El Govern de les Illes Balears pide en el Gobierno español medidas que hagan efectivos los derechos lingüísticos de la ciudadanía NNota Informativa

La secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret, ha trasladado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública la necesidad de poner en marcha medidas que hagan efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, como es el caso de las Illes Balears, y ha ofrecido la ayuda y el asesoramiento de Govern de les Illes Balears para que el Estado «avance en el reconocimiento efectivo de la realidad plurilingüe».

Lo ha hecho durante la reunión mantenida ayer entre el secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos, en la que también ha participado la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, y representantes institucionales en la materia de los gobiernos de los territorios con dos o más lenguas oficiales: Illes Balears, País Valenciano, Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia. Así mismo, también había representantes de Aragón, Asturias y Castilla y León.

Según ha recordado Vilaret, Baleares es la única comunidad autónoma con lengua propia diferente del castellano donde todavía no han sido transferidas las competencias de Justicia y, fruto de esto, «no se garantizan los derechos lingüísticos en esta Administración». Así mismo, ha explicado que se está trabajando con la Delegación del Gobierno español para que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Estado “conozcan la lengua propia de las Illes Balears y se garantice una atención correcta a la ciudadanía”.

Por su parte, el secretario de Estado ha detallado las actuaciones que el Gobierno español quiere llevar a cabo en materia lingüística con el objeto de cumplir con las obligaciones contraídas mediante la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. En este sentido, Francos ha expresado la voluntad del Gobierno español de asumir el plurilingüismo del Estado y hacer una tarea transversal a cada ministerio poniendo en marcha, entre otros, iniciativas de formación y de sensibilización para que los funcionarios estatales se puedan incorporar al aprendizaje de las lenguas oficiales diferentes del castellano.