El Govern, el Consell y los ayuntamientos de Eivissa acuerdan modificar la Ley de Actividades para fortalecer las medidas para combatir las fiestas ilegales NNota Informativa

El Govern de las Islas Baleares, el Consell Insular de Eivissa y todos los ayuntamientos de la isla han llegado a un acuerdo para intensificar la lucha contra las fiestas ilegales, a través de una modificación de la Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares.

El objetivo es hacer frente a la proliferación de las fiestas ilegales, sobre todo las que se llevan a cabo en viviendas y en determinados ámbitos de suelo rústico. Estos tipos de actos, al margen de la competencia desleal que suponen para las actividades de entretenimiento y ocio legalmente establecidas, no sólo implican un importante riesgo para las personas que participan, al no tener los lugares donde se llevan a cabo los elementos de seguridad y protección requeridos, sino que también tienen importantes impactos en el orden público y en la convivencia ciudadana, generan molestias y bullicios, problemas de movilidad y de acceso de servicios esenciales, además de ser un potencial foco otras actividades ilícitas.

Con esta modificación de la Ley se hace una definición cuidadosa de estas fiestas, diferenciándolas de las que tienen un carácter familiar o privado y del resto de actividades no permanentes que, a pesar de que puedan presentar similitudes con estas fiestas, no tienen este carácter de acontecimientos organizados como oferta paralela a la oferta legal de ocio y entretenimiento.

De este modo, se considerarán fiestas ilegales las reuniones o los acontecimientos multitudinarios de ocio y entretenimiento, con ánimo de lucro, celebrados en espacios que no tienen consideración de establecimiento público y que se comercializan fuera de los canales convencionales. Se prohíben, por lo tanto, estas celebraciones a toda clase de inmuebles, espacios y suelo, con independencia de su clasificación urbanística.

Además, se establecerá un régimen sancionador que alcanza los organizadores y las personas que se lucran con estas actividades; los participantes que, con su actitud incívica, ponen en riesgo la salud de las personas o el medio ambiente; los profesionales y las empresas que colaboren en la organización y la celebración de estos acontecimientos, y las personas propietarias donde se haga la fiesta ilegal. La inclusión de propietarios y profesionales y emprendidas organizadoras como responsables es otra de las novedades que incluye esta modificación.

Las multas serán: 

1. Falta leve por participar en estas fiestas. De 300 a 3.000 euros.

2. Falta grave por organizar, comercializar o anunciar estas fiestas y también para participar si se hacen en espacios naturales protegidos o viviendas. Multa de 3.000 a 30.000 euros.

3. Falta muy grave por organizar, comercializar o anunciar fiestas ilegales en espacios naturales protegidos o viviendas, con multas que pueden ir de los 30.000 a los 300.000 euros.

Se incluye como agravante si hay o no molestias a los vecinos, lo cual puede hacer que la cuantía de la multa vaya más hacia el máximo que al mínimo.

Como última novedad, se plantea que no haga falta esperar al inicio de un expediente sancionador para que los órganos competentes puedan aplicar medidas cautelares.

En la reunión que ha acordado estas medidas han participado la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido; el consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí; el director general de Emergencias e Interior, Jaume Barceló; el presidente del Consell Insular de Eivissa, Vicente Marí; el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, y los alcaldes y la alcaldesa de la isla.

Precisamente, Garrido ha destacado que este acuerdo «supone un punto de inflexión en cuanto a la lucha contra las fiestas ilegales y esperamos que tenga un efecto disuasori, de forma que a partir de ahora quien quiera organizar una fiesta ilegal se lo piense dos veces». Finalmente, la consejera ha agradecido la tarea de todas las instituciones implicadas, con lo cual «demostramos que la colaboración institucional, la unidad y el diálogo dan sus frutos y permiten actuar para tener una temporada positiva, con un alto nivel de ocupación de calidad, segura y en la cual visitantes y residentes podamos disfrutar de los meses de verano».