1 febrero 2016
| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Las empresas que trabajen para la Administración pública tendrán que asumir cláusulas sociales para velar por la ocupación de calidad NNota Informativa
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Las empresas que trabajen para la Administración pública tendrán que asumir cláusulas sociales para velar por la ocupación de calidad
El Govern creará una comisión de trabajo para incorporar cláusulas sociales a la contratación de la CAIB, a petición de los sindicatos
Las empresas que quieran ser contratadas por la Comunidad Autónoma tendrán que cumplir con las condiciones que marcan los convenios colectivos sectoriales vigentes. El conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, se han reunido hoy con los representantes de CCOO y UGT, quienes han solicitado la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública a la hora de licitar obras y servicios para la Administración autonómica.
Negueruela y Cladera han manifestado el compromiso del Govern para acelerar la incorporación de criterios sociales a la hora de determinar la adjudicación de todos los contratos públicos. Por eso, ambos consejeros crearán, de forma inminente, una comisión de trabajo para incorporar las cláusulas sociales a la contratación pública.
A efectos orientativos, durante el año 2014 la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha recogido que las consellerias del Govern, el IBSalut y otros órganos celebraron 4.040 contratos, la mayoría de los cuales fueron menores. Basados en acuerdos marco, aquel año se produjeron 156 contratos. Sólo en los sectores de la limpieza de instalaciones y de seguridad y control de accesos, la CAIB contrató empresas con una plantilla global de más de 500 trabajadores.
De este modo y resultado del diálogo social, ambas consellerias ponen en marcha uno de los compromisos recogidos en los “Acords pel Canvi”, con el objetivo de recuperar derechos de los trabajadores y mejorar la calidad de la ocupación a través del cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales en materia laboral en todo aquello relacionado con la licitación pública del Gobierno.
Valoraciones
En este sentido, el consejero Negueruela ha puesto en valor el compromiso logrado con los sindicatos puesto que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Rajoy en 2012 permite que los convenios colectivos de empresa establezcan condiciones laborales y salariales inferiores en las negociadas en el marco de los convenios sectoriales y territoriales. Motivo por el cual, Negueruela ha valorado muy positivamente el acuerdo entre las partes para tener una Administración más social que garantice unas condiciones de trabajo dignos.
En la misma línea, la consellera Cladera ha resaltado que no sólo se tiene que lograr una administración eficaz, sino también una administración más social. Un hito, ha valorado, que no implica ni más costes ni menos eficiencia, sino más sensibilidad y respeto hacia las condiciones de los trabajadores.
La consellera también ha recalcado que el acuerdo logrado representa un gran adelanto en materia social, y se da respuesta a una demanda largamente reivindicada por los representantes sindicales. La aplicación de cláusulas sociales a la contratación pública tutelada por la CAIB supone a la vez una mayor integración de valores como la igualdad, la ética y la equidad en el ámbito de la Administración autonómica. Unos principios, ha añadido, en consonancia a la forma de hacer de este Govern y que se identifican con las necesidades y demandas sociales.
Con este acuerdo, las cláusulas sociales llegan ahora a toda la contratación ordinaria; hay que recordar que en el mes de diciembre el Gobierno ya anunció, a través de la consellera de Servicios Sociales, que reservaría el 3% de la contratación pública a Centros Especiales de Ocupación y empresas de Inserción.
Negueruela y Cladera han manifestado el compromiso del Govern para acelerar la incorporación de criterios sociales a la hora de determinar la adjudicación de todos los contratos públicos. Por eso, ambos consejeros crearán, de forma inminente, una comisión de trabajo para incorporar las cláusulas sociales a la contratación pública.
A efectos orientativos, durante el año 2014 la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha recogido que las consellerias del Govern, el IBSalut y otros órganos celebraron 4.040 contratos, la mayoría de los cuales fueron menores. Basados en acuerdos marco, aquel año se produjeron 156 contratos. Sólo en los sectores de la limpieza de instalaciones y de seguridad y control de accesos, la CAIB contrató empresas con una plantilla global de más de 500 trabajadores.
De este modo y resultado del diálogo social, ambas consellerias ponen en marcha uno de los compromisos recogidos en los “Acords pel Canvi”, con el objetivo de recuperar derechos de los trabajadores y mejorar la calidad de la ocupación a través del cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales en materia laboral en todo aquello relacionado con la licitación pública del Gobierno.
Valoraciones
En este sentido, el consejero Negueruela ha puesto en valor el compromiso logrado con los sindicatos puesto que la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Rajoy en 2012 permite que los convenios colectivos de empresa establezcan condiciones laborales y salariales inferiores en las negociadas en el marco de los convenios sectoriales y territoriales. Motivo por el cual, Negueruela ha valorado muy positivamente el acuerdo entre las partes para tener una Administración más social que garantice unas condiciones de trabajo dignos.
En la misma línea, la consellera Cladera ha resaltado que no sólo se tiene que lograr una administración eficaz, sino también una administración más social. Un hito, ha valorado, que no implica ni más costes ni menos eficiencia, sino más sensibilidad y respeto hacia las condiciones de los trabajadores.
La consellera también ha recalcado que el acuerdo logrado representa un gran adelanto en materia social, y se da respuesta a una demanda largamente reivindicada por los representantes sindicales. La aplicación de cláusulas sociales a la contratación pública tutelada por la CAIB supone a la vez una mayor integración de valores como la igualdad, la ética y la equidad en el ámbito de la Administración autonómica. Unos principios, ha añadido, en consonancia a la forma de hacer de este Govern y que se identifican con las necesidades y demandas sociales.
Con este acuerdo, las cláusulas sociales llegan ahora a toda la contratación ordinaria; hay que recordar que en el mes de diciembre el Gobierno ya anunció, a través de la consellera de Servicios Sociales, que reservaría el 3% de la contratación pública a Centros Especiales de Ocupación y empresas de Inserción.