El Govern de les Illes Balears, en consonancia con las recomendaciones del Consell Social de la Llengua Catalana y con la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual de 2018, considera esencial asegurar para la lengua catalana y el resto de lenguas oficiales del Estado una presencia en la oferta audiovisual, en aplicación del concepto de prominencia que la misma Directiva europea establece. De este modo, no tan sólo se fortalece la vitalidad de estas lenguas y se contribuye a su continuidad, sino que, además, se garantiza que los ciudadanos pueden ejercer el derecho de acceder a una oferta audiovisual en su lengua propia.
La tramitación de la nueva ley general de comunicación audiovisual es una oportunidad para hacerlo posible, por ejemplo incorporando un porcentaje adecuado de presencia del catalán y las otras lenguas del Estado, además del castellano, a los servicios audiovisuales a demanda, esto es, las plataformas digitales y las de intercambio de vídeos. Esta nueva ley tiene que servir para transposar a la legislación española la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual de 2018, que tiene como objetivos respetar la diversidad cultural y lingüística y garantizar los derechos de los usuarios.
Hay que recordar, además, que la Constitución española reconoce la igualdad de los ciudadanos ante la ley y obliga los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los cuales se integra sean reales y efectivas, a remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.