12 abril 2021 Consejería de Salud y Consumo

COVID-19:CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN SE HA DADO POR ENTERADO DE LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE SALUD POR 267.345 € CConsell de Govern

COVID-19:CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN SE HA DADO POR ENTERADO DE LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA DEL SERVICIO DE SALUD POR 267.345 €

\ Destaca la contratación del servicio de gestión de los residuos sanitarios producidos en el proceso de vacunación

\ Estas contrataciones se financian a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

El Consell de Govern se ha dado por enterado de las contrataciones de emergencia a cargo del Servicio de Salud por un valor de 267.345 €. Estas contrataciones responden a la necesidad de disponer de determinados servicios para mantener una actividad sanitaria asistencial correcta en la lucha contra la COVID-19.

Las contrataciones y adquisiciones corresponden a dos áreas:

1. Servicios Centrales: se ha contratado con la empresa Adalmo, SL, el servicio de gestión de los residuos sanitarios producidos en el proceso de vacunación. En estos momentos no es posible cuantificar el gasto, a causa de la dificultad para precisar el número de dosis y los puntos de destinación definitivos.

2. Área de Salud de Menorca: se ha contratado el servicio de vigilancia en los centros de vacunación masiva con la empresa Transportes Blindados, SA, por 170.685 €, y el servicio de limpieza y desinfección de las mismas instalaciones con la empresa Ferrovial Servicios, SAU, por 96.659 €.

Hay que destacar que todas estas contrataciones se financian a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de las Illes Balears autorizado por la Comisión Europea. Esta redistribución de las ayudas europeas se enmarca en la decisión de la Unión Europea de flexibilizar el uso de los fondos de cohesión para reforzar los sistemas sanitarios y la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria.

En el mes de marzo de 2020, el Consell de Govern aprobó el acuerdo de medidas a adoptar en materia de contratación pública como consecuencia de la declaración del estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ello supuso que a todos los contratos subscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector público instrumental les fuera aplicable la tramitación de emergencia.