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Balears recibirá 5.3 millones de euros de la casilla solidaria del 0,7% del IRPF para proyectos sociales, 688.000 euros más que en la convocatoria anterior

Fina Santiago reconoce que el incremento es positivo pero todavía insuficiente

Baleares recibirán 5.377.502 euros, correspondientes a la distribución por comunidades autónomas que hace el Estado de la recaudación del IRPF social de 2021. Se trata de un incremento de 688.000 euros en comparación con el ejercicio de 2020. Lo ha aprobado hoy el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que ha participado en la reunión telemática, ha celebrado la evolución de las cuantías que llegan al archipiélago de forma progresiva desde que se asumió la gestión.

EVOLUCIÓN CONVOCATORIA IRPF ILLES BALEARS (2017-2020)

IRPF 2017

2.989.944,74 €

IRPF 2018

3.682.731,42 €

IRPF 2019

4.034.308,16 €

IRPF 2020

4.689.320,52€

Desde que llegó la primera partida para esta finalidad en 2017, el incremento ha sido constante. Sin embargo, para Santiago continúa siendo insuficiente puesto que, conjuntamente con el tercer sector de las Illes Balears, considera que toda la recaudación que se hace en Baleares a través de la casilla social del IRPF tendría que poder invertirse en la totalidad en el territorio. Se han corregido parte de los criterios del reparto que hace el Estado, pero lo consideran insuficiente.

Santiago celebra que, gracias al hecho de que Baleares gestione directamente parte del dinero que los contribuyentes isleños destinan a fines sociales con la casilla del 0,7 % del IRPF, asociaciones de ámbito insular o municipal de la comunidad autónoma pueden recibir subvenciones para ayudar a los que tienen cerca.

La consellera constata que la gestión del IRPF por parte de las comunidades ha permitido una distribución mejor de los créditos entre las autonomías porque se ha mejorado en transparencia. Ahora se conoce lo que recauda y recibe cada comunidad y, en consecuencia, se puede defender una mejora de la distribución de los fondos entre las comunidades autónomas.