La Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores comienza el proceso para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2023. La consellera de este departamento, Rosario Sánchez, ha firmado la orden, publicada este sábado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, por la cual se dictan las normas para la elaboración de las próximas cuentas autonómicas, enfocadas en continuar con la recuperación económica y social, el refuerzo de los servicios públicos fundamentales y las actuaciones estratégicas de mejora, transformación y diversificación del modelo productivo de la comunidad.
El Govern inicia este proceso hacia los nuevos presupuestos para 2023 después de haber movilizado el mayor volumen de recursos públicos los últimos años para hacer frente al impacto sanitario, social y económico de la pandemia de la COVID-19 y en un escenario actual marcado por los efectos de factores de incertidumbre como la propia evolución de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis energética y el aumento de los precios de bienes y servicios, entre otros, tal como señala la orden firmada por la consellera, una vez la Dirección general de Presupuestos ha empezado este trabajo previo para preparar la elaboración del proyecto presupuestario.
En este sentido, la orden indica que las medidas adoptadas para el sostenimiento de rentas y del tejido productivo, dirigidas a las familias más vulnerables, empresas y autónomos, invitan a proyectar la recuperación de la actividad económica y la ocupación a los niveles previos, los cuales, a la vez, permitirán mantener los ingresos tributarios esenciales por apuntalar los servicios públicos esenciales que gestiona la Comunidad Autónoma. De este modo, los presupuestos se enfocarán en las actuaciones estratégicas de mejora y transformación del actual modelo productivo y, a la vez, deben avanzar hacia el reequilibro presupuestario estructural.
Con la confección del proyecto presupuestario para el 2023, se pretende culminar los principales objetivos políticos del actual equipo de gobierno. Como en ejercicios precedentes, los “Acuerdos de Bellver” constituirán la principal hoja de ruta para lo que resta de legislatura, con la misión de reforzar los servicios públicos en general y afrontar los grandes retos en materia de vivienda, movilidad y transición ecológica, tal como señala la orden firmada por la consellera Rosario Sánchez.
En este sentido, se impulsarán actuaciones transformadoras de nuestro modelo, sintetizadas en el Plan Estratégico Autonómico – Estrategia de Inversiones de las Illes Balears 2030, atendiendo de forma prioritaria las actuaciones que tengan los objetivos estratégicos de lograr una economía más resiliente y un modelo productivo más diversificado e innovador; de llevar a cabo una transición ecológica hacia un modelo de crecimiento más sostenible y equilibrado territorialmente; de promover una economía más digital, más productiva y generadora de valor añadido; y de garantizar una transición justa y un crecimiento inclusivo.
La orden también recuerda que, gracias a las políticas de estabilización macroeconómica y de apoyo financiero a las administraciones públicas, implementadas en la Unión Europea a raíz de la COVID-19 y basadas en un mayor endeudamiento público, se ha movilizado un volumen ingente de recursos públicos para preservar la salud pública y las bases estructurales de nuestra sociedad y economía, mostrando la capacidad de resiliencia del sistema ante retos comunes.
No obstante, añade, a medida que se restablezca el marco fiscal, resurgirán los desafíos estructurales preexistentes y las consecuencias permanentes de la crisis iniciada en el 2020 sobre las finanzas públicas, y apunta que, previsiblemente, se pueden producir otros factores condicionantes, como una falta de continuidad de los fondos extraordinarios estatales que han servido para compensar la dotación de recursos extraordinarios en tiempos de pandemia y el regreso a unas pautas fiscales alineadas con la senda de consolidación fiscal y de reducción de la deuda pública.
Esta orden regula la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos y también establece que las administraciones, los organismos públicos y sus entes instrumentales continúen velando por incorporar la perspectiva de género en sus políticas. Como los últimos años, también se tiene que promover una evaluación integral de todas las políticas relacionadas con la infancia; y se prevén instrumentos de participación ciudadana que incorporó la Ley 12/2019 de consultas populares y procesos participativos.