Estos días se cumplen 25 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. La Declaración fue proclamada en Barcelona en 1996 en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos. Promovida por el PEN Club y por el CIEMEN, con el apoyo de la UNESCO, en la redacción de la Declaración participaron cerca de 150 ONG y expertos en derecho lingüístico de todo el mundo.
La Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos en las Islas Baleares, que ya dedicó el calendario de 2021 a esta efeméride, tiene previsto celebrar un acto para remarcar la vigencia de la Declaración 25 años después de ser aprobada. En el acto, que tendrá lugar en Palma el 22 de junio, intervendrán el sociolingüista ibicenco Isidor Marí, que participó directamente en la elaboración del documento, y el filólogo vasco Paul Bilbao, el cual hablará del Protocolo de Donostia, un mapa de ruta para garantizar los derechos reconocidos en la Declaración.
La directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, ha manifestado que “garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos es fundamental para propiciar el bienestar de las personas”. En este sentido, la Declaración proporciona herramientas para gestionar de manera justa el ejercicio de estos derechos en un mundo en que los contactos entre lenguas aumentan de manera exponencial debido a la globalización. Así mismo, Defior ha recordado que el mes de diciembre pasado la Dirección General de Política Lingüística puso en marcha la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, un instrumento a disposición de todos los ciudadanos que vela porque se garantice el ejercicio de estos derechos.
Aunque no tiene carácter jurídico vinculante, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos es un documento de referencia en el ámbito internacional. Se despliegan conceptos básicos, como la noción de lengua propia o las distinciones entre comunidad lingüística y grupo lingüístico, entre derechos individuales y derechos colectivos, entre integración y asimilación, etc. La Declaración aborda la necesidad de articular los derechos lingüísticos de comunidades, grupos y personas que comparten un mismo espacio, de forma que sea posible la convivencia entre todos y se garantice la diversidad lingüística y cultural, en un marco en que no se ponga en riesgo la continuidad de ninguna comunidad lingüística.