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Las solicitudes de acceso a la información pública se multiplican por seis en cuatro años

La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, a través de la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática y Buen Gobierno, ha actualizado el espacio web dedicado al Derecho de acceso a la información pública. Una de las vías de las que dispone la ciudadanía para obtener información sobre documentos o procedimientos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o de los organismos que dependen de la misma.

Este portal, en 2019, recibió 322 solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) frente a las 58 que se registraron en 2016. La llegada de solicitudes se ha multiplicado casi por seis en cuatro años, alcanzando las 735, de las cuales el 81 % han sido admitidas a trámite.

“Las solicitudes que no son admitidas a trámite, principalmente es porque el ciudadano o las entidades no tienen claro qué tipo de información se puede pedir a través del Derecho de acceso”, explica la directora general de Transparencia y Buen Gobierno, Marina Crespí, “tenemos que hacer más pedagogía de las herramientas que tenemos y por eso hemos hecho un esfuerzo importante en la web para clarificar conceptos y ayudar a la gente a elegir el camino correcto para obtener respuesta a sus preguntas ante la Administración. Porque este es un derecho que tienen reconocido por ley”.

A través del espacio web: https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/inici/?campa=yes, que está ubicado en el Portal de Transparencia,se explica que mediante las solicitudes de acceso a la información pública (SAIP) puede solicitarse cualquier información elaborada por la Administración y sus entes dependientes, que éstos tengan en su poder como consecuencia de su actividad y funciones. En cambio no están pensadas para ofrecer asesoramiento jurídico o técnico, ni tampoco el estado de tramitación de un expediente administrativo ―que puede ofrecer la unidad que lo gestiona directamente― o información general sobre horario de atención, ubicación de oficinas, o como realizar determinados trámites, que se pueden consultar a través del Servicio de Atención a la Ciudadanía. El Derecho de acceso es una vía más para obtener información pública de la Administración, pero no la única.

Canales, perfiles y materias

La manera de relacionarse de la ciudadanía con la Administración ha cambiado en los últimos años. Las solicitudes que llegan de manera telemática han crecido en 10 puntos estos cuatro años, pasando del 71 % en 2016 al 81,7 % del 2019.

El perfil del solicitante de información pública a través de este canal también ha experimentado cambios. Las mujeres han ganado peso en el uso de esta vía de información ― pasando de representar el 23 % al 36,5 %―, mientras los hombres todavía siguen representando más de la mitad de los solicitantes ―el 51 % actual frente al 73 % en 2016― y las personas jurídicas, ya sean instituciones, empresas o entidades, han aumentado su presencia ―del 3,8 % al 12 % de las solicitudes.

Si analizamos las peticiones a partir de las materias que reciben más solicitudes de información a través del Derecho de acceso, el ranking lo encabeza el área de Salud/Sanidad/Farmacia, seguida de Oposiciones/Función Pública/Personal. En tercer lugar, por volumen de peticiones, hay las solicitudes de información sobre Educación/Universidad/Formación, seguida de las peticiones sobre Información económica y presupuestaria / Tributos / Recaudación y Contratas / Concesiones.

Todos estos son datos que se extraen de la información estadística que se ha incorporado al espacio web de Derecho de acceso a la información pública, a raíz de su renovación después de cuatro años de funcionamiento. La ciudadana, las entidades, instituciones y empresas interesadas también encontrarán otros servicios como normativa y enlaces de interés; resumen del procedimiento que se sigue; órganos competentes para resolver; direcciones y teléfonos de contacto; un espacio propio para el Derecho de acceso a la información pública medioambiental; y cuál es el procedimiento para presentar reclamaciones ante la Comisión pertinente, si no se está satisfecho con la respuesta recibida.

La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, adscrita en la Consejería de Administraciones Públicas y Modernización, es la responsable de filtrar las solicitudes de acceso a la información pública y de coordinar las diferentes unidades de información de cada consejería. Acto seguido es cada consejería la que tramita las solicitudes que afectan a materias de su competencia.