Detall de la fitxa

Última actualización: 09/01/2012

Con el objetivo de hacer más eficaz y eficiente la administración pública en las Islas Baleares, el Consejo de Gobierno ha aprobado las líneas generales de un plan estratégico en materia de Función Pública pensado para reorganizar a sus trabajadores. El Plan responde a la necesidad de planificar de manera diferente los recursos humanos de la Administración, una vez tomadas ciertas medidas de austeridad económica como no nombrar nuevo personal funcionario interino o no autorizar hacer horas extraordinarias del personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de los entes que integran el sector público instrumental.

Se ha observado que en determinadas unidades administrativas puede haber puestos de trabajo duplicados o con funciones muy parecidas, mientras que en otros tal vez falta personal. Por eso se considera adecuado conseguir una asignación eficiente de los recursos humanos de los diversos departamentos de la Administración autonómica. Pero este texto quiere ir más allá: el Plan se propone impulsar medidas en la línea de la responsabilidad social pública con el fin de mejorar el clima laboral y de modernizar la estructura misma de la Administración (elaborar un plan de igualdad dentro de la administración pública, medidas para potenciar la flexibilidad horaria, medidas para la regulación del teletrabajo, cursos de formación en línea y parcialmente en horario laboral, etc).

En la línea de reorganización de los recursos humanos, el plan prevé medidas como, por ejemplo, realizar una auditoría técnica de gestión departamento por departamento (con medios propios) con la finalidad de estudiar la carga de trabajo y funciones, y los recursos humanos que están adscritos y así poder detectar desequilibrios. Esta auditoría se completará con un plan de ordenación de recursos humanos, que puede acabar con la agrupación de puestos de trabajo en áreas funcionales si tienen finalidades y funciones homogéneas.

Este Plan afectará al personal laboral y el personal funcionario de los servicios generales que presta servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma y en sus organismos autónomos. Quedan exentos: el personal docente, el personal estatutario al servicio de la sanidad pública y el personal laboral del resto de entes que integran el sector público autonómico.

Documentos

• Publicació al BOIB (23Kb)