25 febrero 2019
| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
El nuevo servicio público de tutela judicial de personas adultas ya gestiona 188 casos NNota Informativa
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El nuevo servicio público de tutela judicial de personas adultas ya gestiona 188 casos
La Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación ha presentado este mediodía el nuevo servicio público de tutela judicial de personas adultas. La consellera Fina Santiago, acompañada por el teniente fiscal de las Illes Balears, Ladislao Roig, han visitado las dependencias de este nuevo servicio, gestionado por la Fundación de Atención a la Dependencia y que supone la creación de una estructura pública para las personas declaradas incapacitadas judicialmente.
"La administración pública tiene la responsabilidad de asumir el mandato judicial pero hasta ahora no había ninguna estructura pública que garantizara este servicio por parte de la administración, sino que funcionaba mediante la concertación con entidades sociales" ha apuntado la consellera Fina Santiago. El nuevo servicio público de tutela de personas adultas incapacitadas judicialmente ya gestiona directamente 188 casos y se espera que a finales de año la cifra de casos atendidos llegue a 450. Se calcula que en las Illes Balears hay 900 personas en esta situación.
El nuevo servicio atiende tanto a personas que ya han sido declaradas incapacitadas por vía judicial, como aquellas que tienen que iniciar el proceso judicial de incapacitación. Por ello, el servicio dispone de un equipo de valoración y derivación de casos y de otro equipo de gestión de la tutela. Se atienden tanto los casos que vienen derivados directamente vía judicial, como los que hasta ahora atendían las entidades sociales, que progresivamente irán siendo asumidos por el servicio público.
Este servicio dispone de 34 profesionales, entre abogados, economistas, graduados en ciencias empresariales, psicólogo, trabajadores e integradores sociales y personal administrativo y permite a los usuarios que la administración pública gestione las prestaciones o servicios a los que tienen derecho, el patrimonio personal o el acompañamiento en actividades cotidianas. Tal y como apuntó el teniente fiscal de las Illes Balears, Ladislao Roig, el perfil de estas personas es muy diverso y las necesidades son diferentes dependiendo de las situaciones individuales.
La creación de una estructura pública dirigida a estas personas "ha sido un objetivo de legislatura, era el único sector en el que la administración no tenía una estructura propia" ha recordado Fina Santiago.
En la visita a las dependencias del servicio también ha asistido los directores generales de Planificación y Servicios Sociales, Andreu Horrach, y de Dependencia, Juan Manuel Rosa; la gerente de la Fundación de Atención a la Dependencia, Alejandra Pavlovic y la delegada de personas incapacitadas de la Fiscalía de las Illes Balears, Pilar Dorrego.
"La administración pública tiene la responsabilidad de asumir el mandato judicial pero hasta ahora no había ninguna estructura pública que garantizara este servicio por parte de la administración, sino que funcionaba mediante la concertación con entidades sociales" ha apuntado la consellera Fina Santiago. El nuevo servicio público de tutela de personas adultas incapacitadas judicialmente ya gestiona directamente 188 casos y se espera que a finales de año la cifra de casos atendidos llegue a 450. Se calcula que en las Illes Balears hay 900 personas en esta situación.
El nuevo servicio atiende tanto a personas que ya han sido declaradas incapacitadas por vía judicial, como aquellas que tienen que iniciar el proceso judicial de incapacitación. Por ello, el servicio dispone de un equipo de valoración y derivación de casos y de otro equipo de gestión de la tutela. Se atienden tanto los casos que vienen derivados directamente vía judicial, como los que hasta ahora atendían las entidades sociales, que progresivamente irán siendo asumidos por el servicio público.
Este servicio dispone de 34 profesionales, entre abogados, economistas, graduados en ciencias empresariales, psicólogo, trabajadores e integradores sociales y personal administrativo y permite a los usuarios que la administración pública gestione las prestaciones o servicios a los que tienen derecho, el patrimonio personal o el acompañamiento en actividades cotidianas. Tal y como apuntó el teniente fiscal de las Illes Balears, Ladislao Roig, el perfil de estas personas es muy diverso y las necesidades son diferentes dependiendo de las situaciones individuales.
La creación de una estructura pública dirigida a estas personas "ha sido un objetivo de legislatura, era el único sector en el que la administración no tenía una estructura propia" ha recordado Fina Santiago.
En la visita a las dependencias del servicio también ha asistido los directores generales de Planificación y Servicios Sociales, Andreu Horrach, y de Dependencia, Juan Manuel Rosa; la gerente de la Fundación de Atención a la Dependencia, Alejandra Pavlovic y la delegada de personas incapacitadas de la Fiscalía de las Illes Balears, Pilar Dorrego.