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Arbitraje de consumo

lazo_pdf.gif Ventajas del arbitraje de consumo



Impreso de Solicitud de Arbitraje (consumidor) 

Impreso de solicitud de adhesión (empresas) 

Listado de empresas adheridas a arbitraje de consumo


Dar la razón a quien la tiene

El Sistema Arbitral de Consumo es un procedimiento para solucionar las controversias que pueden surgir entre consumidores y empresarios o profesionales, sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia.


Servicio gratuito, ágil y eficaz

Es un procedimiento voluntario, gratuito, sencillo, ágil y eficaz de solución de conflictos entre consumidores y empresarios, para dilucidar sus diferencias de una manera rápida y sin formalidades excesivas.

Tanto en el caso de empresas adheridas como en el caso de que se produzca la aceptación de un caso en concreto, la resolución de las controversias la realizan los colegios arbitrales, que tienen una composición tripartita: un representante de la Administración, un representante de los consumidores y uno de los empresarios.

Las resoluciones de los colegios arbitrales se conocen como laudos, son vinculantes y ejecutivos y tienen el valor de cosa juzgada, es decir, las partes no pueden someter los mismos hechos en los tribunales de justicia, ni se puede apelar el laudo dictado, sólo cabe el recurso de anulación frente a la Audiencia Provincial.


¿Quién puede solicitar arbitraje de consumo?

Pueden solicitar el arbitraje, los consumidores que cuando realicen sus compras o utilicen o contraten algún servicio, se encuentren con un problema o con cualquier tipo de desavenencia con el empresario o el prestador del servicio.


¿Dónde se ha de presentar la solicitud?
 

Personalmente en la Junta Arbitral de Consumo de les Illes Balears, ubicada en la Calle de Jesús, 38A de Palma., en las Oficinas de información al consumidor o a través de las asociaciones de consumidores.


Una alternativa para la resolución de conflictos

La Junta Arbitral de Consumo de Baleares se constituyó en 1994 mediante convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Consumo y la que era la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social, y tiene como finalidad resolver, con carácter vinculante y ejecutivo, las reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios finales contra empresas o profesionales que previamente hayan manifestado ante a la Junta su voluntad de resolver los conflictos de consumo a través de esta vía de arbitraje de consumo.

 

Esta manifestación se efectúa a través de las denominadas ofertas públicas de sometimiento, que son los compromisos firmados por empresas o profesionales mediante los cuales se comprometen a solucionar las discrepancias que puedan surgir con los consumidores o usuarios a través del arbitraje. No obstante lo anterior, también cabe que empresas que no están adheridas con carácter previo acepten este sistema con carácter particular para uno o varios casos concretos, como viene sucediendo en la práctica diaria.


¿Cómo se tramita?

Una vez que el consumidor acude a las dependencias de la Junta Arbitral de Consumo o bien a cualquiera de las oficinas de información al consumidor que la Dirección General de Consumo tiene distribuidas en distintos municipios de las Islas, y después de constatar que la empresa contra la cual se reclama figura en el listado de empresas adheridas, el consumidor debe rellenar un impreso-modelo de solicitud de arbitraje, impreso en el cual, además de facilitar los datos que conozca de la empresa, tiene que relatar sucintamente los hechos y la pretensión que desee ver atendida, se compromete también a cumplir la decisión que se adopte en relación a su caso.

Este impreso-modelo se remite, acompañado de una diligencia de notificación, al empresario o profesional contra el que se reclama, acompañándolo a su vez, de otro modelo para que sea cumplimentado por la empresa, para que esta pueda realizar las alegaciones que considere oportunas, firmando también el compromiso de cumplir la decisión que se adopte en su día en torno al caso. Una vez recibida en la Junta Arbitral la contestación de la empresa o profesional reclamado, se comunica al reclamante dicha contestación y, en caso de que no contenga ninguna propuesta de solución u ofrecimiento que pueda ser satisfactorio para el consumidor, el asunto queda pendiente de celebración de la correspondiente audiencia arbitral.


Los laudos

La resolución de estos asuntos se realiza a través de acuerdos ejecutables denominados laudos, dictados por colegios arbitrales de composición tripartita: un responsable de la Administración (licenciado en Derecho), un representante de los consumidores y un representante de los empresarios; los integrantes de este colegio son nombrados por la Junta Arbitral para cada asunto en particular entre los propuestos por cada uno de los sectores implicados (Administración, consumidores y empresarios), dependiendo el nombramiento de los del sector empresarial del asunto del que se trate.

 

La decisión contenida en el laudo y notificada a las partes no es susceptible de ser recurrida por no estar conformes con la misma, sino que únicamente se puede presentar el recurso de anulación ante la Audiencia Provincial, recurso que debe basarse en motivos esencialmente de forma, esto es, que el laudo se haya dictado incumpliendo alguno de los requisitos formales (notificación defectuosa, laudo dictado fuera de plazo, no poder acreditar citaciones a las partes o a los árbitros, etc)


Ejecución forzosa

Por último, en relación con el procedimiento, cabe destacar que en caso de incumplimiento del laudo, la parte perjudicada por dicho incumplimiento puede solicitar del juzgado la ejecución forzosa del laudo, al igual que ocurre con el incumplimiento de las sentencias judiciales; mediante el trámite de ejecución de sentencia, que no implica un proceso nuevo, sino únicamente solicitar del juzgado que obligue a la parte que incumple el laudo a dar cumplimiento a su contenido.

El sistema arbitral de consumo ha tenido una buena acogida entre consumidores y empresarios, aumentando cada año el número de solicitudes presentadas (448 el pasado año 2.001) y el de solicitudes que se resuelven, estando prevista durante el transcurso del presente año 2.002 una campaña de difusión del arbitraje de consumo entre el sector de comerciantes de Palma.

La normativa reguladora del arbitraje de consumo es el Real decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo y, de modo supletorio, la Ley 60/2003 , de 23 de diciembre, de Arbitraje.

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