vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4816560

Las Baleares refuerzan el acuerdo de acción humanitaria internacional con la Agencia Española Internacional para el Desarrollo

Las Baleares reafirman el compromiso, por tercer año, de dar respuesta conjunta y coordinada de acción humanitaria en situaciones de crisis sobrevenida

El Consell de Govern autoriza, así, la regulación de la tercera prórroga del convenio entre la cooperación coordinada y la AECID

Las Islas Baleares mantienen la apuesta por la cooperación coordinada en acción humanitaria a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el objetivo de dar respuestas rápidas y coordinadas entre los diferentes territorios del Estado a países donde tienen lugar situaciones de crisis sobrevenida.

Las Baleares son una de las once comunidades autónomas del total de dieciséis que participan en este tipo de cooperación y la AECID es el instrumento a través del cual los diferentes territorios del Estado, de manera coordinada, transfieren recursos a la Administración estatal porque los destine donde haga más falta.

En este contexto, el Consell de Govern ha autorizado la adenda modificativa en relación con el acuerdo internacional, no administrativo ni normativo, para regular la tercera prórroga del convenio de colaboración entre la cooperación autonómica —aquella que es para la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria en las Islas Baleares por parte de la Consellería de Asuntos Sociales y Deportes— y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a favor de la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria.

Esta nueva prórroga permite que el convenio tenga efectos un año más, a partir del 10 de noviembre de 2021 hasta el día 9 de noviembre de 2022, y por un importe de 50.000 €.

Se trata de un acuerdo de carácter internacional, no constitutivo de tratado ni de acuerdo internacional administrativo ni normativo, entre el Estado, el Gobierno, los órganos, los organismos y los entes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades ceutíes y Melilla, las entidades locales, las universidades públicas y cualquier otro sujeto de derecho público con competencia para lo cual, y que contiene declaraciones de intenciones o establece compromisos de actuación de contenido político, técnico o logístico, y no constituye una fuente de obligaciones internacionales ni se rige por el derecho internacional.