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Nota informativa relativa a las obligaciones de los envasadors, importadores y distribuidores de productos envasados en aplicación de la Ley 8/2019

La Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, así como el Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento por su desarrollo, establecen las obligaciones que, atendiendo a primeros de responsabilidad ampliada del productor (RAPE), tienen los envasadors y los comerciantes de productos envasados o, cuando no sea posible identificarlos, los responsables de la primera puesta en el mercado de los productos envasados.

Esta norma estatal, de cariz básico, justo obligaba pero, sin más opción, a los envases de consumo domiciliario o doméstico, puesto que, por otros, preveía la posibilidad de acogerse a su Disposición adicional primera, puntos primero y tercero, y NO someterse voluntariamente, a ningún sistema de responsabilidad ampliada de envases, teniéndolo que comunicar así, en tal caso, en las Administraciones competentes en esta materia.

La entrada en vigor de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares (publicada al BOIB de 21/2/19), avanzándose a la futura ley estatal de residuos en revisión y siguiendo los criterios de la Unión Europea, amplía el alcance de la anterior norma estatal puesto que en su artículo 28.1 establece la obligación de que TODOS los tipos de envases (domésticos o domiciliarios, comerciales, industriales, primarios, colectivos o secundarios, terciarios o de transporte) puestos en el mercado dentro del ámbito territorial de Islas Baleares se incluyan en un sistema RAPO de envases, colectivo o individual; eliminando la anterior voluntariedad.

Visto el anterior y transcurrido un tiempo suficiente (puesto que dicha obligación resultaba efectiva desde el día siguiente de la publicación de la Ley 8/2019), los órganos de inspección de Gobierno de las Islas Baleares, vigilarán el cumplimiento del artículo 28.1 mencionado, lo cual tienen que tener en cuenta todas aquellas entidades responsables de la puesta en el mercado de las Islas Baleares de productos envasados: envasadors, importadores o distribuidores.

Se tiene que tener en cuenta la definición de envasador establecida por las anteriores normas, como "todo aquel agente económico dedicado tanto en el envasado de productos como a la importación o adquisición en otros estados miembros de la Unión Europea de productos envasados, para su puesta en el mercado o productor de productos envasados".

Así, por lo tanto se recuerda la necesidad de atender a la referida obligación, a la que se puede dar cumplimiento ya sea estableciendo un sistema individual o mediante la adhesión a un sistema colectivo, como se contempla en el artículo 27.1 de la Ley autonómica.

En caso de adhesión a un sistema colectivo ya constituido no hace falta más tramitación, mientras que para la puesta en funcionamiento de un SCRAP (Sistema Integrado de Gestión -SIG- según la denominación de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE 25/4/97)) se requiere de autorización administrativa de acuerdo con aquello regulado tanto en el artículo 32.3 de la Ley estatal 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE de 29/7/11) y la anejo X de la misma, como el artículo 8 de la Ley 11/1997 y el reglamento que la desarrolla (RD 782/1998, de 30 de abril).

Atendiendo a la Disposición transitoria cuarta de la Ley 22/2011, y puesto que el Estado todavía no ha dictado las normas de adaptación de los SCRAP a la normativa de envases, la solicitud de autorización se presentará ante la Dirección general de Residuos y Educación Ambiental -competente en la materia- si justo se da cumplimiento a esta obligación en el ámbito de las Islas Baleares. En casque el sistema colectivo mujeres agasajo a la responsabilidad ampliada del productor a nivel estatal, la solicitud de autorización tendria que presentarse allá donde este estableciera su sede social.

En caso de querer establecer un sistema individual se tiene que tener en cuenta el mismo artículo de la Ley estatal (32.2) y su anexo IX, así como la previsión del artículo 27.2 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Islas Baleares; presentando la comunicación previa ante la Dirección general de Residuos y Educación Ambiental de Gobierno de las Islas Baleares con el contenido mínimo del anexo mencionado (para lo cual todavía no existe un procedimiento digital o formulario estándar). Igualmente, si el sistema resulta aplicable a nivel nacional, la comunicación se presentará ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde tenga suyo social el peticionario.

Palma, 14 de enero de 2021

 

ANEXO IX

de la Ley 22/2011 (BOE 29/7/11)

Contenido mínimo de la comunicación de los sistemas individuales de responsabilidad ampliada

1. Datos de identificación del productor: domicilio y NIF. Indicación si este es fabricante, importador o adquiridor intracomunitario.

2. Identificación (tipo y pes) que produce puestos en el mercado anualmente y una estimación en pes de los residuos que prevén generar identificados según código LER.

3. Descripción de la organización del sistema de reutilización de productos, si es procedente, incluidos los puntos de recogida.

4. Descripción del sistema de organización de la gestión de residuos, incluidos los puntos de recogida (porcentajes previstos de preparación para la reutilización, reciclaje u otras formas de valorización y eliminación).

5. Identificación de los gestores, con indicación de las operaciones de gestión que llevan a cabo.

6. Copia de la garantía financiera subscrita, si es procedente.

7. Copia de los contratos subscritos y de los acuerdos establecidos para la gestión de los residuos.

8. Forma de financiación de las actividades.

9. Ámbito territorial de actuación.

10. Procedimiento de recogida de datos y de subministramentd’información a las administraciones públicas.

 

 

ANEXO X

de la Ley 22/2011 (BOE 29/7/11)

Contenido mínimo de la solicitud de autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada(*)

1. Identificación de la forma jurídica, domicilio del sistema, descripción de su funcionamiento, descripción de los productos y residuos sobre los cuales actúa, así como de la zona geográfica de actuación, identificación de los miembros, criterios para la incorporación de miembros nuevos idescripció de las condiciones de la incorporación.

2. Descripción de las medidas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del productor del producto, en conformidad con el que establece enles regulaciones específicas.

3. Identificación, si se tercia, de la entidad administradora, así como las relaciones jurídicas y vínculos que se establezcan entre esta entidad y el sistema colectivo de responsabilidad ampliada y quienes lo integren.

4. Relaciones jurídicas y vínculos o acuerdos que se establezcan con las administraciones públicas, si se tercia, entidades o empresas con las cuales establezcan acuerdos o contratos para la gestión de los residuos en cumplimiento de las obligaciones que se los atribuyan o con otros agentes económicos.

5. Descripción de la financiación del sistema: estimación de ingresos y gastos. Cuando la gestión de los residuos suponga un coste adicional para los productores, y, si se tercia, para los distribuidores, indicación de los métodos de cálculo y de evaluación del importe de la cuota que cubra el coste total del cumplimiento de las obligaciones que asume el sistema, con garantía que esta tiene que servir para financiar la gestión prevista; así mismo, se tiene que indicar, si se tercia, el coste que se repercute en el producto. Esta cuota, cuando proceda, se tiene que presentar desagregada por materiales, tipos o categorías. Así mismo, se tiene que especificar la manera de recaudarla. Las condiciones y modalidades de revisión de las cuotas en función de la evolución del cumplimiento de las obligaciones asumidas.

6. Si se tercia, propuesta de los criterios de financiación en los sistemas públicos.

7. Procedimiento de recogida de datos y de suministro de información a las administraciones públicas.

8. Previsión de cantidades de residuos (kg y unidades) que se prevé recoger.

9. Porcentajes previstos de preparación para la reutilización, reciclaje y valorización con sus correspondientes plazos y mecanismos de seguimiento, control de funcionamiento y verificación del grado de cumplimiento.

(*) Además, al tratarse de un SRAP de envases, se tienen que tener en cuenta los requisitos del artículo 8 de la Ley 11/1997.