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Armengol anuncia que el Régimen Especial de Baleares entrará en vigor en 2019

La presidenta se ha reunido en Madrid con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, donde han acordado aprobar el REB y utilizar, si fuera necesario, la figura del Decreto Ley para acelerar su tramitación y aprobación en el Congreso

14/11/2018

El Régimen insular blindará el descuento del 75% para viajes a la Península, incluye deducciones fiscales a empresas y prevé un incremento de las inversiones del Estado, garantizando que Baleares esté como mínimo en la media de la inversión territorialitzada

“Tenemos el compromiso del Gobierno del Estado para que el Régimen Especial de Balears entre en vigor en 2019. Se aprobará el próximo año y se plantea la posibilidad de hacerlo mediante Decreto Ley con el objetivo de acelerar su tramitación y aprobación en el Congreso de los Diputados. Es una avance importantísimo para Balears”. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha hecho estas declaraciones después de llegar a un compromiso esta mañana con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de las reuniones que el ejecutivo estatal ha ido manteniendo en los últimos meses con diferentes comunidades autónomas.

Armengol ha destacado que el acuerdo marco del REB permitirá compensar la insularidad en tres ámbitos prioritarios: movilidad, empresas e inversiones del Estado. En primer lugar, “blinda el descuento del 75% para los viajes hacia la Península” y añade otras bonificaciones ligadas al transporte de mercancías.

En segundo lugar, “incluye desgravaciones fiscales para empresas de las islas con el objetivo de fomentar la inversión, que puedan competir en igualdad de condiciones y elevar su competitividad”. También establece un régimen especial para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras, con bonificaciones respecto de los rendimientos derivados de la venta de bienes producidos en las Islas Baleares.

Y en tercer lugar, “permitirá incrementar las inversiones del Estado en las islas, garantizando que Balears esté como mínimo en la media de la inversión territorialitzada”. De este modo, en los presupuestos generales del Estado habrá una partida presupuestaria específica que recoja el “factor de insularidad” con el fin de “paliar la infrafinanciación histórica de las islas en matera de infraestructuras y servicios públicos”. El destino de estas inversiones se decidirá en una comisión bilateral entre el gobierno estatal y autonómico.

Nuevos convenios: movilidad, zonas turísticas maduras y ciclo del agua

Por otro lado, la titular del ejecutivo también ha anunciado tres convenios. Uno dirigido a las zonas turísticas maduras, con el propósito de “actualizar y mejorar las instalaciones públicas y del sector”.

Otro de transporte ferroviario, donde entre otras cosas se reconoce el transporte público terrestre como servicio público esencial, configurado como un transporte integrado de carácter insular, pudiendo así acceder a financiación de los presupuestos del Estado para el transporte colectivo urbano de superficie.

Y un tercero referente al ciclo del agua, en el cual el Estado se compromete a financiar el 50% de los 361 millones de euros de inversión de Baleares en obras de agua y de saneamiento.

En el ámbito de las infraestructuras hídricas, también se han acordado cuatro actuaciones del Estado en materia de saneamiento y depuración de aguas con una inversión de más de 46 millones de euros y la Dirección general de Aguas tiene previsto ejecutar en los próximos ejercicios tres actuaciones más de saneamiento y depuración con una inversión estimada de 85 millones de euros.

Otros acuerdosPor otro lado, la presidenta también ha explicado que el SEPES (dependiente de Fomento) está “a punto” de poner en marcha una promoción de 500 viviendas públicas en la ciudad de Eivissa y que los ministerios de Fomento y de Defensa, siguen trabajando conjuntamente para hacer realidad el proyecto de vivienda pública en Son Busquets.

En la reunión también se ha abordado construcción de un parador en Eivissa, una actuación que supondrá una inversión de cerca de 26 millones de euros. También se ha pactado que el ejecutivo estatal califique la gestión de puertos y aeropuertos como de interés general y se comprometa al desarrollo de las inversiones necesarias para su mantenimiento y adaptación a nuevos flujos de tráfico.

Finalmente, Armengol ha descrito la reunión como “cordial y provechosa” y ha enfatizado que “este gobierno responde y da soluciones a las necesidades

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