Los gobiernos balear y valenciano reclaman una mayor aportación de recursos a las comunidades autónomas NNota Informativa

Los gobiernos de las Illes Balears y la Comunidad Valenciana coinciden en la apuesta por avanzar en la mejora del actual modelo territorial desde una visión más federal, hacia mayores niveles de cogobernanza y capacidad en la toma de decisiones de las comunidades autónomas en la relación entre las administraciones estatal y autonómicas, y hacia una mejor distribución de recursos para las comunidades a través del sistema de financiación y de las inversiones estatales. Estos planteamientos son algunos de los que han puesto en común la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, y el consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat valenciana, Vicent Soler, durante la última mesa redonda celebrada en el marco de la cumbre entre ambas comunidades en el Palacio de Congresos de Palma. Ambas consejerías han acordado una declaración conjunta en estos términos.

Bajo el título Reivindicación de la periferia, relativa al modelo territorial actual, las necesidades en materia de financiación, inversiones e infraestructuras y los retos demográficos, esta mesa encabezada por Rosario Sánchez y Vicent Soler ha contado con la participación de dos profesores y expertos en financiación y dos presidentes de organizaciones empresariales de cada comunidad: el economista y profesor Guillem López Casasnovas y el presidente del Círculo de Economía de Mallorca, Josep Maria Vicens, en la representación balear; y, por la parte valenciana, el profesor y director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Francisco Pérez, y el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda. El debate ha sido moderado por la periodista y directora del diario Ara Balears, Maria Eugènia Quetglas.

Ambos consejeros defienden una mayor descentralización del Estado y un mayor peso de las comunidades en la toma de decisiones y coinciden en el objetivo de abordar el inicio de la reforma del actual sistema de financiación autonómica y de conseguir que el nuevo modelo implique una mayor aportación de recursos a las comunidades autónomas, para que puedan disponer de los recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos y a la vez impulsar las políticas necesarias de desarrollo económico.

Los gobiernos balear y valenciano han hecho un mayor esfuerzo en los últimos años para llegar a lograr la media en gasto en servicios públicos fundamentales a pesar de las limitaciones del sistema de financiación, hecho que ha supuesto un mayor endeudamiento, cuestión sobre la que también coinciden en sus propuestas.

En este sentido, las Illes Balears y la Comunidad Valenciana arrastran un mayor nivel de deuda pública en relación a su PIB, generado en parte por esta infrafinanciación, y coinciden al plantear que la Administración del Estado habilite mecanismos de compensación de deuda autonómica en base a criterios relativos a su nivel de insuficiencia de financiación. Así mismo, coinciden en que el nuevo modelo tiene que favorecer una mayor corresponsabilidad fiscal de las comunidades, aumentando su participación en los principales ingresos tributarios y la gestión tributaria y su capacidad normativa, y en que también hay que evitar la competencia fiscal entre comunidades.

“Tenemos características, historia y objetivos compartidos, a pesar de nuestras peculiaridades, y el deseo de conseguir un futuro más próspero para la ciudadanía de nuestros territorios, y entendemos que este tiene que ir ligado a una visión más descentralizada del Estado, una visión más federal, en la cual la periferia tenga más peso para corregir los desequilibrios actuales, también en términos de financiación e infraestructuras, y se puedan reequilibrar fuerzas desde el punto de vista social, económico y político, entre otros”, ha manifestado la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de las Illes Balears, Rosario Sánchez.

Ambos gobiernos han incidido en los incrementos continuados de población, superior a la media del conjunto del Estado, y los otros retos relacionados con la demografía y las debilidades del modelo productivo de cada comunidad, con una pérdida de posiciones relevante en el PIB per cápita en las últimas décadas, a pesar de la trayectoria global de crecimiento económico positivo de ambas. La consejera Sánchez señala que estos desequilibrios poblacionales generan “más presión sobre las infraestructuras y los recursos naturales”.

En este sentido, otro de los puntos en común que han puesto de relieve los gobiernos balear y valenciano es que el reto demográfico no se puede limitar a la despoblación de los territorios, sino que también se manifiesta en los problemas derivados del incremento de población o el impacto de la población flotante, unos desequilibrios existentes tanto en las Illes Balears principalmente, como en la Comunidad Valenciana, que provocan un aumento de las necesidades de dimensionar los servicios públicos y las infraestructuras no sólo para atender a las personas residentes, sino también para dar respuesta a los flujos turísticos y otros asociados, como los de las personas trabajadoras de temporada, dado este mayor impacto y presión sobre el territorio, también de carácter medioambiental.
 

Necesidades de inversión y el desarrollo del REIB

Estas necesidades en materia de servicios, infraestructuras y equipamientos genera consecuentemente mayores necesidades de inversión a dos comunidades que también han arrastrado un déficit en las inversiones estatales directas respecto de la media los últimos años, y en relación a su peso poblacional y económico. Los dos gobiernos comparten el objetivo de conseguir mayores niveles de inversión. En el caso de las Illes Balears, como ha recordado la consejera, existen mecanismos ya previstos por el Gobierno de España para paliar este déficit de inversiones, y que se tienen que desplegar totalmente, como son las medidas del Régimen Especial de las Illes Balears, tanto para aumentar la inversión pública (factor de insularidad) como para fomentar la inversión privada mediante incentivos fiscales –pendientes de tramitación y aprobación definitiva– para paliar desventajas asociadas a la insularidad y la pérdida de competitividad de las empresas de las islas.

La consejera Rosario Sánchez ha destacado al respecto la importancia de que las instituciones puedan “actuar como palanca para la mejora de nuestro modelo productivo, y esto pasa por la capacidad financiera”, y ha recordado que las Illes Balears disponen de un instrumento pendiente de desarrollar íntegramente, como es el Régimen Especial de las Illes Balears. Así mismo, también ha incidido en que hay que abordar la reforma del sistema de financiación para aumentar los recursos destinados a las comunidades autónomas, “un sistema más transparente, con un correcto equilibrio entre las administraciones estatal y autonómicas, que fomente la responsabilidad fiscal de las autonomías y que respete el principio de ordinalidad”, según ha manifestado la titular de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Por su parte, el consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat valenciana, Vicent Soler, ha destacado el objetivo de iniciar la reforma del sistema de financiación, un pacto de Estado “imprescindible” entre todos los territorios que proporcione recursos suficientes para que todas las comunidades presten los servicios públicos que gestionan. “Todas las autonomías se tienen que ver beneficiadas del nuevo sistema porque todas tienen que ver aumentar los fondos que reciben, nadie tiene que salir perdiendo”, ha manifestado.

Soler ha querido “animar a todas las autonomías a abrir el debate de la reforma del sistema, sin prejuicios y sin miedo para que la reforma sólo será posible si conseguimos el beneficio y la mejora de los recursos de todos los territorios”. Por eso, defiende que es necesario “aumentar la suficiencia global del sistema” de financiación, puesto que se trata de recursos que “tienen que volver a la ciudadanía en forma de mejora de la sanidad, la educación y los servicios públicos” gestionados por las comunidades autónomas.