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7 juliol 2021Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

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COVID-19: El Gobierno reforzará y complementará la tarea de las policías locales con la creación de los auxiliares COVID

El Ejecutivo ya ha hecho propuestas de sanción por valor de 5,5 millones de euros, la mayoría de los cuales corresponden a establecimientos

El Ejecutivo autonómico aprobará en un Consejo de Gobierno extraordinario, el próximo viernes 9 de julio, un decreto ley para reforzar y complementar la tarea de las policías locales de las Islas Baleares. 

Se trata de un decreto ley que se estructura en un único artículo modificador de la Ley 4/2013, una disposición adicional, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 

En primer lugar, crea la figura auxiliar COVID, para aquellos municipios que tienen cuerpo de policía local propio, y la figura de Agente Municipal COVID, para aquellos municipios que no tienen cuerpo policial propio. 

En cualquier caso, no son policías locales, sino que serán plazas ocupadas por funcionarios interinos pertenecientes al subgrupo de clasificación C1. Trabajarán, eso sí, conjuntamente con la policía local con funciones predeterminadas en la normativa estatal: 

1) Custodia de instalaciones y dependencias municipales. 

2) Control de la movilidad. 

3) Velando por el cumplimiento de las ordenanzas, bandos municipales y normativa COVID-19. 

4) Prestación de primeros auxilios en casos de accidente de tráfico.

El ámbito de actuación de estos auxiliares COVID será municipal dentro del ayuntamiento al cual pertenecen, sometidos a las mismas normas de organización y funcionamiento que el resto de funcionarios del ayuntamiento. La selección se hará por el procedimiento de concurso, con los listados de aspirantes que se han presentado a las diferentes oposiciones celebradas los últimos cinco años y se gestionarán desde una bolsa centralizada desde la EBAP a la cual podrán acceder los ayuntamientos. 

Cada ayuntamiento tendrá que decidir si quiere sumarse a este proceso, a la cual cosa se ha animado desde el Gobierno porque supone la creación de una figura que podrá complementar y reforzar la ingente tarea que hacen los policías locales de nuestras islas para velar por el cumplimiento de la normativa COVID.

En segundo lugar, el decreto ley prevé varias medidas legales de modificación de la Ley 4/2013 con el objetivo básico de establecer las medidas adecuadas que permitan estabilizar las plantillas de las policías locales de los ayuntamientos de las Islas Baleares.

Se trata de medidas enfocadas a la creación de una bolsa de interinos gestionada por el Gobierno, a través de la Escuela Balear de Administraciones Públicas, destinada a cubrir las vacantes que tengan los ayuntamientos o cubrir las sustituciones, por lo cual se pretende reforzar las plantillas de policías locales. Por su parte, los ayuntamientos se tendrán que comprometer a que estas vacantes salgan a oferta pública de empleo para que puedan ser después funcionarios de carrera. 

Desde el Gobierno se continúa con la formación de policías locales: este verano 96 policías harán sus prácticas en los ayuntamientos de Baleares. 

Finalmente, se está trabajando conjuntamente con los ayuntamientos para que tengan la posibilidad de contratar seguridad privada para actuaciones muy concretas, como el control de acceso a determinados lugares, los botellones o el acceso en las playas. Sería financiado por el Gobierno de las Islas Baleares. 

Todo ello ha sido anunciado en una rueda de prensa conjunta por la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, después de reunirse con representantes de los ayuntamientos de la isla para analizar la situación de la COVID-19. 

Además, Garrido también ha recordado que el Gobierno tiene declarada la guerra a los excesos. “Lo demostramos antes de la pandemia con el decreto del turismo de excesos, lo hemos demostrado durante estos meses aplicando restricciones más duras a las zonas turísticas donde puede haber situaciones de riesgo y lo demuestramos ahora que hemos visto que los incumplimientos de unos pocos pueden poner en riesgo el esfuerzo de todos y todas”. 

De hecho, la consejera ha concretado que a día de hoy, se han hecho propuestas de sanción de expedientes en tramitación por valor de 5,5 millones de euros: Mallorca: 4.180.035 millones de euros, Menorca: 277.444 euros, Ibiza: 1.007.078 euros y Formentera: 162.075 euros.