El Govern de les Illes Balears valora la creación del Fondo extraordinario Covid-19, dotado con 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, ya que su puesta en marcha da respuesta a las reclamaciones de las Balears para recibir transferencias adicionales del Gobierno de España ante el aumento de gastos y la caída de ingresos provocados por la pandemia, y porque se han modificado los criterios de reparto y mejoran el planteamiento inicial, teniendo en cuenta las propuestas de las Balears.
La creación de un fondo extraordinario para paliar el aumento de gastos y la disminución de los ingresos a consecuencia de la Covid-19 y sus efectos sociales y económicos ha sido una reclamación del Govern de les Illes Balears desde el inicio de esta crisis sanitaria, teniendo en cuenta, además, su impacto social y económico, y durante este periodo de negociaciones se han conseguido mejoras, como el aumento del peso de los criterios de población en el reparto de los recursos a distribuir entre las comunidades autónomas.
En este sentido, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, destaca que la distribución aprobada mediante un Real decreto ley por el Consejo de Ministros “ha incrementado sustancialmente” el peso de los criterios de población para determinar la distribución de recursos, como había defendido el Govern de les Illes Balears. En concreto, el peso de los criterios de población ha aumentado del 33,6% de la propuesta inicial a un 49,5% en el reparto de los 11.000 millones que se distribuirán entre las comunidades para paliar el aumento de los gastos de los gobiernos autonómicos.
De estos recursos, se distribuirán 9.000 millones en dos tramos (6.000 en el mes de julio y 3.000 en noviembre) en función de la población y de los indicadores sanitarios y de su evolución, y 2.000 en otro tramo, a repartir por criterios asociados a población hasta 24 años y a abonar en septiembre. Además, se habilita un cuarto tramo de 5.000 millones vinculado a la disminución de ingresos, a abonar en diciembre, de los cuales 4.200 millones se repartirán por criterios ligados a la recaudación de determinados ingresos tributarios y 800 millones por criterios relacionados con los ingresos de los servicios de transporte.
En el caso de los recursos que se distribuirán por criterios relativos al gasto sanitario, la consellera también destaca que el real decreto ley, además de incrementar el peso del criterio de población, también ha mejorado el planteamiento inicial en el sentido de ampliar el alcance del criterio vinculado a la realización de pruebas PCR, puesto que en un principio solo contabilizaba las pruebas en los casos positivos de Covid-19 y finalmente tendrá en cuenta todas las PCR realizadas, también de casos negativos.
De este modo, tal como había defendido el Govern de les Illes Balears, ha aumentado el peso de los dos criterios (población y PCR totales) vinculados al gasto sanitario global que han asumido las comunidades para proteger a la población, al margen del número de casos positivos o de pacientes graves, y este cambio ha ido en detrimento del peso concedido inicialmente a los dos otros criterios, vinculados al número de ingresos de pacientes en los hospitales y en las UCI.
El criterio de población representará el 35% y el 45% respectivamente en los dos tramos a distribuir en función de gasto sanitario, y los de pruebas PCR un 10% en ambos tramos, mientras que el de ingresos en las UCI será del 30% y el 20% respectivamente, y el de ingresos en hospitales en un 25% y un 20% respectivamente. En el caso de los 2.000 millones, el cien por cien de los recursos se distribuirán por criterios de población, en este caso un 80% en función de la población de hasta 16 años y el otro 20% por la población de 17 a 24 años.
Sin embargo, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores también reitera que la distribución de este fondo extraordinario “no es la óptima” por las Illes Balears, teniendo en cuenta que en términos generales prevé destina más recursos a paliar el aumento de gastos de las comunidades que a compensar la caída de los ingresos provocada por la pandemia.
En las islas, como ya ha manifestado el Govern, se prevé un mayor impacto presupuestario por la reducción de los ingresos tributarios que por el incremento de los gastos sobrevenidos a causa de la pandemia. “Esta no es la distribución óptima para la comunidad autónoma, pero mejora sustancialmente la propuesta inicial”, ha manifestado la consellera.
En relación al tramo de 5.000 millones que se asignarán con criterios relativos a la disminución de ingresos de las comunidades, el decreto prevé distribuir 4.200 millones según criterios relativos a la población y a la recaudación de ingresos tributarios –en concreto en función del peso de la recaudación de 2017, 2018 y 2019 de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, del impuesto sobre determinados medios de transporte y de los tributos sobre el juego- y los otros 800 millones por la disminución de ingresos provenientes de los servicios públicos de transporte de pasajeros.