​Cerca de 38.000 trabajadores al servicio de la Administración de la CAIB reciben el incremento salarial del 1,75% en la nómina de julio. NNota Informativa

Los cerca de 38.000 trabajadores públicos que dependen de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares verán incrementados sus emolumentos mensuales en un 1,75% en nómina a partir de este mes de julio. Además, también recibirán los atrasos derivados del cálculo de la subida salarial desde el pasado mes de enero.

De este modo se lleva a la práctica el acuerdo reciente de Mesa del Empleado Público de la CAIB que el pasado día 12 ratificó la disposición de los PGE 2018 que autoriza la subida salarial. El incremento que se aplica es del 1,5% fijo para 2018, con efectos desde día 1 de enero de 2018, más un variable del 0,25% que se aplica, del mes de julio en adelante, en función del cumplimiento del crecimiento económico igual o superior al 3,1 %.

El aumento salarial afecta a los trabajadores de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, al personal docente (de educación pública y concertada), al personal estatutario del área de Salud, y al que presta servicio en empresas, fundaciones, consorcios o sociedades mercantiles del Sector Público Instrumental, tanto si se trata de personal funcionario de carrera, laboral o eventual.

El Gobierno dispone de los 26,6 millones de euros que permiten afrontar esta subida salarial para 2018, según la previsión realizada en los Presupuestos CAIB 2018. De hecho, esta de 2018 es la tercera subida anual de los salarios de los trabajadores de la función pública, después de los incrementos de 2016 y 2017 del 1% por cada año, además del retorno del importe de la paga extra de Navidad de 2012, que fue retenido en virtud de la aplicación de la legislación sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La subida prevista en el acuerdo del pasado 9 de marzo, entre sindicatos mayoritarios de función pública y Gobierno del Estado, incluye una previsión de incrementos a tres años, entre 2018 y 2020, que debe servir para que los empleados públicos puedan parar el retroceso y recuperar una parte del poder adquisitivo perdido durante los años en que sus salarios se han mantenido congelados o recortados.

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera defiende la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos como “primer paso hacia la mejora del servicio público que la Administración ofrece a los ciudadanos”. Así, de manera paralela a la recuperación salarial, el Govern de las Illes Balears ha incentivado la adopción de medidas de retorno de derechos para este colectivo como la puesta en marcha de la carrera profesional y del sistema de evaluación de competencias, la recuperación de la compensación de la baja por incapacidad transitoria al 100% del salario a partir del quinto día, o las medidas de flexibilización de jornada laboral para estudios o por conciliación de la vida familiar, entre otros medidas que han contado con el apoyo de los representantes de los trabajadores.