Presidente,
Señoras y señores diputados,
Vuelvo a subir a esta tribuna, no sólo en cumplimiento de un mandato de la Cámara.
Estoy aquí a petición propia, siguiendo la línea de comportamiento parlamentario de este Govern. Quiero que los representantes políticos de nuestra sociedad conozcan de primera mano los resultados y las conclusiones de la Conferencia de Presidentes, en la cual participé, en Madrid, el pasado 17 de enero. Lo hice en nombre del Govern de les Illes Balears y como portavoz de las reclamaciones que nuestra sociedad considera imprescindible y justo que sean contestadas por parte del Gobierno del Estado.
Y es aquí donde se demuestra la nueva manera de hacer política que se ha instaurado con los partidos que firmamos los Acuerdos de Gobernabilidad. La preparación de la Conferencia fue un ejercicio de participación y diálogo. El documento de negociación que defendí no recogía la postura unilateral del Govern, fue el fruto de escuchar a la sociedad civil y a los partidos políticos. Antes de la Conferencia de Presidentes abrimos una ronda de seis reuniones sectoriales con todas las organizaciones sindicales y empresariales, con representantes del mundo educativo, con entidades sociales vinculadas a la atención en la dependencia, con los consells insulars, con la Federación de Municipios y también con todos los grupos parlamentarios de esta cámara.
De todos hemos recogido propuestas que se han transformado en enmiendas o nuevos acuerdos o que han centrado mis intervenciones en el transcurso de la Conferencia. A todos les hemos enviado después los acuerdos que nos planteaban, nuestras reivindicaciones y los acuerdos finalmente alcanzados. Y a todos también les mantendremos informados de los pasos que se vayan dando para hacer efectivos los acuerdos de una Conferencia que se debería hacer de manera más habitual y periódica.
En este punto no puedo dejar de mencionar que el Gobierno del Estado decidió recuperar la conferencia por un interés que no se le escapa a nadie –la pérdida de su mayoría absoluta parlamentaria. Pero ahora ya no se trata de encontrar excusas para rehuir el debate. El hecho es que, después de cinco años, los presidentes autonómicos han podido reunirse otra vez para discutir y negociar pactos con los cuales avanzar en la cohesión y la mejora territorial de una España descentralizada pero que, lamentablemente, ha sufrido un retroceso en esta materia.
La presencia de las Illes Balears en la Conferencia de Presidentes responde a una obligación: la obligación de aprovechar todos los marcos de diálogo que se abran para mejorar el nivel de vida de los hombres y mujeres de nuestras islas. La confrontación sin ofrecer alternativas es un ejercicio estéril. El victimismo, una irresponsabilidad por lo que tiene de desistimiento de funciones. Y callar, lo peor que le puede pasar a la ciudadanía.
Ahora, los ciudadanos de las Illes Balears no ven cómo sus representantes agachan la cabeza. Ven como el Govern reclama lo que necesita su tierra para crecer como pueblo. El Govern no participa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y calla. El Govern no va a las conferencias sectoriales y calla. El Govern no se entrevista con los ministros y calla. Y el Govern no fue a la Conferencia de Presidentes y calló ni, como también se hacía antes, aplaudió a propuestas inasumibles.
Participé en la Conferencia de Presidentes con el objetivo de conseguir acuerdos y abrir debates que son necesarios para nuestra tierra, pero también para el conjunto de España. Con peticiones y propuestas.
Por lo tanto, sí, la Conferencia de Presidentes llega tarde, pero aquí no estamos para enrocarnos por simples estrategias partidistas que pueden dar ventajas a corto plazo pero que son letales después. Estamos para avanzar y aportar soluciones a los numerosos problemas que se han generado después de cinco años sin diálogo.
Venimos de una crisis económica muy profunda, muy dura, que se ha gestionado con unas políticas equivocadas por parte del mismo gobierno de España que sigue encabezando Mariano Rajoy. No podemos olvidar las políticas de recortes y austeridad mal entendidas que llevaron a eliminar la universalidad de la sanidad; a olvidarse de las obligaciones del Estado hacia el sistema de dependencia; que permitieron que se haya instalado la precariedad en el mundo laboral con la aparición de la figura del nuevo trabajador pobre o imposiciones ideológicas como la LOMCE.
Es dentro de este marco político, económico y social donde tenemos que situar la Conferencia celebrada el pasado 17 de enero y nuestras peticiones. Hay que decir que existía un orden del día previo marcado por los temas siguientes: el sistema de financiación, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el pacto educativo, el reto demográfico, la cooperación en materia de protección civil, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y de la Movilidad Administrativa y el funcionamiento de los órganos participados por los gobiernos de España y de las comunidades autónomas.
¿Ante esta propuesta, con qué reclamaciones viajamos a Madrid dentro de lo que podemos considerar la agenda balear? Evidentemente, la principal exigencia –y con la cual todos Ustedes están de acuerdo, señorías– es la mejora de la financiación y el reconocimiento de la insularidad. Pero más allá de esta reclamación histórica e imprescindible, nuestras islas también pidieron una mayor dotación para hacer efectiva la Ley de Dependencia; la derogación del Decreto Sanitario 16/2012 para devolver a un verdadero sistema de salud universal y gratuito; la flexibilización de la tasa de reposición de los funcionarios y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para los ayuntamientos, además de la derogación de la reforma laboral para conseguir que el crecimiento económico se traslade a los trabajadores. Reclamaciones destinadas a defender a las personas. A las de aquí, a las del conjunto del Estado y, de manera solidaria, como corresponde a una sociedad avanzada, a las que llegan a nuestra tierra huyendo de la miseria y la violencia. Porque el Govern, al margen del programa previsto en la Conferencia, también reclamó una política sensata y humana hacia los refugiados que están llenando nuestro Mediterráneo de víctimas i la necesidad urgente de un pacto de Estado contra la violencia machista.
Estas reivindicaciones, recogidas en las reuniones previas, nos permitieron presentar enmiendas a todos los documentos planteados por el Gobierno del Estado, así como varias propuestas de nuevos acuerdos. Fuimos la única comunidad autónoma que presentó enmiendas por escrito a las propuestas de acuerdo y lo hicimos con planteamientos globales, pero también específicos para las Illes Balears.
No les esconderé que el formato de la Conferencia daba poco margen de maniobra. Estábamos ante un encuentro con un guion muy pautado que hacía dificultoso profundizar en temas primordiales para nuestras islas y para el conjunto de España.
Pero eso no fue un obstáculo para que, tanto mediante enmiendas a los acuerdos previstos como de palabra, pudiera incidir en asuntos más concretos de interés para nuestra sociedad, como la condonación de la deuda, el desarrollo del REB o que las políticas demográficas tengan en cuenta la realidad específica de nuestro archipiélago, donde el crecimiento de población y la existencia de una población flotante contrasta con las pérdidas de población que sufren otros territorios de España.
Porque el Ejecutivo que tengo el honor de presidir quiere que sus políticas tengan una huella social. Estamos comprometidos con el retorno de derechos a los ciudadanos. Pero para conseguirlo, es evidente que se tiene que tener voluntad política y, por descontado, hay que tener suficiente dinero. Y es aquí donde entra en juego nuestra principal reclamación: la mejora del sistema de financiación autonómica.
Si hay un hecho con el que estamos de acuerdo es que históricamente hemos estado infrafinanciados. Y eso explica, en buena medida, nuestro elevado nivel de deuda autonómica. En los últimos años, el Estado, en lugar de mejorar nuestra financiación, nos ha financiado deuda, una deuda que tenemos que devolver con intereses. Por eso consideramos de justicia que esta deuda sea condonada.
Esta infrafinanciación y esta elevada deuda provocan que Balears esté en la cola en gasto sanitario, educativo y social per cápita.
Balears no es una comunidad rica. A mediados de los 80 éramos la comunidad con la renta per cápita más alta, pero, desde entonces, hemos sufrido una caída ininterrumpida que nos deja ahora como la séptima comunidad en renta disponible por habitante. En parte porque no hemos podido reinvertir en el territorio todo lo que generamos.
O sea, los ciudadanos que más aportan al sistema de financiación acaban disponiendo de unos servicios públicos esenciales de menos calidad que los de territorios beneficiarios del sistema. Lo que defendemos es sencillo: los ciudadanos de las Illes Balears tienen derecho a recibir los mismos servicios que el resto.
En los últimos años, además, ocupamos el furgón de cola en las inversiones del Estado. El Estado tiene que compensar mejor los sobrecostes que tiene la insularidad sobre nuestros ciudadanos y nuestras empresas.
Por lo tanto la reforma del sistema de financiación es clave. Es clave en las Illes Balears y es la clave para todas las comunidades autónomas. Y así lo planteamos en la reunión, de la cual salimos con el compromiso de cerrar este año una reforma que entre en vigor en el 2018. Que quede claro que el documento planteado inicialmente por el Estado era tan ambiguo que ni siquiera marcaba un plazo para abordar la reforma.
Las primeras expectativas no son prometedoras. El pasado 23 de febrero se celebró la primera sesión del Grupo de Expertos para revisar el modelo de financiación autonómica con la participación, en nuestra representación, del Dr. Guillem López Casasnovas. Salimos decepcionados por la manera en la que se ha iniciado el trabajo de la Comisión de Expertos. Para reconducir la situación, hemos hecho un llamamiento al Ministerio de Hacienda para cambiar la dirección que lleva la Comisión y que sea un foro real de debate entre expertos y no una simple polea de transmisión de las propuestas del Estado en materia de financiación autonómica. Veremos si nos escuchan, porque hoy mismo está prevista una segunda reunión.
Queremos un debate real y con argumentos sobre la reforma de la financiación. Quiero recordar que, en este sentido, desde el Govern conseguimos que el AIReF también tenga voz en este debate. Lo consideramos necesario porque es una autoridad independiente que es mucho más objetiva a la hora de evaluar como se reparte el dinero público en España.
Una reforma que, en el caso de las Illes Balears, nos tiene que garantizar el margen financiero necesario para seguir avanzando hacia unas islas desarrolladas y prósperas. Unas islas que se caractericen por un modelo solidario, de base sólida, que puedan aguantar con fortaleza los momentos económicos malos del futuro sin atacar a las personas y a sus proyectos vitales.
Al lado del principio de ordinalidad no tenemos que olvidar que también reclamamos una mayor autonomía fiscal. Lo que pide el Govern de les Illes Balears es más capacidad de autogobierno. Pedimos más capacidad de competencia sobre los impuestos que recaudamos porque la política fiscal es un instrumento clave para un objetivo que consideramos prioritario: la redistribución de la riqueza.
En consonancia con esta convicción, pediremos que el futuro sistema de financiación ande hacia un federalismo fiscal que permita tener más capacidad impositiva y, por lo tanto, más parte en la cesta de impuestos.
El Gobierno de España tiene que tener más en cuenta el esfuerzo fiscal que hacen los ciudadanos. Y en las Illes Balears hacemos un esfuerzo fiscal mucho más importante que en otros territorios y, en cambio, recibimos mucho menos por parte del Gobierno del Estado. Y esta discriminación tiene que cambiar. Pero estamos ante un reto que el Gobierno ni puede ni ha querido afrontar solo.
De la nueva financiación depende la mejora de servicios para nuestros conciudadanos. Conseguirlo dependerá también del grado de compromiso político de todos los grupos parlamentarios.
Resolver solos como Govern el sistema financiero de los próximos años es un supuesto que ya no se corresponde con el actual momento político ni con lo que pide la gente. Un futuro estable, con garantías económicas para mantener e impulsar un modelo social solidario, exige el liderazgo del Govern. Pero con la participación de todos. Y todos significa todos: actores políticos y sociedad civil.
Será un éxito o un fracaso colectivo.
Ahora mismo, según la representación parlamentaria del Congreso, hay partidos de esta cámara que pueden hacer más o menos para conseguir que nuestras islas dispongan de los recursos suficientes para avanzar en un sistema educativo que dé respuestas a las necesidades de futuro; que el sistema sanitario público sea sostenible o que la red de recursos sociales pueda afrontar la realidad que vivimos.
No nos engañemos. Somos una tierra pequeña. Sólo desde la unidad política, pero sobre todo social, podremos hacer escuchar nuestra voz con fuerza.
Fue aquí donde planteamos el nuevo Régimen Especial de Balears. Un verdadero documento que ofrezca soluciones reales y efectivas para que vivir en nuestras islas no esté penalizado con peores conexiones con el mundo o con unos gastos que hagan que vivir aquí sea más caro que en el resto de España y de Europa.
Es verdad que tenemos unas tasas de crecimiento económico de las más elevadas del Estado, que reducimos el paro por encima de la media y que estamos consiguiendo mitigar la temporalidad. Pero también es cierto que, a diferencia de la situación que se producía antes de la crisis, el crecimiento no se reparte de manera equitativa y el empleo tiene un grado de precariedad que antes no tenía.
No me cansaré de repetirlo: nuestro objetivo es transformar el crecimiento económico en un mayor bienestar para todos los ciudadanos. Y si eso cuesta es porque hay una diferencia entre antes y después de la crisis. Y esta diferencia se llama reforma laboral, que es un lastre para que haya una buena negociación colectiva y, en consecuencia, un aumento de sueldos, que es lo que nosotros exigimos para nuestros trabajadores.
Por eso planteamos en la Conferencia de Presidentes un acuerdo para derogar la reforma laboral.
Nuestra prioridad es luchar contra las desigualdades, reducir la pobreza, mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. Son metas que tenemos claras y que nos han llevado a priorizar la creación de empleo, combatir la precariedad laboral con planes de lucha, reforzar el estado del bienestar, devolver derechos y crear nuevos, como la renta social, o garantizar que no haya cortes de luz en las familias en situación de emergencia.
Si no se deroga la reforma laboral, si no se superan los recortes aplicados por el Estado a la protección por desocupación, al sistema sanitario o al sistema de la dependencia, lo único que se está haciendo es provocar más desigualdades y forzar a las comunidades autónomas como la nuestra a asumir las responsabilidades que ha abandonado el Estado.
El Gobierno del Estado, con la excusa de la crisis, ha dejado de asumir sus responsabilidades económicas y se ha desentendido de sus obligaciones con la intención política de dejar morir derechos sociales. Uno de ellos es el de la dependencia. Para evitarlo, en la Conferencia de Presidentes propusimos que vuelva a haber financiación y, por lo tanto, que el Estado español vuelva a asumir su 33%, otro 33% el gobierno de la Comunidad Autónoma y el otro 33% el usuario. Es de justicia.
Porque, con el tiempo, se han confirmado las sospechas que apuntan a que muchas de las decisiones tomadas con la bandera de la austeridad y el rigor presupuestario son simples elecciones ideológicas. Estamos ante dos modelos: el que desarrolla un sistema público abierto a todo el mundo y el que empuja con insistencia para incentivar la oferta privada. La manera más eficaz de potenciar este segundo modelo destinado a unos pocos es dejar caer por falta de recursos el sistema público. Este Govern que presido lo quiere evitar.
La realidad actual es que se ha pasado de los 11.570 beneficiarios del sistema de dependencia que había a principios de esta legislatura a los 14.138 que hay actualmente.. Y al mismo tiempo, no sólo se ha mejorado y agilizado la gestión, sino que también se han creado nuevas plazas para personas con dependencia (244 plazas más en residencias y 83 en centros de día) y se han ampliado servicios.
Porque el Govern de les Illes Balears cree en la Ley de Dependencia, en el mantenimiento de los derechos alcanzados. Y lo hacemos a pesar del coste que nos supone gestionar una ley estatal. El año pasado, para el sistema de dependencia en las Illes Balears, el Gobierno aportó 90 millones de euros (si sumamos los consells insulars, la cifra llega a los 130 millones). El Estado ha aportado 19. Por lo tanto, es evidente que quien no cumple con sus obligaciones es el Gobierno de España.
En la Conferencia de Presidentes reclamamos acuerdos claros para que el Estado se implique en el desarrollo de las políticas de dependencia. Y les tengo que decir que simplemente quisieron acordar la creación de una comisión para determinar cuál es la financiación que tiene que aportar el Estado.
Una situación similar se produce con la educación. Es una competencia transferida pero que, en el caso de las Illes Balears, sufre un doble problema: por una parte, falta de financiación y, por otra, que las grandes decisiones se han aprobado hasta ahora a espaldas de las comunidades autónomas, que son las que gestionamos y pagamos el mantenimiento del sistema educativo. La LOMCE es una demostración de una etapa marcada por el absolutismo y el sectarismo político. La mayoría absoluta no sólo se utilizó para los recortes económicos y de servicios, sino para la imposición ideológica.
La ausencia de mayorías absolutas ha obligado a abrir el debate que se sustrajo a la ciudadanía para conseguir un sistema educativo estable y pactado.
Este es el compromiso defendido por el Govern de les Illes Balears en la Conferencia de Presidentes y que fue admitido por parte del Gobierno del Estado: tener más en cuenta a la comunidad educativa en la consecución de este gran pacto que nos exige la sociedad. Y hemos conseguido una cosa que es importante: que el debate que proponía el Gobierno de España sólo en el Senado se junte con el debate sobre la Comisión en el Congreso de los Diputados que consideramos también fundamental; porque es juntos como tenemos que acordar el sistema educativo que queremos.
A mediados de febrero se puso en marcha la subcomisión del Congreso responsable de establecer el documento que tendría que culminar con este gran pacto que permita establecer un sistema estable y a favor de todos. Sin imposiciones ideológicas.
Por lo tanto, un acuerdo y más medios. Como los que piden los pacientes que reclaman más celeridad al ser atendidos por el sistema sanitario público. Aquí también tiene mucho por hacer el Gobierno del Estado desde el momento en el que implantó una tasa de reposición que limita la creación de puestos de trabajo públicos en la sustitución por jubilación o muerte de los trabajadores. Es una medida vestida de solución económica contra la crisis. Pero detrás hay una evidente carga ideológica neoliberal porque empuja a las administraciones públicas a mantener una tasa de eventualidad no deseada, con una precariedad laboral que pone en riesgo la calidad de los servicios.
No me cansaré de repetirlo: los funcionarios y trabajadores públicos también merecen estabilidad en el trabajo. En las Illes Balears tenemos un 40% de interinos en educación y un 30% en sanidad. Ya estamos poniendo recursos para disminuir estos porcentajes con la convocatoria de oposiciones, previstas para este año, y que supondrán ofrecer 2.000 plazas. Pero no es suficiente. Exigimos al Gobierno de España que estas tasas de reposición se eliminen durante el 2017 para poder sacar más plazas. Pero el acuerdo tomado finalmente en la Conferencia de Presidentes sólo prevé que se pueda superar esta tasa en sectores como el de servicios sociales, educación, sanidad, seguridad y emergencias. Como el compromiso alcanzado ha sido menos ambicioso de lo que al Govern de les Illes Balears le hubiera gustado, estamos insistiendo en este punto.
Por eso, el mes pasado, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Función Pública y defendió que, si no existieran las limitaciones actuales, las Illes Balears estarían en disposición de convocar hasta 7.000 plazas hasta 2019. De esta manera, se podría reducir la tasa de interinato hasta el 8%, un porcentaje más razonable que el actual.
Mejorar la financiación, recuperar el sistema de dependencia, llegar a un gran pacto educativo y permitir la contratación de personal público. Propuestas que tienen que fortalecer el sistema de servicios públicos. Pero no nos quedamos aquí. En la Conferencia de Presidentes también presentamos propuestas para un objetivo que está vinculado con el papel que tiene que tener nuestra tierra en el conjunto de España: recuperar la salud democrática del Estado y respetar la lealtad institucional.
Con más o menos convencimiento. Con más o menos sentido crítico. Pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que hay muchas cosas que no funcionan en la coordinación de España.
Son anomalías que hay que superar. Anomalías como que ni Cataluña ni el País Vasco participaron en la reunión. Lo más fácil es dar la culpa al otro. Pero un Gobierno del Estado, un gobierno de todos, tiene que tener la capacidad de conseguir sentar alrededor de una misma mesa a los representantes de todos los territorios de España. Sin excepciones. Renunciar al diálogo es una posición que el Gobierno del Estado no se puede permitir si queremos tener un presente tranquilo y un futuro juntos.
Ante este hecho, y con la voluntad de construir los mecanismos que permitan la discusión dentro de marcos democráticos y políticos, presentamos enmiendas y propuestas que detrás tienen un objetivo claro: avanzar hacia un Estado federal que cohesione todos los territorios y haga sentir a todo el mundo partícipe de un proyecto común.
Cuando hablamos de España como un Estado federal es evidente que el Senado tendría que reconstruirse para transformarse en una verdadera cámara de representación territorial. Ahora mismo hay una Comisión de Trabajo sobre la reforma de la Constitución Española. Desde el Govern proponemos que haya un grupo de trabajo entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas para avanzar en la reforma de la Constitución en el cual las comunidades autónomas podamos aportar nuestra visión sobre como tendría que ser esta reformulación del Senado.
Por lo tanto, es positivo que avancemos en una línea que para nosotros es fundamental: la reforma de la Constitución española, para actualizarla y convertirla en la herramienta que pueda dar respuestas a los nuevos retos que se han abierto en el siglo XXI.
Finalmente, y ya fuera del orden del día de la Conferencia, el Govern de les Illes Balears expuso su posicionamiento sobre dos cuestiones de carácter social que consideramos fundamentales y que, gracias en buena parte a nuestra reclamación, supusieron la redacción de dos acuerdos más.
En primer lugar, explicamos que, de la misma manera que se ha conseguido un consenso social para llegar a un gran pacto sobre la lucha contra la violencia machista en las Illes Balears, consideramos que también sería una buena fórmula que el Gobierno de España trabajara en la misma dirección en coordinación con las comunidades autónomas.
En este sentido, el compromiso adoptado supone la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado para hacer un debate monográfico sobre violencia de género que sirva para incorporar las aportaciones de las comunidades a los trabajos que se están haciendo para conseguir un pacto de Estado contra la violencia de género.
Ninguna sociedad puede transigir ni resignarse ante el asesinato sistemático de mujeres. Es una realidad inaceptable sin ningún tipo de justificación que sólo encontrará fin si la afrontamos juntos a partir de unos valores de igualdad y respeto. En todos los ámbitos. No es una lucha sólo policial o política o legal o educativa. Es todo eso y que cada día, con pequeños gestos y grandes cambios, podamos dejar atrás un drama que tiene que desaparecer de las Illes Balears y de la España que queremos.
En segundo lugar, reclamamos un plan específico para la coordinación de la ayuda a los refugiados y se adoptó un compromiso en este sentido dentro del acuerdo aprobado sobre la participación de las comunidades autónomas en la política europea.
Aquí, en las Illes Balears, desde el primer momento nos ofrecimos para poder acoger a los refugiados. Lamentablemente, la respuesta política europea y española no ha estado a la altura de aquello que exigía no sólo el Govern de Balears, sino una amplía mayoría de la ciudadanía de nuestras islas. Recientemente pudimos comprobar cómo la sociedad exige una política más solidaria.
Señoras y señores diputados,
Este es el resumen del papel que ha tenido el Govern de les Illes Balears y los resultados que ha conseguido después de la Conferencia de Presidentes. Ahora lo que queda es el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Estado, evidentemente.
El éxito o el fracaso de esta conferencia no se puede valorar en función de cómo se desarrolló. Dependerá del grado de implicación del Estado a la hora de llevar a cabo los acuerdos alcanzados. Como les he dicho al principio, el Gobierno del Partido Popular, una vez perdida la mayoría absoluta, se ha puesto el sombrero del diálogo, el mismo que tenía dentro de un armario lleno de polvo los pasados cuatro años. Y puede ser que ahora sea más receptivo.
Si analizamos el trabajo hecho hasta ahora por cada acuerdo podemos decir que las cosas van más lentas de lo que nos gustaría:
- Sobre el acuerdo de políticas de ocupación, la Conselleria de Trabajo todavía no ha recibido ninguna convocatoria para la conferencia sectorial y sólo se ha prorrogado el programa de recalificación profesional hasta agosto.
- Sobre el acuerdo para coordinar los recursos de Protección Civil, sólo ha habido una reunión de directores generales y todavía no se ha constituido el órgano de debate. Se tiene que hacer antes de que acabe el mes.
- El trabajo sobre los retos demográficos todavía no tiene la ponencia en el Senado prevista.
- El Pacto Educativo todavía no tiene fijada la reunión en el Senado comprometida.
- De los trabajos para debatir sobre la unidad de mercado, estrategia digital y puestos de trabajo públicos hasta ahora, se puede decir que se ha celebrado una reunión del Consejo de Garantía para la Unidad de Mercado en la cual asistió el conseller Iago Negueruela. Y allí, por cierto, constatamos que el Gobierno del Estado quiere ser más restrictivo que lo que está previsto en la directiva Bolkenstein... Además, la consellera Cladera se ha reunido con la secretaria de Estado de Función Pública.
- El acuerdo para impulsar la tarjeta social tiene un compromiso de crear un grupo de trabajo antes de tres meses. La Conselleria de Servicios Sociales todavía no ha recibido ninguna información respecto de eso.
- Para acordar mecanismos de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica, el conseller Marc Pons aprovechó un encuentro el pasado mes de febrero para hablar del tema sin recibir ninguna respuesta concreta ni plazos.
- Sobre la participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos, se celebró una reunión el pasado febrero del Plenario de la Conferencia Relacionada con la Unión Europea.
- Para mejorar el reglamento de la Conferencia de Presidentes, se ha modificado un artículo del Reglamento, que todavía está pendiente de publicación en el BOE, para dar más competencias al Comité Preparatorio.
- Con respecto a la dependencia, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero la creación de una comisión para analizar la situación del sistema de dependencia. La Conselleria de Servicios Sociales está pendiente de que se convoque la conferencia sectorial.
- Finalmente, como ya les he explicado, el tema de la financiación ya ha convocado dos reuniones del Comité de Expertos.
Esta es la situación a día de hoy.
Los precedentes no hacen que podamos esperar mucho. Desde que empezó la legislatura, hemos aumentado el nivel de presión con Madrid y hemos conseguido algunos resultados, como la colaboración leal y efectiva por la campaña contra la precariedad laboral o que se tomen seriamente la propuesta de la tarifa plana interinsular.
Pero de la misma manera que podemos hablar de gestos positivos, todavía se mantienen muchas reivindicaciones en el cajón a la espera de ser atendidas o, incluso, surgen problemas nuevos: ahora el Ministerio de Agricultura nos reclama 40 millones de euros por las desaladoras de Ibiza y Menorca; quieren limitar el descuento de residentes para grupos y todavía insistimos para que nos paguen los 240 millones del convenio de carreteras que se comprometieron a pagar.
Como ven, no lo ponen fácil.
Por lo tanto, a la espera de comprobar el grado de compromiso con las comunidades autónomas y sus habitantes, desde nuestras islas ya les puedo asegurar que no esperaremos sentados a ver los resultados. Tenemos urgencias que hacen inviable esperar a una respuesta estatal que, confiamos, no esté supeditada a la estrategia de la ventaja política.
Porque hasta el día de hoy, el Govern de les Illes ha estado trabajando para llenar el vacío que ha dejado el Estado por ausencia de inversiones y, también hay que decirlo, por una gestión de la anterior administración autonómica supeditada a los deseos políticos del Gobierno de España.
Reclamamos una mejor financiación pero seguimos cumpliendo con nuestros compromisos a pesar del reducido margen de maniobra financiero que tenemos.
Queremos que el Estado asuma su parte de la gestión de la Ley de Dependencia pero, mientras tanto, hemos aumentado los evaluadores y beneficiarios e intentamos dar respuestas a las familias que habían quedado desamparadas por criterios económicos e ideológicos.
Consideramos básico un pacto educativo estatal, pero aquí seguimos trabajando para que padres, madres, docentes y representantes políticos alcancemos un compromiso de futuro para garantizar la estabilidad de nuestro sistema educativo.
Hay que derogar la reforma laboral, pero como todavía está vigente, combatimos las consecuencias de la precariedad con un plan de lucha que tendría que ser el ejemplo a seguir de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
También hemos eliminado y reducido copagos sanitarios mientras esperamos a que se derogue el Decreto Sanitario que les abrió la puerta.
Hemos convocado, después de años, oposiciones para rebajar la temporalidad en nuestros sistemas públicos de educación y salud a pesar de la tasa de reposición que nos impide ser más ambiciosos.
Toda la sociedad está unida contra la violencia machista en torno a un gran pacto que se tendría que extrapolar a todo el territorio español. Y nuestros recursos siguen a disposición del Estado para acoger a los hombres, las mujeres y los niños que salen en busca de esperanza y se convierten en refugiados de la represión y la pobreza.
En definitiva, cumplimos con nuestro papel reivindicativo y con nuestra obligación de ofrecer soluciones. Con nuestra obligación de conseguir girar la dinámica negativa que se había instaurado en la sociedad.
Con eso estamos. Ahora que se abre el debate, espero sus sugerencias y sus propuestas para conseguir que esta transformación y mejora lleguen de la manera más eficaz y rápida posible. Dentro de un debate que espero que sea constructivo.
Muchas gracias.