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23/02/2018

Anexo y bases concurso ordinario 2018

Anexo y bases concurso ordinario 2018

ANEXO I

 

Bases comunes del concurso ordinario 2018 para la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional

 

De acuerdo con el que prevén el artículo 92 bis 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; el Real decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional; el Orden de 10 de agosto de 1994 por|para la cual se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, y la Orden de 8 de septiembre de 1994, que aprueba el modelo de convocatoria conjunta y las bases comunes que tienen que regir los concursos ordinarios para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas ha resuelto publicar las convocatorias de concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las corporaciones locales de esta comunidad autónoma, reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, con sujeción a las bases que se exponen a continuación.

 

1. Puestos de trabajo

 

En este concurso se ofrecen los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional en las corporaciones locales que han efectuado la convocatoria correspondiente (anexo II).

 

2. Participación

 

2.1. Los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional pueden concursar a los puestos de trabajo que, según la clasificación, correspondan a la subescala y categoría a que pertenecen. Asimismo, los funcionarios que no están integrados en las subescalas actuales y que pertenecen a los extinguidos cuerpos nacionales de secretarios, interventores y depositarios de la Administración local en qué se refiere la disposición transitoria primera del Real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, pueden concursar a los puestos de trabajo que se ofrecen en los términos siguientes:

 

Los secretarios de primera, a puestos de trabajo reservados a la subescala de secretaría, categoría superior.

Los secretarios de segunda, a puestos de trabajo reservados a la subescala de secretaría, categoría de entrada.

Los secretarios de tercera, a puestos de trabajo reservados a la subescala de secretaría intervención.

Los secretarios de ayuntamientos para extinguir, en secretarías de ayuntamientos con población no superior a los 2.000 habitantes.

Los interventores, a puestos de trabajo reservados a la subescala de intervención tesorería, categoría superior, pero únicamente a puestos de intervención.

Los depositarios, a puestos de trabajo reservados en la subescala de intervención tesorería, pero únicamente a puestos de tesorería.

 

2.2. No pueden concursar:

 

2.2.a Los funcionarios inhabilitados y los suspendidos en virtud de sentencia o resolución administrativa firmes, si no ha transcurrido el tiempo que se determina.

2.2.b Los funcionarios destituidos en qué se refiere el artículo 148.5 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el periodo en el cual se extiende la destitución.

2.2.c Los funcionarios en las situaciones de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, si no ha transcurrido el plazo de dos años desde que pasaron a esta situación.

2.2.d Los funcionarios que no tengan una permanencia de dos años en el última destino obtenida con carácter definitivo en cualquier administración pública, a menos que concursen en lugares de la misma corporación reservados a su subescala y categoría o que se encuentren en los supuestos del artículo 20.1 f de la Ley de medidas para la reforma de la función pública.

 

3. Documentación y plazo para participar

 

3.1. En el plazo de quince días naturales a partir de la publicación conjunta del concurso en el BOE, los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional que quieran tomar parto tienen que enviar a la corporación local en la cual concursen la documentación siguiente:

 

Solicitud de participación con declaración jurada en que conste que no se encuentran sometidos en ninguna de las circunstancias a que se refiere la base 2.2 de la convocatoria.

Documentación acreditativa del conocimiento de la lengua y de los méritos de determinación autonómica, de acuerdo con lo que establece la base 4 de este anexo, y también, si es el caso, de los méritos específicos de cada puesto de trabajo.

 

3.2. Las personas que concursan a dos o más puestos de trabajo tienen que presentar la solicitud y la documentación acreditativa del conocimiento de la lengua y también la de los méritos de determinación autonómica y de los específicos en todas las corporaciones en las cuales soliciten puestos de trabajo. Asimismo, las personas que concursen en dos o más puestos tienen que presentar, en idéntico plazo de 15 días naturales, una lista con la orden de prelación de adjudicaciones ante la Dirección General de Función Pública, Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones (c/ María de Molina, 50 - 28071 Madrid). El orden de prelación tiene que ser único y comprensivo de la totalidad de puestos solicitados, y también único si se concursa en una o diversas subescalas y categorías. La formulación del orden de prelación, cuyo único objeto es evitar la adjudicación simultánea de diversos puestos de trabajo a un mismo concursante, no tiene que sustituir la solicitud de participación dirigida a cada corporación local.

 

3.3. La solicitud de participación y la hoja de prelación de adjudicaciones se tienen que presentar de acuerdo con los modelos que se publiquen en el BOE.

 

4. Conocimiento de la lengua catalana (Decreto 2/2017, de 13 de enero) y méritos de determinación autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Decreto 75/1994, de 26 de mayo)

 

4.1. Conocimiento de la lengua catalana:

 

La entidad local tiene que exigir el requisito de conocimiento de la lengua catalana del nivel B2, si bien puede exigir el requisito de conocimiento del nivel C1 si así consta en la relación de puestos de trabajo o lo ha aprobado el órgano competente. Los concursantes tienen que aportar el certificado acreditativo del nivel que requiere la corporación local.

Es considerada mérito la acreditación de niveles superiores a lo que se exija como requisito del puesto.

 

4.2. Valoración de estos méritos de determinación autonómica:

 

4.2.a Conocimiento de la lengua catalana, con un máximo de 2,25 puntos:

 

Certificado de conocimientos de lenguaje administrativo: 0,50 puntos

Certificado de nivel C2: 1,75 puntos

Certificado de nivel C1: 1,50 puntos

Sólo se tiene que valorar el certificado del nivel más alto que se acredite, que no sea requisito para la provisión del puesto de trabajo, además del certificado de conocimientos de lenguaje administrativo, cuya puntuación se tiene que acumular a la del otro certificado que se acredite.

 

4.2.b Asistencia a cursos, seminarios y jornadas sobre la organización territorial de las Islas Baleares y la normativa autonómica, hasta un máximo de 2,25 puntos. Esta puntuación se tiene que distribuir de acuerdo con el sistema de valoración establecido en la Resolución del presidente de la Escuela Balear de Administración pública de 11 de agosto de 2005.

 

4.3. La justificación de los méritos expuestos se tiene que llevar a cabo ante cada entidad local mediante la aportación de la documentación siguiente:

 

4.3.a Conocimiento de la lengua catalana: certificado expedido o reconocido como equivalente por la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de las Islas Baleares. En caso de duda sobre las equivalencias, se tiene que solicitar un informe a la Dirección General de Política Lingüística.

 

4.3.b Cursos, seminarios y jornadas: certificado expedido por el centro o la institución que les haya organizado, debidamente homologado por la Escuela Balear de Administración pública.

 

4.4. Únicamente se tienen que tener en cuenta los méritos que se acrediten con referencia a la fecha en que se publique la convocatoria conjunta del concurso en el BOE.

 

4.5. Las entidades locales, mediante los baremos de méritos específicos, pueden incrementar la puntuación asignada a los méritos regulados en este Decreto.

 

5. Méritos específicos

 

Los méritos específicos para cada puesto de trabajo son los que se detallan en el anexo II.

 

6. Valoración de méritos

 

6.1. El tribunal de valoración tiene que comprobar si concurren en los concursantes los requisitos que figuran en la convocatoria y tiene que excluir a los que no los cumplan. A continuación, tiene que puntuar los méritos, en relación con los no excluidos, de la manera siguiente:

 

Méritos generales, hasta un máximo de 24 puntos, según la relación individualizada de méritos generales de los habilidades de carácter nacional aprobada y publicada con la convocatoria conjunta. No es posible la acreditación adicional por parte de los concursantes ni la valoración diferente por parte del tribunal.

Méritos específicos, hasta un total de 1, 50 puntos, según la documentación acreditativa aportada por los concursantes.

Méritos de determinación autonómica, hasta un total de 4,5 puntos, según la documentación acreditativa aportada por los concursantes.

Con respecto a los puestos de trabajo que no tienen baremos de méritos específicos, el tribunal tiene que asignar únicamente la puntuación de los méritos generales y de los de determinación autonómica.

 

6.2. El tribunal puede hacer, si lo prevé la convocatoria específica respectiva, una entrevista al concursante o a los concursantes que considere convenientes, para la concreción de los méritos específicos o de determinación autonómica. El tribunal tiene que notificar la fecha, el lugar y la hora de la entrevista a las personas interesadas, con seis días de antelación como mínimo.

 

6.3. En caso de empate entre dos o más concursantes en la puntuación final de méritos, el tribunal tiene que dar prioridad en la propuesta de adjudicación a quien haya obtenido más puntuación por méritos específicos. Si se mantiene el empate, se tiene que decidir a favor de quién tenga la puntuación más alta en los méritos de determinación autonómica. Si después de eso todavía se mantiene el empate, la prioridad es a favor de quién tenga más puntuación en los méritos generales en los apartados a, b, c, d y e, en este orden, del artículo 15.1 del Real decreto 1732/1994, de 29 de julio. En última instancia, el empate se tiene que resolver de acuerdo con el orden de prelación en el proceso selectivo.

 

7. Propuesta de resolución

 

Cuando el tribunal haya determinado la relación de personas excluidas y la puntuación final de los concursantes, tiene que elevar el presidente o presidenta de la corporación la propuesta de resolución, que tiene que comprender todos los concursantes no excluidos y sus puntuaciones ordenadas de mayor a menor, como también una relación fundamentada de las personas excluidas.

 

8. Resolución

 

8.1. El presidente o presidenta de la corporación tiene que resolver el concurso de acuerdo con la propuesta formulada por el tribunal de valoración.

 

8.2. Esta resolución tiene que ser motivada respecto del cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. En todo caso, se tienen que acreditar, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos, y tiene que comprender, por orden de puntuación, a la totalidad de los concursantes no excluidos.

 

8.3. La resolución del concurso se tiene que enviar a la Dirección General de Función Pública, Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones (c/ María de Molina, 50 - 28071 Madrid) en los treinta días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 

9. Coordinación de nombramientos

 

La Dirección General de Función Pública, una vez transcurrido el plazo a que se refiere la base anterior, tiene que coordinar las resoluciones recibidas que coincidan en un mismo concursante, con la adjudicación final de los puestos, teniendo en cuenta la orden formulado por las personas interesadas en la hoja de prelación y la puntuación obtenida en cada uno de los puestos afectados.

 

10. Formalización de nombramientos

 

De acuerdo con el resultado de la coordinación, en los casos de adjudicaciones múltiples, y con las resoluciones de las corporaciones en los casos restantes, la Dirección General de Función Pública tiene que formalizar los nombramientos, enviarlos a las comunidades autónomas y publicarlos en el BOE en el plazo de un mes.

 

11. Plazo de toma de posesión

 

11.1. El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos en el concurso es de tres días hábiles si se trata de puestos de trabajo de la misma localidad, o de un mes si se trata del primer destino o de puestos de trabajo en una localidad diferente.

 

11.2. Este plazo empieza a contar al día siguiente del cese, que tiene que efectuarse en los tres días hábiles siguientes en la publicación de los correspondientes nombramientos en el BOE. Si el destino obtenido comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se tiene que computar desde esta publicación.

 

11.3. El cómputo de plazos de toma de posesión se inicia cuando finalicen los permisos o las licencias que, si es el caso, se hayan concedido a las personas interesadas.

 

11.4. Por necesidades del servicio, mediante un acuerdo de los presidentes de las corporaciones en que el concursante tenga que cesar y tomar posesión, se puede aplazar el cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses. En este caso, el presidente o presidenta de la corporación local en la cual tenga que tomar posesión el concursante tiene que dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de Función Pública.

 

12. Irrrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos

 

12.1. Los concursantes no pueden renunciar al concurso ni al puesto de trabajo que se los adjudique a partir del momento en que los tribunales eleven la propuesta de resolución al presidente o presidenta de la corporación correspondiente.

 

12.2. Los destinos adjudicados tienen carácter voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de indemnización por traslado.

 

13. Cese y toma de posesión

 

13.1. La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto de trabajo, y el funcionario pasa a depender de la corporación correspondiente.

 

13.2. Las diligencias de cese y toma de posesión de los concursantes se tienen que comunicar a la comunidad autónoma respectiva en los tres días hábiles siguientes al día en que se produzcan.

 

14. Recursos

 

14.1. Los actos administrativos de los tribunales de valoración se pueden impugnar de acuerdo con lo que establece el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

 

14.2. De acuerdo con el que establece el artículo 114 de esta Ley, los actos del presidente o presidenta de la corporación y los del director general de Función Pública, relativos a su actividad de coordinación, ponen fin a la vía administrativa y, en contra, se puede interponer un recurso potestativo de reposición delante del órgano emisor en el plazo de un mes, contador desde el día siguiente de la recepción de la notificación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. O bien, directamente, se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (para los actos de la corporación) o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (para los actos del director general de Función Pública), en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de la recepción de la notificación del acto, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y con los artículos 10.1 y, y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, se puede interponer cualquier otro recurso, siempre que se considere pertinente.