha aprobado una orden de subvenciones  orientadas a la implementación de sumideros de carbono junto a acciones de adaptación al cambio climático. Gracias a esta iniciativa se llevarán a cabo muchos proyectos de adaptación a escala municipal con la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza o la creación de refugios climáticos.

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, dispone de 299.872,07 € para actuaciones de adaptación al cambio climático en zonas urbanas y periurbanas. El importe máximo de ayuda para las actuaciones piloto de carácter innovador será de 90.000 €, y para la redacción de informe y/o proyecto de una actuación, será de 25.000 €.

Estos fondos están establecidos dentro de la línea de subvenciones prevista en el Plan de Impulso del Medio Ambiente (PIMA) y tienen como beneficiarias a las entidades locales, excepto Palma (que tiene más de 100.000 habitantes), que las podrán solicitar a partir del mes de noviembre y hasta el 15 de enero de 2022. Por otro lado, tanto si la solicitud es para la redacción de un proyecto como si es para ejecutarlo, hay que justificar que se ha llevado a cabo, adecuadamente, antes del 1 de julio de 2024.