1 abril 2020 Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

COVID-19: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: EL CONSELL DE GOVERN APRUEBA UN DECRETO LEY QUE AMPLÍA LA COBERTURA SOCIAL DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES Y FOMENTA LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LA COVID-19 CConsell de Govern extraordinario

COVID-19: CONSELL DE GOVERN EXTRAORDINARI: EL CONSELL DE GOVERN APRUEBA UN DECRETO LEY QUE AMPLÍA LA COBERTURA SOCIAL DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES Y FOMENTA LA INVESTIGACIÓN SANITARIA DE LA COVID-19

/ La renta social garantizada llegará a todos los mayores de 18 años en situación de emergencia social

El Consell de Govern ha aprobado hoy un decreto ley que establece medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. Este decreto ley incluye, por una parte, medidas destinadas a los colectivos sociales más vulnerables, como son las familias con pocos ingresos o con dificultades para afrontar el alquiler de su vivienda, y, por otra, reglas específicas para el fomento de la investigación sanitaria.

El texto aprobado, además, establece regímenes temporales específicos en materia de concertación social y de selección de empleados públicos destinados a los servicios públicos esenciales.

Medidas sociales
Por medio de este decreto ley se amplía el número de destinatarios de la renta social garantizada (RESOGA), la cual dará cobertura a todos los mayores de 18 años que viven una situación de emergencia social provocada por las consecuencias de la COVID-19. Para hacerlo, se introduce una disposición final nueva en la ley que regula la RESOGA.

Por ley y durante la actual situación de emergencia social, se amplían los perfiles de los perceptores de la RESOGA y se dará cobertura a cualquier persona mayor de 18 años que viva en las Illes Balears que no tenga derecho a percibir ningún tipo de prestación pública.

Con la intención de simplificar los trámites, evitar desplazamientos y de que llegue a los más vulnerables con la mayor celeridad posible, las solicitudes de la prestación las presentarán, en representación de los interesados, los trabajadores sociales municipales o los trabajadores sociales de las entidades inscritas en el censo de organizaciones del tercer sector de las Illes Balears.

Además, se ha elaborado un modelo específico de solicitud que tendrá que ir acompañado de un informe del profesional en que justifique las especificidades que se piden a la persona interesada para poder acceder a la renta social.

Inicialmente, estos nuevos beneficiarios de la renta social recibirán la prestación a partir del 1 de abril durante dos mensualidades. El texto aprobado hoy habilita al Consell de Govern a prorrogar esta medida mientras se mantenga la situación de emergencia social provocada por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

La renta social garantizada es una prestación directa que aprobó el Govern el 2016. Actualmente, la reciben más de 8.500 titulares y beneficia a más de 12.600 personas. Por otra parte, hay que destacar que el presupuesto global de la renta social garantizada para 2020 se ha incrementado en 2,5 millones de euros para hacer frente a las nuevas necesidades sociales provocadas por el estado de alarma. El cálculo de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes es que podría haber unos 2.000 nuevos perceptores de esta prestación.

Estas medidas incluidas en el decreto ley se suman a otras medidas sociales aprobadas hoy por el Consell de Govern, en que se ha dado respuesta a las personas que no pueden tener una cuenta corriente y, por lo tanto, no pueden recibir la renta social directamente de la Administración. En este sentido, la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ha otorgado subvenciones directas a seis entidades del tercer sector para que  puedan abonar una cuantía económica igual a la renta social a las personas que no pueden tener una cuenta corriente. Las entidades con que se ha llegado a un acuerdo son: Cruz Roja, Médicos del Mundo, Casal Petit, y Cáritas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa.

Alquiler de vivienda
En cuanto a las medidas relativas al alquiler de vivienda, se incluye la flexibilización de la tramitación y el pago de las ayudas de alquiler que están actualmente en trámite, de forma que a finales del mes de abril se puedan abonar unos 9 millones de euros en ayudas para pagar los alquileres.

Así mismo, se autoriza al conseller de Movilidad y Vivienda a acelerar al máximo la convocatoria de las ayudas de 2020, para que lleguen a sus beneficiarios lo antes posible, sin tener que esperar toda la tramitación que hay que seguir para hacer las comprobaciones oportunas, dado que la situación de alarma impide los desplazamientos de los interesados y la atención presencial a la ciudadanía.

Fomento de la investigación sanitaria

En cuanto a la investigación en materia sanitaria, el decreto ley establece que la fundación Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA) podrá establecer ayudas para el desarrollo de investigaciones científicas y técnicas derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Estas ayudas podrán tener una tramitación más rápida y ágil. Además, entre otras medidas, los proyectos presentados serán analizados por una comisión de expertos, designados por la Conselleria de Salud y Consumo, y los créditos destinados inicialmente a conceder estas ayudas se podrán ampliar.

Otras medidas
La norma aprobada hoy también establece medidas relativas a la selección de personal para cubrir servicios esenciales para atender la emergencia de salud pública que vivimos. Así pues, cuando no se puedan cubrir con el personal existente, se podrán establecer procedimientos extraordinarios y de emergencia para poder seleccionar personal interino o temporal a fin de garantizar la cobertura de estos servicios públicos.

Finalmente, por medio de la disposición adicional única, se introduce la posibilidad de que, durante el periodo que duren el estado de alarma y, en su caso, las prórrogas de este, las sesiones de órganos colegiados de las administraciones publicas autonómica, insular y local, y de los organismos públicos de naturaleza institucional o corporativa con personación pública se puedan celebrar por videoconferencia.