\ Se ha contratado el arrendamiento de una nave de almacenamiento para depositar materiales en condiciones de seguridad en Menorca
\ También incluye el arrendamiento de vehículos para hacer pruebas diagnósticas de la COVID-19 en Atención Primaria de Mallorca
El Consell de Govern se ha dado por enterado de las contrataciones de emergencia de suministro y servicios a cargo del Servicio de Salud por un valor de 22.506 €. Se trata, por un lado, de la contratación del arrendamiento de una nave de almacenamiento en el Área de Salud de Menorca para poder disponer de un espacio idóneo para depositar materiales en condiciones óptimas de seguridad. Por otro lado, también se ha contratado el arrendamiento de vehículos para que la Unidad Volante de Atención al Coronavirus (UVAC) de Atención Primaria de Mallorca realice pruebas diagnósticas de la COVID-19 (para la atención domiciliaria). Con el arrendamiento de estos vehículos se pretende reducir los desplazamientos de los pacientes contagiados o sospechosos de sufrir la enfermedad y, así, evitar la transmisión comunitaria.
Todas estas contrataciones de emergencia están relacionadas con el tratamiento de la pandemia, debido a la necesidad concreta de disponer de determinados equipos y servicios para mantener una actividad sanitaria asistencial correcta en la lucha contra la COVID-19.
Concretamente, las contrataciones de emergencia son las siguientes:
1. Adquisiciones y contrataciones correspondientes al Área de Salud de Menorca: arrendamiento de una nave situada en Maó, para el depósito y el almacenamiento de material sanitario para combatir la pandemia de la COVID-19, por un importe de 10.164 €.
2. Arrendamiento de vehículos para que la UVAC de Atención Primaria de Mallorca pueda realizar pruebas diagnósticas de la COVID-19 para la atención domiciliaria, por un importe de 12.342 €.
El pasado mes de marzo el Consell de Govern aprobó el Acuerdo de medidas a adoptar en materia de contratación pública a consecuencia de la declaración de estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ello supuso que a todos los contratos subscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector público instrumental les fuera aplicable la tramitación de emergencia.