​El Govern publica el informe “Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro”, elaborado por un equipo de la Universitat de les Illes Balears dirigido por el Dr. José Luís Groizard. NNota Informativa

“Los costes de la insularidad de las Islas Baleares: evaluación de políticas actuales y propuestas de futuro”, es un documento de análisis, recogida de datos y de elaboración de pautas y propuestas de cara a la redacción de una nueva ley del REB. Parte de la demanda del Grupo de trabajo para el nuevo REB, integrado por el conjunto de instituciones, fuerzas políticas, agentes sociales, económicos y cívicos de Baleares, y recoge en gran medida las aportaciones hechas para conseguir un mecanismo real de compensación de los desajustes económicos causados por la discontinuidad territorial, que el primer informe de la UIB de 2014 cuantificaba en cerca de 8.000 millones de euros anuales.
El documento dirigido por el Dr. Groizard evalúa los programas más importantes ya propuestos en el REB original de 1998, muchos de los cuales no han sido puestos en marcha, o lo han hecho con deficiencias. También se detiene a analizar otras medidas que no fueron contempladas en la ley de 1998, y finalmente también se tiene en cuenta el déficit inversor del Estado en Baleares durante el periodo comprendido entre 2000 y 2015.
La consellera Catalina Cladera ha destacado que el estudio de la UIB “es una herramienta más, muy válida, para continuar reclamando el nuevo Régimen Especial de Baleares”. En este sentido, el valor del trabajo de los expertos de la UIB es el de “evaluar la aplicabilidad de las medidas que proponemos, tanto por el alcance de la compensación, del régimen fiscal, y de la implementación del Fondo de Insularidad”; y más allá lo anterior, “ver qué encaje tienen estas demandas en el entorno de otras realidades insulares, como las Islas Canarias, Córcega, Cerdeña o algunas islas griegas”.
La primera parte del informe se dedica al análisis de la realidad sobre la política en puertos y aeropuertos, sobre el transporte de personas, mercancías, residuos e hidrocarburos por vía marítima y de personas por vía aérea, así como también de los agravios en referencia al acceso de los ciudadanos de las islas a la sanidad y la educación en condiciones de igualdad con respecto a los ciudadanos de la península.
En un segundo bloque, el trabajo dirigido por Groizard evalúa propuestas de medidas de cariz fiscal que se tendrían que aplicar en Baleares, como la implantación de un IVA especial para las Islas, el fomento de la inversión y la exportación para empresas radicadas a las islas.
También hay un apartado dedicado a la pertinencia de la creación de un Fondo de Insularidad, que el informe propone que esté dotado inicialmente por la Administración del Estado a partir del déficit inversor de los últimos 10 años, en referencia a la media de las inversiones territorializadas destinadas a las comunidades autónomas.
Finalmente el informe también propone la adopción otras medidas complementarias, como el Observatorio de la Insularidad, y plantea que se disponga de herramientas estadísticas conjuntas con el Estado sobre el seguimiento de precios y costes, y facilitar el acceso al control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como forma de mejora del funcionamiento de los mercados.
“Las conclusiones del informe nos son de ayuda en nuestro camino hacia un nuevo REB” ha afirmado Cladera, que además cree “imprescindible” que “se activen de una vez y definitivamente las comisiones mixtas y los grupos de trabajo con el Estado para poder llevar el nuevo REB a buen puerto”.