Agentes de medio ambiente han constatado la negativa del individuo a desmontar la instalación
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha tramitido a la Fiscalía de las Illes Balears dos expedientes administrativos relativos al bar ilegal de Cala Varques para que se estudie la posible comisión de un delito de desobediencia por parte del propietario de esta instalación.
La decisión se ha tomado una vez se ha constatado, hasta tres veces, la negativa del propietario de la instalación ilegal a desmontarla, en virtud de la resolución de conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de día 17 de abril donde se adoptaban medidas provisionales urgentes. Estas consistían en la retirada de las instalaciones, el cese de la actividad de venta de bebidas y comida, así como del depósito de los bienes amueblas asociados a esta actividad.
El documento ya advertía al responsable que se abstuviera de llevar a cabo la instalación de la cantina sin las autorizaciones respectivas, advirtiéndolo que la desobediencia podía dar lugar a la correspondiente responsabilidad penal o administrativa. La resolución de adopción de medidas cautelares fue ratificada por una nueva resolución, de día 13 de mayo, por la cual se inicia un procedimiento sancionador en materia de espacios de relevancia ambiental contra el responsable de la cantina y en la cual se le insta a desmantelar las instalaciones.
Agentes de medio ambiente han levantado diez actas entre los días 13 y 27 de abril donde se constata que el bar no ha sido desmontado. En tres de estas se refleja que el propietario manifiesta explícitamente que no lo desmontará. El individuo ha alegado, en varias ocasiones, que la cantina es su domicilio y, por lo tanto, los agentes de medio ambiente no pueden hacer nada, dado que pasa a ser una competencia de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, porque se trata del dominio público maritimoterrestre.
Debido a la voluntad persistente y negativa al desmantelamiento de las instalaciones, la Conselleria ha decidido trasladar a la fiscalía los dos expedientes administrativos abiertos para que se estudie la posible comisión de un delito de desobediencia.
Cabe recordar que, como antecedente de estos mismos hechos, consta un primer procedimiento sancionador contra el propietario del bar por infracción en materia de espacios de relevancia ambiental, el cual concluyó con la resolución de día 4 de marzo de 2019 por la cual se le declaraba como responsable de una infracción administrativa tipificada en la Ley 5/2005 para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) que fue tramitada a consecuencia de diferentes actas de denuncia de agentes de la guardia civil y de agentes de medio ambiente. En la resolución se imponía una multa de 100.000 € y la obligación de restaurar el medio natural al estado original.